ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
Foto: Reuters

El Gobierno de México reiteró este miércoles su rechazo a la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton contra Cuba y refrendó su compromiso de proteger jurídicamente a las empresas mexicanas que pudieran verse afectadas luego de la entrada en vigor de este título el pasado 2 de mayo.

En un comunicado oficial de la Secretaria de Economía, las autoridades mexicanas recuerdan que «como consecuencia de esta decisión, los ciudadanos estadounidenses podrán demandar a personas o empresas que operan en bienes confiscados» y eso significa que »cualquier persona, de cualquier nacionalidad, que realice actividades comerciales o financieras en Cuba en torno a una propiedad confiscada a un ciudadano estadounidense corre el riesgo de ser demandado ante tribunales estadounidenses».

Se expresa, además, que para contrarrestar los efectos extraterritoriales de la Ley Helms-Burton, México cuenta con la «Ley que Protege el Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional», en vigor desde octubre de 1996, la cual da facultad a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía de brindar asesoría a las personas afectadas; establece la obligación de los tribunales nacionales de denegar el reconocimiento y ejecución de sentencias o requerimientos judiciales o laudos arbitrales emitidos con base en la Ley Helms-Burton; estipula la prohibición a todas las personas (físicas, morales, públicas o privadas) de proporcionar cualquier información requerida por tribunales o autoridades extranjeras con base a la misma; brinda a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la facultad para imponer sanciones pecuniarias en contra de aquellas personas que violen los preceptos de la Ley; establece la existencia de una reclamación «espejo» a través de la cual las personas afectadas por la aplicación de la Helms-Burton podrán demandar ante tribunales nacionales a aquella persona que los demandó ante cortes estadounidenses y solicitar como daños y perjuicios la misma cuantía a la que fueron condenados en EE.UU.

De la misma forma, la mencionada ley mexicana de 1996 da a las Secretarias de Economía y la de Relaciones Exteriores, la facultad conjunta para emitir criterios generales de interpretación de la Ley que Protege el Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional.

«Al igual que otros países, México analiza las instancias legales correspondientes para interponer las acciones por las violaciones al derecho internacional que la Ley Helms-Burton representa, así como para proteger los intereses mexicanos en el exterior», precisa el Comunicado del gobierno mexicano.

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