ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
El drama de los niños inmigrantes separados de sus padres. Foto: El Tiempo

Mientras el presidente Donald Trump se pronuncia por una «tolerancia cero» respecto a la inmigración, varios menores han denunciado la aplicación de medicamentos no prescritos por  facultativos, e, incluso, la fuerza utilizada para inmovilizar a los niños y ponerles inyecciones sin el consentimiento de los familiares.

Se habla de una cifra mayor a los 10 000 menores actualmente internados en centros de inmigrantes, entre los que están junto a algún familiar o separados de sus padres. 

Una parte mayoritaria de estos lugares pertenecen o son administrados por compañías privadas, lo que equivale a un multimillonario negocio.

«En torno al 65 % de las camas que dispone el gobierno federal para albergar a inmigrantes están en manos de empresas privadas. Y esa cifra está creciendo con la actual crisis migratoria», comenta Bianca Tylek, directora del Corrections Accountability Project (Proyecto de Transparencia de Centros de Detención), con sede en Nueva York, citada por BBC Mundo.

Especialistas advierten de la existencia de una red completa de negocios particulares que está sacando ganancias de la crisis migratoria.

Las denuncias de los suministros de pastillas e inyecciones a los pequeños, desnudan una realidad que tiene que ver con violaciones de los derechos humanos por parte de autoridades e instituciones estadounidenses.
Despachos de varias agencias refieren que a una niña le suministraban cuatro pastillas en la mañana y cinco más por la noche, sin que ella supiera el por qué, y sin padecer alguna enfermedad que no fuera la soledad, el miedo y la incertidumbre por encontrarse en un centro para inmigrantes en Texas.
A su lado, otra menor era inmovilizada por trabajadores del citado centro, mientras un médico le ponía dos inyecciones.
La primera niña relató luego que cuando toma esa cantidad de medicamentos, pierde el ánimo y el apetito, padece de dolores de cabeza y le dan náuseas.

Estos testimonios fueron recogidos por abogados que hicieron visitas al centro administrado por la gubernamental Oficina de Reasentamiento para Refugiados (orr, por sus siglas en inglés), y fue hecho público por BBC Mundo, a propósito del escándalo que vive la administración Trump, luego de separar a más de mil niños  inmigrantes de sus padres.

Fueron varios los menores que declararon ante letrados, quienes acusaron a la Oficina de Reasentamiento para Refugiados por administrar múltiples medicamentos psicotrópicos sin tener en cuenta las necesidades de cada niño.

De igual forma, no se tuvo en cuenta que dichos fármacos se usan en casos de trastornos mentales, y ninguno de los pequeños tiene esa patología.

Se constató que entre los medicamentos suministrados, aparecen antipsicóticos como aripiprazol y clorpromazina, y antidepresivos como escitalopram y trazodona.

El testimonio de otro niño impactó a los jueces cuando denunció que lo amenazaron con lanzarlo al piso y obligarlo a tomarse las pastillas. Refirió que tras tomar esas medicinas, «estaba más cansado, me sentía triste y mis ojos estaban llorosos... empecé a engordar... en unos dos meses engordé 20 kilos».

En las indagaciones de los abogados se constató que algunos funcionarios del centro de reclusión de menores habían firmado documentos médicos en el apartado de «padre o representante legal» sin serlo.

Casi 2 000 niños han sido separados de sus padres desde que se anunció la política de tolerancia cero, de Donald Trump. Foto: El Comercio



EL GRAN NEGOCIO

Pero a la par con estos hechos –sin duda violatorios de los derechos humanos de los niños y adolescentes–, un gran negocio florece entre empresarios que se «afilan los dientes» por las jugosas ganancias que obtienen de la inmigración.

En pos de obtener más dinero, el llanto de un niño por la separación de sus padres, el uso de medicamentos no autorizados y otras medidas similares, no aparecen en ningún registro de cuentas de empresa alguna. Para los empresarios lo que vale es que entre más inmigración, más dinero.

Los despachos de prensa señalan que las organizaciones que gestionan los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos viven un boom, si se tiene en cuenta que únicamente en el 2017,  el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ice, por sus siglas en inglés) destinó casi 3 000 millones de dólares para costear el sistema de detención de extranjeros. El aumento de camas para los citados centros creció en un año de 3 500 a  20 000, un 500 %.

Especialistas del tema señalan que esos centros constituyen una pieza fundamental en el modelo de negocios de las empresas que administran las cárceles privadas.

Uno de estos lugares, el CoreCivic obtuvo en el 2017 contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, con ingresos por 429 millones de dólares.

En las últimas semanas, congresistas demócratas y otras personas en Estados Unidos, han criticado fuertemente la política migratoria de «tolerancia cero» impuesta por el presidente Trump.

El congresista del Partido Demócrata, Peter Welch, después de una visita a uno de esos centros escribió en un tuit: «Acabo de salir de una instalación de procesamiento de la patrulla fronteriza conocida como nevera. No es nada menos que una prisión».

En igual sentido se pronunció la exprimera dama, Laura Bush, quien comparó esos sitios para inmigrantes con «los campos de internamiento utilizados para los estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial».

El senador demócrata Jeff Merkley, quien lideró el equipo de legisladores durante la visita al complejo Úrsula para niños inmigrantes, lo catalogó como «una jaula de malla de alambre de unos 10x10 metros cerrada con cadenas».

También el senador de Maryland, Chris Van Hollen, expresó conmoción e ira por las condiciones que vio: «Acabo de salir del Centro de Procesamiento de la Patrulla Fronteriza en McAllen, también conocido como la perrera. Fui testigo de cómo niños estaban amontonados en grandes corrales de vallas con cadenas, separados de sus madres y padres. Donald Trump, ¡cambia hoy tu vergonzosa política!», escribió en un tuit.

A unos 80 km de distancia, en la ciudad de Brownsville, unos 1 500 niños están alojados dentro de un edificio que alguna vez fue un hipermercado Walmart.  Los menores, de entre diez y 17 años, fueron detenidos al cruzar la frontera ilegalmente.

Medios de comunicación compararon los alojamientos con un almacén gigante.

La Academia Estadounidense de Pediatría advirtió que «las experiencias altamente estresantes, incluida la separación familiar, pueden causar un daño irreparable al desarrollo de por vida al alterar la arquitectura cerebral de un niño».

Lo que pasa hoy con los menores inmigrantes en Estados Unidos resulta un gran negocio que prospera tras el llanto de miles de ellos.

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FASV dijo:

1

14 de agosto de 2018

21:46:09


Esto es vergonzoso. A Trump se le ha virado la tortilla y se le esta quemando..

Moiset dijo:

2

15 de agosto de 2018

11:18:48


Y qué dice la UNICEF y demás organizaciones internacionales para la defensa de los niños y niñas?? Qué dice la Corte Internacional sobre enjuiciamiento de Trump?? Si esto ocurriera en cualquier otro país, cuántas veces se hubiese reunido ya el Consejo de Seguridad de la ONU?? Cuántas propuestas de bombardeos se hubiesen estudiado ya por los que se creen dueños del mundo??