Se agudizan maniobras de la derecha contra Dilma Rousseff

Las maniobras de la derecha contra el segundo mandato presidencial de Dilma Rousseff entraron en una nueva etapa esta semana con otro trámite para iniciar un proceso de juicio político (impeachment) en su contra.

El anuncio fue  hecho el miércoles por el líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, señalado en varios casos de corrupción y en abierta lucha contra el Ejecutivo brasileño.

Desde el Palacio de Planalto, Rousseff dijo a la prensa sentirse indignada ante la noticia. “Son inconsistentes e improcedentes las razones que fundamentan ese pedido”, expresó la mandataria para luego acotar y dejar en clara referencia a Cunha, que ella “no posee cuentas en el exterior”.

“No existe ningún acto ilícito practicado por mí o ninguna sospecha de desvío de dinero público”, insistió.

Las palabras de la presidenta no fueron pasadas en vivo por la poderosa cadena O Globo, a pesar de que se encontraba transmitiendo el Jornal Nacional, un noticiario de alto rating. El em­porio mediático solo colocó fragmentos de su pronunciamiento.

La luz verde de Cunha  para iniciar el proceso de impeachment tuvo lugar el mismo día en que la bancada del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara dijo oficialmente que votará a favor del inicio de un proceso de investigación contra él en el Consejo de Ética.

Al representante del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) se le acusa de tener cuentas bancarias en el extranjero y no declararlas al Tribunal de Justicia Electoral cuando presentó su candidatura en el 2014.

En Brasil no es delito tener cuentas en otro país, pero si los legisladores prueban que Cunha mintió puede ser procesado por “improbidad administrativa y perdería el mandato, se­gún lo establecido en la Constitución. También se le acusa de estar implicado en el escándalo de corrupción en Petrobras.

En octubre de este año tuvo lugar un pedido de juicio político que fue invalidado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. En el caso de este nuevo pedido, una comisión especial integrada por representantes de todos los partidos políticos analizará la solicitud. Un eventual juicio político sería efectivo si 342 diputados (dos tercios) votan a favor.

En ese escenario, Brasil estaría comandado por el vicepresidente Michel Temer ya que las funciones de la mandataria cesarían temporalmente.

El Senado, a su vez, tiene un plazo de 180 días para anunciar una decisión. Renan Calheiros, presidente del Senado, tendría entonces la última palabra.

Las autoridades brasileñas han señalado que el interés de la derecha es llevar a cabo un golpe de Estado mediante métodos seudolegales, pues la actual mandataria fue electa en el 2014 por mandato popular para estar al frente del país los siguientes cuatro años.