Cuba es soberanía y dignidad

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez afirmó este viernes mediante cuenta en la red social Twitter que la Ley Helms-Burton no es una ley, sino la negación de ella, una ley contra las leyes.

«La Helms-Burton no es una ley. Es la negación de la Ley. Sus artículos van contra la legalidad internacional. Es el bloqueo, condenado por 189 países. Es injerencia, extraterritorialidad y plan colonial. Cuba es estado socialista de derecho. Cuba es soberanía y dignidad», aseguró Díaz-Canel.

La Helms-Burton no es una ley. Es la negación de la Ley. Sus
artículos van contra la legalidad internacional. Es el bloqueo,
condenado por 189 países. Es injerencia, extraterritorialidad y plan
colonial. #Cuba es estado socialista de derecho. #Cuba es soberanía y
dignidad pic.twitter.com/VVXABvMDJn

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 26 de abril de 2019

El mandatario recordó también que Helms – uno de los promotores de la supuesta Ley Helms Burton-  aparece vinculado «a los peores crímenes políticos del siglo XX: Vietnam, Chile, Cuba, entre otros. Mintió al Congreso de su país, destruyó evidencias. Con Dan Burton promovió una ley contra las leyes. Cuba y el mundo harán inviable su oscuro legado».

PRECISIONES:

La Ley Helms-Burton, en vigor desde 1996, codificó el bloqueo contra Cuba y fortaleció su alcance extraterritorial. Pretende:

• Internacionalizar el bloqueo por medio de medidas coercitivas contra terceros países, a fin de interrumpir sus relaciones de inversión y comerciales con Cuba y someter a esos Estados soberanos a la voluntad de los EE. UU. Anular el derecho soberano de un país a la nacionalización y expropiación de bienes de extranjeros y nacionales.
• Impedir que cada nación determine soberanamente y, de acuerdo con el Derecho Internacional, los términos de la compensación.
• Imponer un gobierno en Cuba, recuperar el dominio de EE. UU. sobre la Isla e incorporarla a su estrategia geopolítica.

EL TÍTULO III:

• Plantea que los reclamantes de propiedades que fueron nacionalizadas o expropiadas en Cuba, incluyendo los que en ese momento no eran estadounidenses, deben ser protegidos y establece un grupo de normas para demandar ante tribunales de los EE. UU. a entidades que «trafiquen» con esas propiedades, lo cual ha sido suspendido desde 1996 hasta la actualidad.
• Su objetivo es asfixiar  económicamente a la Revolución Cubana y eliminar el socialismo.
• Si se aplicara, cualquier cubano o cubana y cada comunidad del país verían cómo se presentan ante tribunales de los EE. UU. demandas por la propiedad de la vivienda que ocupan, el centro de trabajo donde laboran, la escuela a la que asisten sus hijos, el policlínico donde reciben atención médica y los terrenos sobre los que se edifican sus barrios.