Guatemala: el ex general Pérez Molina en su laberinto

Aunque las situaciones políticas sueles ser cambiantes en días, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, de 54 años, y una agitada vida militar, mantiene hasta ahora el apoyo del gran empresariado nacional, que desea mantener una controvertida institucionalidad hasta que se celebren las elecciones generales el próximo 7 de septiembre.

Pérez Molina se retiró del Ejército en 2000 con el grado de general tras casi tres décadas de servicios, que incluyeron las misiones de combate contrainsurgente y las jefaturas de dos cuerpos castrenses, la Dirección de Inteligencia (D-2) y el Estado Mayor Presidencial.

A tres meses de los comicios, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), la mayor y más poderosa agrupación patronal de Guatemala, decidió la continuidad del líder del conservador Partido Patriota al frente del Ejecutivo al considerar –según fuentes cercanas a la entidad- el sacrificio que ha costado lograr la institucionalidad –la que le conviene a ese poderoso grupo- , luego de más de tres décadas de guerra civil.

La actitud del empresariado deja tranquilo a Pérez Molina en su silla. Está consciente de que posee el respaldo de ministros como Sergio de la Torre (Economía, antes presidente de la Cámara de Industria), Carlos Contreras (Trabajo, quien antes fue abogado de Cacif), Cynthia del Águila (Educación) y Juan Carlos Paiz (el comisionado de competitividad y cabeza de la Alianza para la Prosperidad con Estados Unidos).

Ocurre, sin embargo, que tampoco el empresariado puede vivir de espaldas a la realidad - pues tiene la representatividad de la economía en el ámbito internacional- y no puede hacerse oídos del todo sordos sobre la crisis imperante, mucho más ante el empuje de la ciudadanía que desde hace siete semanas está volcada en las calles contra los corruptos y el Presidente, quien ha querido lavarse las manos sin que nadie le crea una palabra.

Guatemala cuenta con 17 millones de habitantes, un 50% de ellos indígenas con un índice de pobreza de casi el 90% y con presencia nula en la toma de decisiones. Pero en esta ocasión, para sorpresa de la derecha guatemalteca, los indígenas tomaron también parte de las manifestaciones, exigiendo la dimisión presidencial y las investigaciones a fondo de los corruptos.

La indígena Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, fue de las primeras en pedirle al ex general que abandonara el cargo “por cuestión de dignidad”.

La posibilidad de que haya un cambio podría suceder, ya que el sector privado organizado no es homogéneo, como la Cámara de Comercio que ya sentó pautas también contra los corruptos, y otros grupos que desean un nuevo Mandatario antes de las elecciones.

El movimiento ciudadano urbano volverá a las vías el sábado 13 de junio, mientras la Asamblea Social y Popular convocó a paro nacional – con invitación especial a Cacif- que podría comenzar dos días después. En la Asamblea convergen organizaciones campesinas independientes hasta religiosos y estudiantes universitarios.

Entre los demandantes también están el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

En Quetzaltenango, Cobán, Chiquimula, Huehuetenango, Petén, San Marcos, Totonicapán, Sololá y Escuintla también miles de guatemaltecos acudieron a los parques centrales y emplazaron a políticos y autoridades locales, ya que consideran un antro de corrupción a las actuales administraciones.

Al menos 12 funcionarios fueron capturados por vínculos con los casos descubiertos de corrupción en un escándalo que estalló el pasado 16 de abril cuando se conoció públicamente la existencia de una red denominada La Línea, de fraude fiscal en las aduanas, que provocó la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti el 8 de mayo, mientras su secretario privado y presunto cabecilla del grupo Juan Carlos Monzón, se encuentra prófugo.

También fueron detenidos altos directivos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), presidido por el ex secretario del presidente Pérez Molina, el también militar Juan de Dios Rodríguez, acusados de fraude por la contratación anómala de una empresa para hacer diálisis.

Fueron presos, además, el presidente del Banco Central, Julio Roberto Suárez y el jefe de la autoridad tributaria, entre otros funcionarios.

Después comenzaron las renuncias. El 2 de junio, Ivanova Ancheta, presentó su dimisión como viceministra de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, al igual que Gustavo Martínez, yerno de Pérez Molina y secretario general de la Presidencia. Martínez, quien según medios guatemaltecos, también está relacionado con otros casos de fraudes. A la lista se une el ex ministro de Gobernación (Interior), Mauricio López.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigida por el colombiano Iván Velásquez, coauspiciada por Naciones Unidas, fue la que desarticuló la red dedicada a la defraudación tributaria con el destape de La Línea, en la que hasta ahora hay robos ascendentes a 15 millones 180 mil dólares. La CICIG trabajó más de un año para recopilar las pruebas que demuestran el fraude.

Es este el panorama político de Guatemala: un Presidente cuestionado, una población indignada y desilusionada de la partidocracia y un empresariado que quita y pone a los políticos en los máximos cargos. Nada está seguro, sin embargo. Los próximos días pueden llegar con su cuota de sorpresas.