En los recientes carnavales de Brasil pululaban burlas al actual presidente Jair Bolsonaro, se reían de su «imagen de Mesías» del país, así como de la propensión del excapitán a apoyar los crímenes de los torturadores y asesinos de la dictadura. Un video subido a las redes sociales por el mandatario fue la respuesta ante aquellos insultos, pero resultó peor al despertar críticas, incluso de los sectores derechistas, los cuales se refirieron al contenido agresivo de dicho material, a lo burdo del mensaje en sí.
Bolsonaro es el otro Donald Trump, su versión menor y poco trabajada, un recorte de ser humano que se sabe cómo llegó a la presidencia, pero no cómo la terminará. En todo caso, es el hijo dilecto de los golpistas que organizaron la destitución de Dilma Rousseff y que impidieron la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. La irresponsabilidad de la derecha fue más allá de la rotura del orden constitucional, al colocar a Brasil en una crisis de credibilidad política ante el pueblo y el mundo.
Mientras expertos declaran que es evidente el rápido desgaste de Bolsonaro como presidente, crece la popularidad de Lula, la cual nunca ha estado a la baja, así como la campaña por liberarlo de la condena arbitraria que lo aprisiona e inhabilita para ejercer la política, ello a pesar de una avalancha de medios derechistas en su contra.
La conciencia política del pueblo se fortalece, a diferencia de todo pronóstico de parte de la manipulación de los centros de poder que sostienen al excapitán gobernante. Así, por ejemplo, el carnaval vuelve a funcionar como ese espacio de libertad donde el oprimido se expresa e invierte los polos del arbitrario orden social.
Snowden lo dijo
Las declaraciones acerca de la vigilancia internacional ejercida por Estados Unidos, apuntan hacia una maquinaria que mantuvo a los gobiernos progresistas de Brasil bajo una lupa, con todos los teléfonos pinchados, incluyendo los del despacho presidencial de Lula y Dilma.
El objetivo, dijo Edward Snowden, exmiembro de dicha red de espionaje, era perseguir el desarrollo económico de Brasil como potencia global, a la vez que generar una matriz negativa acerca del gobernante Partido de los Trabajadores, al implicarlo en los habituales escándalos que han sacudido durante siglos a la clase política del gigante sudamericano. En realidad, poco obtuvieron contra Lula ni Dilma, pero el proceso prosiguió, mediante el uso de herramientas parlamentarias y judiciales.
Las siete familias que desde antes de la independencia y luego de ella son las dueñas de Brasil, no estaban dispuestas a permitir que un partido de trabajadores ampliara una filosofía de gobierno que, por primera vez en la historia, sacó a grandes sectores de la marginalidad y los transformó en clase media, a la vez que se favorecía el crecimiento de la economía nacional mediante la ayuda, tanto al sector estatal como privado.
Todo apuntaba a un modelo de desarrollo significativo e incluyente, que ganaba prestigio alrededor del mundo y le disputaba al neoliberalismo su primacía desde 1991, puntal que Estados Unidos y Occidente no están dispuestos a tolerar.
Contra todo constitucionalismo
En el asunto brasileño hay dos grandes enseñanzas para la izquierda mundial: la primera, que el poder derechista romperá el orden legal y el juego democrático siempre que lo necesite; segunda, que la única patria del dinero es el dinero, así que no se debe confiar en la lealtad de las empresas nacionales que fueron favorecidas en aras de fortalecer la economía del país. Ambas matrices demuestran la naturaleza traidora de las élites, tanto en lo político como en lo económico, así como la necesidad de no abandonar el terreno de la lucha cultural e ideológica de cara a los enemigos de siempre.
Paralelo al golpe contra Dilma en el Parlamento se preparaba la detención de Lula, en una maniobra a todas luces política, ya que ni la sustitución de una ni la investigación al otro eran mecanismos sustentados en pruebas delictivas ni procederes legalmente correctos en el orden constitucional.
El objetivo real era evitar la presentación de Lula a las próximas elecciones, lo cual apuntaba hacia otra vitoria del Partido de los Trabajadores, que superaba por amplio margen popular al excapitán Bolsonaro en las encuestas. Es la vieja máxima de las élites en la política: «Cuando gano, gano, y cuando pierdo, gano».
Para tales planes se prestó el juez de 43 años, Sergio Moro, quien mandó a prender a Lula, para llevarlo a declarar, en un aparatoso montaje que incluyó registros a la casa del hijo del expresidente y de la sede de la fundación Lula. El objetivo era dañar la imagen de un político lleno de prestigio, de hecho aparecieron de inmediato los titulares que lo apostrofaban de «malandro».
Ese tipo de detenciones solo se usan cuando se trata de un reo que no quiere declarar ante la justicia, pero Lula ya había ido ante el juez en varias ocasiones, de forma educada y por sus medios. La tendenciosidad de Moro se evidenció, además, en la revelación a la prensa de grabaciones hechas a llamadas entre Lula y Dilma, en una flagrante violación a los principios de la inmunidad presidencial, así como de seguridad nacional inherentes a toda democracia soberana.
Como tantas veces en la historia, la derecha, en nombre de la ley abusaba de la ley. Se acusó a Lula de recibir bienes inmuebles a cambio de favores económicos durante su gestión, además de una suma de 2,7 millones de dólares por conferencias dictadas desde su salida del poder. Dicho dinero, dijeron los jueces, sería camuflado y provendría en verdad del pago de otros favores hechos por el exmandatario. Recientemente le costearon a Bill Clinton un millón de dólares por una sola conferencia en Brasil y ningún juez farfulló semejante acusación.
La condena
Cuando el Tribunal Federal Regional de Porto Alegre emitió su sentencia contra Lula, tres votos a cero, aumentó el monto de nueve años y medio a 12 y un mes de prisión. Ello a pesar de que reconocieron que no había pruebas materiales que inculparan al exmandatario en el delito de posesión mediante soborno de los inmuebles.
Aun derrotado en el orden legal, el guion de la derecha prosiguió firme hacia su objetivo: sacar a Lula de la política. El instructor del caso, Joao Pedro Gerban, dijo que no le hacían falta las pruebas y que basaba su veredicto en la declaración de Leo Pinheiro, uno de los propietarios de oas, la agencia constructora que supuestamente le hizo favores al líder petista. Dicho empresario, procesado por corrupción real, recibió como premio la condonación de su pena de parte de los jueces.
Mientras eso ocurría en el Palacio de «Justicia», afuera, en la calle, unas 70 000 personas exclamaban: «¡Fuerza Lula!», a la vez que gritaban que una elección, llevada a cabo con esos manejos de la derecha, era un fraude.
¿Qué hacer?
La izquierda debe aprender a no ceder ante el guion de la derecha, ya que, aun cuando es gobierno, se mueve en el terreno de las instituciones del enemigo ideológico. La noción de democracia representativa ha demostrado ser un peligroso juego construido para que funcione solo cuando no afecta a las élites, a la vez que es desmontable cuando estén en peligro los intereses de los poderosos.
En ese contexto, no se debe obviar el vínculo con las bases populares, ni dilatar el programa social que favorece a las grandes mayorías, en aras de un pacto con las empresas nacionales que, se sabe, cada vez son más transnacionales.
La dicotomía de una agenda inclusiva y democrática en un mundo mal distribuido y elitista lleva a los partidos gobernantes de izquierda al reto de seguir siendo alternativos, fuertes, participativos y a la vez ampliamente representativos. El caso brasileño, aunque no se trata de un abandono total de las bases populares, evidencia que los conservadores nadan en su propio mar, mientras hacen hundir la nave de los revolucionarios.
El poder mediático, el trabajo con la imagen, saltan por encima de la legalidad y transforman la mentira en verdad, sin que importen principios éticos. Así se llegó a la elección de Bolsonaro, mediante un entramado trabajo judicial-parlamentario-comunicacional. El resultado: cuando el pueblo toma cuenta de que ha sido engañado, es tarde, ya que volvió a caer en manos del sistema burgués que representa a muy pocos y no deja que nadie participe en el cambio del status quo.
En cuanto a Lula, su liberación depende de la lucha política, ya que se trata de un caso político y no legal, como mismo dijo el propio exmandatario. La estrategia incluiría movilizaciones y programas que llenen el vacío de propuestas de Bolsonaro y la rápida pérdida de popularidad que sufre su gestión.
A la derecha, a fin de cuentas, se le vence con las armas de la izquierda, solo así veremos cómo el orden judicial burgués cede en la encerrona y es obligado a cumplir con sus propias reglas, violadas por él mismo.
Hay que obligar a la derecha a que baile en el carnaval de la izquierda, y no viceversa. En eso, el propio pueblo, ya lleva la delantera.














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Jorge dijo:
1
1 de abril de 2019
23:33:48
Sergio Respondió:
2 de abril de 2019
16:37:11
joca Respondió:
2 de abril de 2019
19:19:30
Bárbaro dijo:
2
2 de abril de 2019
16:28:09
Banguela dijo:
3
2 de abril de 2019
16:29:35
Rosa dijo:
4
2 de abril de 2019
17:35:51
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