El Plan Cóndor y la memoria histórica

Huyeron al exilio hacia donde le dieran cobija. Por cientos salieron hacia casas solidarias en México, Cuba y algunos países de Europa, principalmente. Eran hombres y mu­jeres —jóvenes en su mayoría— que escapaban de las garras de un cóndor, convertido de la noche a la mañana, del nombre de un ave andina, de las mayores del mundo, en una pesadilla diabólica que sembró la muerte por toda América del Sur.

A propósito del actual proceso —41 años después— de un grupo de implicados en el Plan Cóndor en Argentina, y de un título que lo cataloga de “histórico juicio”, recurrí a la memoria y a despachos noticiosos y otros documentos sobre aquella terrible etapa de la historia latinoamericana.

Recuerdo que fueron muchos los muertos, desaparecidos, torturados; y también los que salvaron sus vidas gracias a la solidaridad internacional que los albergó.

Por todo ello —quizá— varias décadas después, me resulte bastante difícil comprender que esa lacra militar todavía tenga niveles de influencia en mandos, incluso luego de la llegada de la democracia a algunos de estos países.

Resulta demasiado tiempo que, 41 años después de concebido el Plan Cóndor, aún no se haya hecho justicia con muchos de los implicados en tan siniestro engendro de torturas, muertes y desapariciones.

No pueden perdonar tanta demora, los familiares de los muertos, los torturados, los que aún hoy esperan noticias sobre el destino de hijos o nietos desaparecidos por las dictaduras militares de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Ahora, cuando un Tribunal Oral Federal argentino dictó sentencia contra 17 imputados por los crímenes cometidos bajo el manto del Plan Cóndor, me salta a la mente la tan importante memoria histórica, esa que ha tratado de borrarse cuando durante décadas no ha podido hacerse justicia contra implicados en tales fechorías, y mucho menos contra quienes desde la CIA norteamericana, concibieron y apoyaron el mismo.

Como se ha recogido por el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, ese hecho constituyó un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década del 70 para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y es­tudiantiles de nacionalidad argentina, uru­guaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña.

Dependiendo de la fuente, las muertes provocadas por el Plan Cóndor se cuentan desde varios cientos hasta 60 000 (algunos incluyen a la totalidad de los 30 000 desaparecidos durante la llamada “guerra sucia” en Argentina), señala un despacho de BBC Mundo.

La más reciente historia recoge que los máximos exponentes del Plan Cóndor, lejos de ser siquiera alcanzados por la justicia, han muerto por enfermedades, sin conocer del rigor de una cárcel de acuerdo con la abominable acción represiva que realizaron.

En el caso de Augusto Pinochet, lo más que pudo hacer la Corte chilena en el 2005 —o sea, 30 años después de sus asesinatos— fue exonerarlo de ser juzgado debido a su precaria salud de entonces.

Un año después falleció y no pocas incógnitas dejó sin aclarar respecto a sus personeros, fundamentalmente carabineros, implicados en la secuela de crímenes perpetrados du­rante más de una década.

En Paraguay, donde el descubrimiento de los llamados “archivos del terror” puso de manifiesto el grado de implicación del entonces presidente Stroessner en el Plan Cóndor, se intentó enjuiciarlo, pero el criminal sudamericano se había refugiado en Brasil amparado de cualquier acción judicial, hasta que murió en el 2006, sin que sobre él cayera el peso de la justicia.

Al sanguinario exdictador argentino, Rafael Videla, se le inició proceso judicial en el 2001, siendo condenado en el 2010 a cadena perpetua por la desaparición de 31 detenidos, robo de niños en centros clandestinos de detención, y otros cargos.

Videla murió en el 2013.

Hoy, cuando la prensa internacional habla de que con este “juicio en Argentina se cerró uno de los últimos capítulos de la Guerra Fría”, bien vale la pena recurrir a esa historia que no se puede ignorar, desde el 28 de noviembre de 1975 cuando nació el Plan Cóndor durante una reunión en Chile.

¿Cómo olvidar aquellos “vuelos de la muerte”, en que los militares y la CIA lanzaban al mar y a los ríos, desde aeronaves, a decenas de personas de las que más nunca se tuvo noticia?

Del citado plan con nombre de pájaro an­dino, muchos analistas citan a Henry Ki­ssinger, secretario de Estado norteamericano durante el gobierno de Richard Nixon, como el autor ideológico; y que su antecedente directo fue el Decreto Noche y Niebla, empleado por Adolfo Hitler en Alemania.

Al respecto, BBC Mundo cita a la profesora estadounidense Patrice McSherry quien dio a conocer que mediante un documento secreto de la CIA, fechado en junio de 1976, se confirma el secuestro y tortura de refugiados chilenos y uruguayos en Buenos Aires.

Según ella, dichos planes emanaron en la década de 1960 de la Escuela de las Américas y de las Conferencias de Ejércitos Ame­ricanos, mediante las cuales Estados Unidos adiestró a los oficiales en acciones “preventivas” (torturas).

Los Archivos del Terror, revelados en Uruguay, citan al connotado terrorista de origen cubano, Luis Posada Carriles, involucrado en el asesinato del excanciller chileno, Or­lando Letelier, víctima de una bomba en Estados Unidos como parte de las acciones contenidas en el Plan Cóndor.

En igual sentido se señalan documentos secretos entregados a la prensa, donde se da a conocer que el autor material del atentado y muerte del general Carlos Prats y su esposa, fue el agente de la CIA Michael Townlev.

Por los archivos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia, se supo que Manuel Contreras, jefe de la DINA en Chile, aparece como “creador” de la Operación Cón­dor, luego de permanecer como invitado en 1975 en el cuartel general de la CIA en Langley, durante 15 días.

Concluyo este comentario con una interrogante: ¿podría entonces olvidarse la me­moria histórica y dar por concluida esta pe­sadilla letal cuando se juzgan a solo 17 im­plicados?