Oposición juega sus cartas contra el Gobierno de Maduro

La oposición al gobierno de Ni­colás Maduro en Venezuela está ju­gando sus mejores cartas para lo­grar un viejo objetivo: instalarse nuevamente en el Palacio de Mi­raflores. Lejos de presentar un proyecto alternativo a la Revolución Bolivariana, la coalición derechista que agrupa partidos con diferentes orientaciones —desde los más mo­derados hasta los extremistas—, solo ha sabido atacar al Go­bierno e in­tentar así detener el proceso de cam­bios iniciado en 1999 por el líder bolivariano Hugo Chávez.

La oposición ha utilizado to­das las herramientas disponibles para alcanzar su meta: desde la convocatoria a protestas políticas para La Salida violenta del Pre­sidente, has­ta la participación ca­si descarada en la guerra económica que  crea descontento en los ciudadanos.

El más reciente de estos mecanismos apuesta a la vía constitucional. En esta oportunidad la derecha usa su posición de mayoría en la Asamblea Nacional —como resultado de las pasadas elecciones legislativas del 6 de diciembre— para anunciar una “hoja de ruta” que incluye la convocatoria de “protestas pacíficas masivas” para que Maduro re­nuncie, enmiendas a la Cons­titución y la puesta en marcha de un proceso revocatorio por me­dio de referendo.

Según el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, la apuesta es precipitar la salida del Presidente so­cialista antes de inicios del 2019, cuando termina su periodo de seis años, aun cuando reconoce que es un proceso minado de escollos legales.

La Constitución permite la revocatoria del Presidente transcurrida la mitad de su mandato. Sin embargo, para hacerse efectivo es necesario reunir al menos el 20 % de los electores inscritos en un plazo de tres días, según el Consejo Nacional Electoral. De conseguir la cantidad necesaria de firmas la entidad tie­ne 15 días para revisarlas y contarlas. Si el CNE considera válida la recogida de firmas puede convocar al referendo revocatorio dentro de los 90 días siguientes.

Para que un eventual proceso de este tipo se haga efectivo en el caso específico del presidente Maduro, deben votar a favor igual o mayor nú­mero de electores de los que lo escogieron en el 2013, esto es, 7,5 millones. De realizarse el 10 de enero del 2017 o después, el Vicepresidente asume el cargo hasta concluir el pe­riodo.

No obstante, el Tribunal Su­pre­mo Electoral, máximo ente judicial, tiene la potestad de declarar “in­cons­titucional” la norma.

Respecto a la enmienda, la Carta Magna estipula que puede ser solicitada por un 15 % de los inscritos en el registro electoral —unos 2,9 millones— o el 30 % de los integrantes de la Asamblea, o sea, al menos 51 diputados. Para su aprobación debe ser sometida a varias discusiones, por lo que podría tardar varios meses. Luego, el CNE somete la Enmienda a referendo 30 días después de recibir la solicitud.

En ese caso si el mandatario lo decide puede enviar la Enmienda a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo Popular para que se pronuncie al respecto.

La Reforma Constitucional, por su parte, consiste en una modificación de varias normas de la Cons­titución que no cambie su estructura y, al igual que la Enmienda, pue­de ser activada por iniciativa popular o de la Asamblea Nacional.

Los procedimientos para su apro­bación son similares, pero re­quie­ren tres discusiones en plenria de la Asamblea, por lo que el proceso puede tardar también. Para su aprobación se necesita del voto favorable de las dos terceras partes de la Asamblea.

Otra figura legal es la Asamblea Constituyente —transformar el Es­tado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Carta Magna—, la cual se diferencia del revocatorio en que la recolección de firmas no está regulada por el CNE.

Esta nueva campaña pretende azuzar el ya complejo escenario político venezolano y ha sido re­chazada por el jefe de Estado en varias ocasiones.