¿Qué implica ser acusado de patrocinar el terrorismo?

El 17 de diciembre pasado, cuando Wa­shing­­­ton y La Habana anunciaron la intención de restablecer relaciones diplomáticas y avanzar hacia la normalización, el presidente Barack Obama dijo que había dado instrucciones para que se revisara la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Desde 1982, nuestro país forma parte de ese listado, que elabora el Departamento de Estado y actualmente incluye, además, a Si­ria, Irán y Sudán.

En el contexto actual, el hecho de que la Isla permanezca en esa lista es un obstáculo para el restablecimiento de los nexos diplomáticos.

“¿Acaso podrían restablecerse las relaciones diplomáticas sin reanudar los servicios financieros a la Sección de Intereses de Cuba y su Oficina Consular en Washington, cortados como consecuencia del bloqueo financiero? ¿Cómo explicar el restablecimiento de relaciones diplomáticas sin que se retire a Cu­ba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo Internacional?”, preguntó el Ge­neral de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Se­cretario del Comité Central del Partido y Pre­sidente de los Consejos de Estado y de Mi­nistros, en su discurso en la III Cumbre de la Celac.

En un mundo donde el terrorismo se ha convertido en uno de los puntos neurálgicos del escenario internacional, ser acusado de promover esa actividad es un asunto serio pa­ra cualquier país; más aún si las acusaciones carecen de fundamento.

Pero las consecuencias no son solo simbólicas, sino también económicas, según declaró a Granma un especialista del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ser miembro de la lista tiene varias implicaciones legales en cuanto a restricciones a las exportaciones, comercio, ayuda al desa­rrollo, créditos y otros.

Los bancos de terceros países son reacios a realizar las transacciones de los incluidos en la lista por temor a sanciones de Wa­shington. Recordemos, por ejemplo, que el año pasado el banco francés BNP Paribas pagó una mul­ta de más de ocho mil millones de dólares por realizar transacciones con Su­dan, Irán y Cuba.

En el caso cubano, casi todo el costo económico de estar en la lista queda subsumido por el bloqueo, pues nada de lo que prohíbe la lista es permitido por el resto de las sanciones. No obstante, la presencia injusta de Cuba en esta lista ha servido en los últimos años para intensificar la aplicación de las medidas financieras del bloqueo.

Eso ha derivado en un acoso y persecución a todas nuestras transacciones financieras en el mundo, expresada en la negativa de bancos a operar con Cuba y en la imposición de multas multimillonarias a estos, lo cual cons­tituye una aplicación extraterritorial de las regulaciones de Estados Unidos.

La lista a la que nos referimos surgió en el contexto de la Guerra Fría, cuando el “enemigo internacional” era el comunismo. En­ton­ces, el presidente Ronald Reagan ofreció ex­cluir a Cuba a cambio de que dejara de apoyar a los movimientos independentistas en África y América Latina.

Cuando la coyuntura internacional cambió, se concibieron nuevos pretextos para man­tenernos.

El propio informe del Departamento de Es­tado refiere que para designar a un patrocinador del terrorismo, se debe probar que ese país haya apoyado repetidamente actos de ese tipo.

No obstante, el último reporte anual, pu­blicado el 30 de abril del año pasado, ad­mite,  como en ocasiones anteriores, que “no hay información de que el Go­bierno cubano haya suministrado armamento o en­trenamiento paramilitar a grupos terroristas”.

Además, el texto reconoce que “Cuba apo­yó y auspició negociaciones entre las Fuer­zas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno con el objetivo de lograr un acuerdo de paz entre ambas partes”.

El único argumento para apoyar el mantenimiento de Cuba en la lista fue la presencia en territorio nacional de “fugitivos” buscados por Estados Unidos. Como respuesta a este hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano recordó en un comunicado que ninguno de esos “fugitivos” ha sido acusado de terrorismo.

“A algunos de estos ciudadanos se les concedió asilo legítimamente, mientras que otros que cometieron delitos en los Estados Unidos, fueron debidamente juzgados y sancionados, y decidieron residir en Cuba tras el cumplimiento de sus sentencias”, añadió el texto de la Cancillería.

Por otra parte, todos los estados, basados en el Derecho Internacional, tienen inmunidad ante tribunales nacionales de otros países. Estados Unidos cuenta con una ley que implementa esta condición; sin embargo, se abrogan el derecho de despojar al país de dicha inmunidad y bajo ciertos parámetros y condiciones, un estado incluido en la lista puede ser demandado por algún supuesto afectado.

El funcionario del Minrex consultado por nuestro diario comentó también que “los anticubanos en el Congreso últimamente han adquirido la práctica de presentar proyectos de ley contra los países incluidos en la lista terrorista para, de esta forma, afectar a Cuba por decantación y mejorar las posibilidades de éxito de sus propuestas contra nuestro país”.

El componente simbólico de pertenecer a esa lista no es menor. “La inclusión es parte de la demonización de un país. Todos los in­clui­dos han sido al mismo tiempo objeto de sanciones, múltiples agresiones y hasta guerras”.

“En el caso particular de Cuba, víctima durante todo este tiempo del terrorismo de es­tado practicado por y desde Estados Uni­dos, razón fundamental por la cual los Cinco arriesgaron su vida por evitarlo, es cuando me­nos absurda y falsa nuestra inclusión en la lista”, concluyó la fuente.

* Especialista del Centro de Estudios He­misféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU), de la Universidad de La Habana