ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Cuando el 11 de septiembre de 1973 el general Augusto Pinochet y los militares fascistas bajo su mando, atacaron al Palacio de La Moneda en Chile, la humanidad fue testigo de un acto genocida, al estilo de los tiempos florecientes del fascismo hitleriano.

Mientras el presidente Salvador Allende resistía la embestida, en el propio Palacio y en las calles de Santiago y otras ciudades del país sudamericano, una verdadera orgía se lanzaba contra todo lo que pareciera o fuera resistencia, democracia, izquierda u otro apelativo, con el que se denominaba a intelectuales, artistas, periodistas, obreros, dirigentes juveniles y estudiantiles, militantes de partidos políticos y otros.

El hombre del golpe, el militar con las manos ensangrentadas, no solo mató sino que desapareció –como ocurrió en Argentina– a cientos de personas que todavía hoy se buscan sus paraderos. Triste, pero real. Y más incomprensible aún, ese mismo Pinochet, murió de muerte natural a los 91 años de edad, sin que la «justicia» chilena lo rozara, a no ser con alguna reclusión domiciliaria con todos los atributos, como si no fuese un asesino.

Hoy, 45 años después, la evaluación que hace quien preside los destinos del país, no es para nada condenatoria de aquellos actos del peor fascismo. Más bien, de crítica aguda contra quien era presidente constitucional, Salvador Allende. «La democracia estaba muy enferma, no fue una muerte súbita el 11 de septiembre», dijo la víspera el actual presidente Sebastián Piñera, con respecto a la conmemoración de la fecha que enluta a la mayoría de los chilenos y chilenas, para después catalogar a los tres años de gobierno de Allende como una situación «absolutamente caótica».

Recordemos que cuando Piñera se supo vencedor en las elecciones presidenciales del 2010 y 2017, algunos de sus simpatizantes asistían a los actos de celebración portando retratos de Pinochet. Al parecer, el mandatario chileno olvidó o quiso omitir que cuando aquel murió en el 2006, aún se encontraban pendientes 300 cargos penales por numerosas violaciones de derechos humanos durante su gobierno, además de casos de evasión de impuestos y malversación; y que, durante y después de su mandato acumuló corruptamente una fortuna de al menos 28 millones de dólares.

Los 17 años que duró la dictadura militar dejaron sistemáticas violaciones a los derechos humanos, con al menos 28 259 víctimas de prisión política y tortura, 2 298 ejecutados y 1 209 detenidos desaparecidos, una cifra que las asociaciones de víctimas y familiares aumentan en decenas de miles.  

Pero Chile y su «justicia» siguen sorprendiéndonos. En días pasados las noticias llegadas desde su capital daban cuenta de que la Corte Suprema de ese país había liberado a cinco militares de la dictadura pinochetista, identificados con los más variados crímenes; pero no fue suficiente: días después el tribunal los estremecería de nuevo disponiendo la salida de otros dos.

El máximo tribunal confirmó fallos de la Corte de Apelaciones que ordenaban la liberación de Emilio de la Mahotiere González y Moisés Retamal Bustos. El primero, un exbrigadier y piloto de helicóptero, cumplía tres años por complicidad en los homicidios de 14 opositores durante la dictadura. En tanto, el coronel Retamal servía seis años por el secuestro de tres ciudadanos uruguayos. El propio día, el Tribunal acogió los recursos de amparo de otros cinco criminales de lesa humanidad por haber participado en el secuestro de opositores que, aún hoy, siguen desaparecidos.

También, en días recientes, la comunidad internacional –y  la chilena– fueron enteradas del acto de «justicia» en que consistió condenar a cinco años y un día de prisión a otros militares vinculados con la «época Pinochet». Se trata, según despachos de prensa, de cuatro exagentes de la dictadura, ahora sentenciados por el juez Mario Carroza por secuestro y desaparición del ciudadano Néstor Gallardo Agüero en 1974. Gallardo fue una de las 119 víctimas de la denominada Operación Colombo.

Los acusados, llevados a prisión por cinco años, son un exgeneral, un exbrigadier, un excoronel y un exoficial. La información no precisa cuántas serían las posibles víctimas de estos personajes que respondían directamente a Pinochet.

Es muy lamentable aún que sucedan cosas así en países como Chile, Argentina, Brasil y otros, donde la CIA estadounidense llevó adelante la «Operación Cóndor», quizá el más siniestro de los hechos, de por sí horrendos, escenificados por las dictaduras sudamericanas, en especial la de Augusto Pinochet en Chile.

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José David dijo:

1

11 de septiembre de 2018

11:22:54


"Mas temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde transite el hombre nuevo". Hasta Siempre Allende