ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
La crisis en Somalia ha provocado miles de desplazados. Foto: AP

La guerra afecta a las relaciones de poder, anula la gobernabilidad, desploma la gobernanza, amenaza la integridad física de la ciudadanía y, como es lógico, también se proyecta contra los símbolos de la institucionalidad.

El conflicto armado supone esencialmente el interés de un contendiente de cambiar me­diante el empleo de la violencia la forma en que se organiza la autoridad, mientras que su rival defiende la permanencia de lo establecido.

Una variante que se percibe es la de poner en crisis al contrario con tácticas que ridiculicen sus fundamentos. Se confecciona la imagen del enemigo con rasgos de incapaz, inoperante, primitivo, cruel y otros que le debiliten ante el acto bélico concreto. Eso se incluye en el arsenal de la guerra psicológica.

Históricamente, en las contiendas armadas se explotan componentes de virtualidad a fin de crear en el contrario la confusión, que le impida tomar la decisión correcta en el momento preciso.

Un ejemplo es la “satanización” del rival, que podría aislarlo y crear un ambiente de rechazo ante los diversos auditorios.

En eso es importante el papel de los medios de difusión, entes capaces de multiplicar los mensajes de lo positivo y lo negativo de cada rival, emisores politizados con posibilidades de crear los estados de opinión pertinentes.

Entre las novedades de la agenda de la posguerra fría en los noventa estaban la redefinición de las instituciones de derecho y la lucha contra el terror, aspectos de seguridad que cuentan con el consenso de la humanidad.

Así se llegó a 1991 y a las primeras aventuras bélicas de un Occidente sin referente ideológico oriental y dispuesto a establecer un orden a su antojo, contando solo con su postura hegemónica. Pero casos como Somalia destruían esa ilusión del mundo monocorde.


CREANDO UN ESTADO FALLIDO
En la política africana el caso más complejo hoy es el de Somalia, donde sobre las ruinas de la sociedad pública se trata de componer un Estado, y en eso se implica a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Africana (UA). También incluye a la Autoridad Intergu­ber­namental para el Desarrollo (IGAD).

El empeño de la IGAD, reforzado con los fusiles de la Misión de la UA (Amisom) para avanzar en la recuperación somalí, se refuerza más ante la capacidad operativa de un enemigo que sale de las sombras y golpea con efectividad.

La idea es presentar al país como éxito institucional, pero se le impone que se guíe, aunque sea miembro de la comunidad periférica en geopolítica, por patrones tan occidentales como buen gobierno y gobernabilidad a fin de demostrar su madurez para ser Estado.

Para establecer el nuevo orden, luego de 23 años de guerra y cuando se amenaza con una gran ofensiva contra los insurgentes de Al Shabab, esta organización afirma que atacará toda manifestación de estructura legal.

Al Shabab pretende restarle toda credibilidad estatal a ese proyecto que para el exterior debe reproducir una imagen somalí mejorada, lo cual aún no se logra.

Pero como el concepto de guerra admite también el criterio de desorden público, las acciones guerrilleras se dirigen a desmantelar esa presunta disciplina cuando atacan los símbolos de la legalidad, es decir las instituciones.

El 21 de agosto del 2012 cesó el Gobierno Federal de Transición (GFT), entonces se creó un parlamento de 275 diputados, escogidos por 135 jefes tribales, que eligió al mandatario, Hassan Sheikh Mohamud, en septiembre del 2012.

Antes de concretarse los cambios institucionales anunciados, se dudaba acerca de la capacidad de enfrentamiento con que debería contar la estructura del poder para gobernar.

Hubo una votación en el Parlamento acerca de la viabilidad del gabinete presidencial a principios del mes de mayo reciente. Un total de 115 diputados demandaron en el Parlamento la dimisión de Hassan Sheikh Mohamud, a quien consideran incapaz de controlar la seguridad y la reconciliación somalí, según confirmó el vocero del Legislativo, Mohamed Sheikh Osman.

Sheikh Osman destacó que en el manifiesto se acusó al gobernante de “fracaso constitucional”. “Voy a utilizar mi papel constitucional para minimizar la crisis política entre el presidente y los parlamentarios”, aseguró, pero el daño ya está hecho.

Los diputados criticaron a Sheikh Moha­mud por fracasar en las esferas de la seguridad, la reconciliación y en el sistema educacional del país, y en la creación del ejército para enfrentar a la organización Al Shabab.

“Desde 1991 se cuentan en Somalia 16 gobiernos transitorios y una sucesión de conflictos internos. Como consecuencia, la nación se fraccionó en múltiples áreas bajo el control de clanes locales y señores de la guerra”, plantea el analista Javier Valencia, quien alude a la inestabilidad de esa autoridad nominada, aunque no funcional, presente en Somalia.

Mientras, las operaciones guerrilleras intensifican la crisis institucional; cada día se debilitan más los signos vitales del supuesto aparato estatal, una creación más ideal que material que no cumple su papel rector.

Además de la crítica intelectual a los preceptos ideológicos potenciados por la IGAD, Al Shabab ataca con proyectiles y bombas las dependencias gubernamentales y a los representantes de esas instituciones. En el tercer trimestre del año aniquiló a dos diputados, atacó un convoy del primer ministro y asaltó la sede del Parlamento.

(*Jefe de la redacción África y Medio Oriente de Prensa Latina)

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