Escándalos de corrupción estremecen a Honduras

Honduras vuelve a estar en el epicentro de las noticias latinoamericanas, pero ahora no porque la oligarquía, siguiendo planes organizados en la embajada de Estados Unidos, haya destituido por la fuerza al presidente Manuel Zelaya, sino porque la población reclama en gigantescas manifestaciones que el actual mandatario Juan Orlando Hernández renuncie al cargo de manera inmediata por presunto corrupto.

La situación de pobreza en que subsiste el 64,5 % de los hogares hondureños hace que la furia de la ciudadanía sea mayor contra la administración de Hernández, quien gobernará por ley hasta el 2018.

Honduras posee algo más de ocho millones de habitantes, entre ellos los miembros de varias etnias autóctonas relegadas a la miseria extrema, según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) al respecto.

El 26 de junio último medio millón de personas tomaron las calles de Tegucigalpa, la capital, de forma pacífica, portando antorchas y pancartas en protesta contra el nepotismo, la corrupción y el fascismo en que vive ese país centroamericano.

En las últimas semanas, las principales localidades de la nación son escenario de multitudinarias protestas ciudadanas y cierre de carreteras por parte de quienes quieren una limpieza a fondo del actual gobierno del Partido Nacional (PN), electo con un 36% de los votos en el 2013, cuando la organización fue acusada de fraude por la oposición.

Hernández, (1968) abogado, es el hijo número 15 de 17 hermanos nacidos en una aldea de Río Grande, en Lempiras; pero aún con esa enorme familia logró estudiar en la Universidad de Honduras y luego hizo una Maestría en Administración Pública con énfasis legislativa en Estados Unidos.

El también ex presidente del Congreso Nacional sintió sobre sí el reclamo popular cuando se descubrió el desvío de unos 200 millones de dólares del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), así como que una parte de ese dinero fue a parar al bolsillo de miembros del gobernante Partido Nacional, lo cual fue admitido de manera pública por el gobernante.

De acuerdo con fuentes locales, el robo era continuo en esa institución mediante la creación de empresas fantasmas, que adquirían medicamentos para personas fallecidas.

Tales desvíos, en apariencia, ocurren desde hace años por el Partido Nacional, que usó parte de esos fondos en el financiamiento de la campaña presidencial de Hernández.

El Mandatario, quien intenta deslindarse del escándalo, ha hecho varias promesas en aras de salvar el cargo, a pesar de la presión de los partidos opositores, el pueblo, y figuras prominentes de Honduras. Entre otras promesas, dijo que exigirá la devolución por el PN de los 200 millones de dólares sustraídos en absoluta impunidad.

En la búsqueda de una eventual solución a la arbitrariedad que rige en ese empobrecida nación de América Central, un ahora preocupado Hernández quiso arrimarse a la oposición para fomentar un diálogo nacional, pero la idea no prosperó ya que nadie aceptó que presidiera la mesa.

Además, figuras importantes de la vida hondureña solicitaron la intervención de Naciones Unidas en la creación de una Comisión internacional contra la impunidad, pero el Mandatario se negó de lleno, luego retrocedió y aceptó la presencia extranjera.

La situación está difícil para el ex líder del Congreso, pues lo que solicita la población y los partidos opositores es el derrumbe de la ilegalidad con su salida del cargo y de sus supuestos socios en el desvío de dineros, ya que es poco creíble, según la oposición, que desconociera lo que ocurría en el seno del PN.

El escándalo también alcanzó a la diputada y vicepresidenta del Parlamento de Honduras, Lena Gutiérrez, y tres miembros de su familia, acusados por la Fiscalía Nacional de varios delitos contra la salud, fraude y falsificación de documentos públicos.

Gutierrez, igualmente del PN, fue llevada a la sala de los tribunales de Tegucigalpa junto a su padre, Marco Tulio Gutiérrez y sus hermanos Julio y Ginette. La Fiscalía indicó que los cuatro eran socios de la empresa Astropharma, que presuntamente habría vendido medicamentos sin requisitos mínimos de calidad.

En su defensa, los Gutiérrez aseguran que “Astropharma no era ni ha sido fabricante de medicamentos, solo es una droguería, por tal razón no fabrica, no elabora, ni produce ningún tipo de medicinas, pastillas o medicamentos”.

Quizás aparezcan nuevos casos de corrupción. Pero aunque ocurriera un milagro y acabaran los flagelos que corrompen a Honduras, sobre el país pesan otros gravísimos problemas, como es el narcotráfico –que también “contribuye” a aumentar fortunas para operar impunemente-- y la inseguridad ciudadana en las calles.

Ante la situación nacional, y en consonancia con los grupos de manifestantes en su mayoría jóvenes, el coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular, Juan Barahona, exigió “la cárcel para los ladrones del IHSS, que devuelvan los millones y los que están en el poder involucrados deben abandonar sus puestos”.

El ex presidente Zelaya (2006-2009), coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), precisó en declaraciones públicas que Honduras debe regresar al orden democrático e insistió en un referendo popular en busca de la salida de Hernández, quien hasta ahora solo respondió que si esos fondos fueron malversados del IHSS exigirá al PN su devolución.

Mientras, los indignados, --nombre del movimiento popular surgido en las protestas-- continúan apretando el cerco contra la corrupción de los políticos y el Estado.

Las marchas, plantones, huelgas de hambre, ofensivas legales y cierre de carreteras están a la orden del día en una nación, donde se han unido varios sectores sociales que van desde los indígenas hasta los estudiantes universitarios, victimas todos de un sistema arbitrario que, si se demuestra legalmente la veracidad de los escándalos de corrupción, es una vergüenza para Honduras.

No obstante, el presidente Juan Orlando Hernández intentó calmar los ánimos con el anuncio de la creación de un Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción, el que, de antemano, parece de poca efectividad.

Lo cierto es que la oligarquía hondureña se siente impune y mucho más tras su componenda con Estados Unidos para raptar de su hogar en la madrugada al ex presidente Zelaya, sacándolo del país por la fuerza y luego con un fraude evitó que su esposa Xiomara Castro ganara las elecciones del 2013 cuando ya se le consideraba vencedora.

Mientras, el crimen sigue acabando en Honduras con la vida de periodistas, dirigentes campesinos de base y líderes indígenas en un ambiente de impunidad.