ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Tan viejo como el mismísimo Morro de La Habana es el llevado y traído tema de la atención a las quejas, insatisfacciones, denuncias y otros reclamos de los ciudadanos, como parte misma de la razón de ser de los órganos de Gobierno a todas las instancias y de las entidades administrativas a ellos subordinadas.
Tiene que ver, ni más ni menos, con la capacidad de los funcionarios de aplicar los sentidos, la inteligencia, la voluntad y toda la sensibilidad del mundo para escuchar, recoger y hacer cuantas diligencias sean necesarias en función de ofrecer una respuesta que satisfaga las expectativas de los reclamantes.
Si bien en los últimos tiempos se aprecian ligeros avances en esa importante actividad, fruto de una mayor exigencia, control y seguimiento, hasta los más optimistas coinciden en que se está todavía a años luz del estado ideal que requiere ese elemento indispensable de retroalimentación popular.
Algo sí está claro: allí donde los directivos asumen con responsabilidad las riendas del asunto se genera en torno a la empresa u organismo un clima de confianza y transparencia tal que derriba barreras burocráticas y facilita una comunicación abierta y directa muy favorable para el entendimiento mutuo.
Sin embargo, quienes no colocan en sus jerarquías esa tarea vital y la delegan en segundos, y hasta en terceros en la cadena de dirección, no tienen más remedio que naufragar en un mar de demandas e insatisfacciones por parte de un público al que le deben respeto y es el principal medidor de su desempeño.  
No se trata, en modo alguno, de un favor que se le hace a alguien o de una receta preconcebida para salir del paso y quedar bien, sino de un derecho ciudadano refrendado, una vez más, en la nueva Constitución de la República de Cuba, que será sometida al voto público el 24 de febrero próximo.
El Título v: Derechos, deberes y garantías (artículo 61) así lo ratifica: «Las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley».
Si ello se cumpliera al pie de la letra, en el sentido de lo que le corresponde hacer a las autoridades, no sería tan significativo el número de ciudadanos que acuden a las instancias superiores del país o a los medios de prensa nacionales para solventar lo que en sus localidades consideran no tuvo una atención adecuada.
Todavía hay «peloteo» innecesario, dilaciones excesivas de los trámites, chanchullos, promesas incumplidas, explicaciones absurdas, justificaciones banales, engaños y respuestas concebidas detrás de un buró, no desde el lugar donde se genera el problema, todo lo cual hace mucho daño.
Muy diferente se torna el panorama cuando un directivo mantiene, como línea de conducta, la información veraz sobre el desempeño productivo o la calidad del servicio en la entidad que dirige y se encarga de esclarecer de manera oportuna cualquier dificultad que se presente.
No hay que ser sabio para comprender que ese intercambio de primera mano, donde se explican con total transparencia los aciertos y desaciertos, lo que se puede o no se puede lograr en determinado momento, evita malentendidos que a la postre se traducen en quejas y demandas de la población.
Lo óptimo, sin embargo, es dar una respuesta convincente y efectiva a cada reclamo y, para ello, en medio de no pocas carencias materiales, hay que saber buscar todas las alternativas posibles para su solución, siempre con la verdad por delante y una sensibilidad exquisita ante los problemas ajenos.

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