CONDENADO EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

DICTA SENTENCIA EL TRIBUNAL PROVINCIAL POPULAR DE CIUDAD DE LA HABANA EN EL PROCESO POR DEMANDA DEL PUEBLO DE CUBA CONTRA EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS POR DAÑOS HUMANOS

La Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, constituida por los Jueces Profesionales Carlos Manuel Díaz Tenreiro, Presidente, Rafael Enrique Dujarric Hart e Isabel Inés Arredondo Suárez, y los Jueces Legos Angela Torí Echemendía y Gilberto Martínez Martínez, dictó en el día de ayer, martes 2 de noviembre de 1999, la Sentencia número 110, correspondiente al Expediente Civil número 88/99, radicado ante esa Sala en virtud de demanda en Proceso Ordinario sobre Responsabilidad Civil para la Reparación de Daños e Indemnización de Perjuicios interpuesta por organizaciones sociales y de masas cubanas contra el Gobierno de los Estados Unidos de América, cuyas audiencias públicas tuvieron lugar el pasado mes de julio en la Sala del Pleno del antiguo Tribunal Supremo de Justicia, hoy Palacio de la Revolución, en La Habana.

A continuación las partes fundamentales del texto de dicha sentencia:

En Ciudad de La Habana, a dos de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

VISTO: por la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana el expediente civil número ochenta y ocho de mil novecientos noventa y nueve, radicado en virtud de demanda en Proceso Ordinario sobre Responsabilidad Civil para la Reparación de Daños e Indemnización de Perjuicios interpuesta por la CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA (CTC), con domicilio legal en San Carlos y Peñalver, Centro Habana, Ciudad de La Habana, y quien comparece representada por su Secretario General, Pedro Alcántara Ross Leal; la ASOCIACIÓN NACIONAL DE AGRICULTORES PEQUEÑOS (ANAP), con domicilio legal en calle I número doscientos seis, esquina a Línea, Vedado, Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, y representada por Orlando Lugo Fonte en su calidad de Presidente de la mencionada organización; la FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS (FMC), con sede en Paseo número doscientos sesenta esquina a trece, Vedado, Plaza de la Revolución, representada por Vilma Lucila Espín Guillois, Presidenta de la expresada organización; la FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS (FEU), con domicilio legal en calle veintitrés número quinientos veinte, Vedado, Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, representada por Carlos Manuel Valenciaga Díaz, Presidente de la misma; la FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA ENSEÑANZA MEDIA (FEEM), representada por Yurima Blanco García en su condición de Presidenta de la citada organización, con domicilio legal en calle cuarenta y siete número dos mil ochocientos dos, reparto Kholy, municipio Playa, Ciudad de La Habana; la ORGANIZACIÓN DE PIONEROS JOSÉ MARTÍ (OPJM), representada por Niurka Duménico García, Presidenta de la Dirección Nacional de la organización y cuyo domicilio está enclavado en Avenida de las Misiones número cincuenta y tres entre Cuarteles y Peña Pobre, La Habana Vieja, Ciudad de La Habana; los COMITÉS DE DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN (CDR), representados por Juan Contino Aslán, Coordinador Nacional de la citada organización y cuyo domicilio legal radica en Línea número ciento cincuenta y siete, Vedado, Plaza de la Revolución; y la ASOCIACIÓN DE COMBATIENTES DE LA REVOLUCIÓN CUBANA (ACRC), con domicilio legal en Avenida cuarenta y siete número dos mil ochocientos veintiuno entre veintiocho y treinta y cuatro, Playa, en esta Ciudad, y representada por el Comandante de la Revolución Juan José Almeida Bosque, Presidente de la misma, quienes concurren representados por los Licenciados Juan Mendoza Díaz, Leonardo Pérez Gallardo, Magaly Iserne Carrillo e Ivonne Pérez Gutiérrez, los que comparecen en calidad de parte demandante, contra el GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, con domicilio legal en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, quien en su carácter de demandado fue debidamente emplazado y no se personó, siendo declarado rebelde.

Seguidamente, la sentencia refiere en un extenso primer Resultando los hechos recogidos en la demanda presentada por las mencionadas organizaciones sociales, así como la petición concreta de que se condene al demandado al pago de una suma total de 181 100 millones de dólares estadounidenses y se le conmine a que se retracte públicamente por el daño moral del que han sido objeto tanto los familiares como las víctimas de los hechos narrados. La sentencia prosigue en los términos siguientes:

RESULTANDO: que admitida la demanda se emplazó al demandado por el término legal de veinte días a fin de que se personara y contestara lo que a su derecho estimara conveniente, lo que no hizo y fue declarado rebelde, de conformidad con lo que al efecto establecen los artículos cuatrocientos treinta y ocho y cuatrocientos treinta y nueve de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, continuando el proceso a su perjuicio.

RESULTANDO: que dada la declaración de rebeldía, sin necesidad del trámite de réplica se abrió el proceso a prueba por el término de treinta días comunes a las partes, a fin de que las propusieran dentro de los diez primeros, lo que así hicieron los actores, proponiendo las que a su derecho estimaron oportunas, consistentes en confesión judicial, documentos, dictamen de peritos, reconocimiento judicial, testigos y presunciones, las que, admitidas por la Sala, se dispuso que su práctica se efectuara en la Sala del Pleno del antiguo Tribunal Supremo de Justicia, hoy Palacio de la Revolución, autorizándose, dada la índole de lo que se discute, el empleo de medios de difusión masiva, tanto nacionales como internacionales, de conformidad con el Reglamento de la Ley número ochenta y dos de mil novecientos noventa y siete, de Tribunales Populares, y, una vez practicadas, su resultado aparece del correspondiente cuaderno.-------------

RESULTANDO: que conferida instrucción a las partes, habiendo solicitado los actores vista pública a tenor del artículo trescientos cincuenta y cinco de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, ésta se celebró el día veintidós de julio del presente año a las nueve de la mañana, levantándose acta al efecto que obra de las actuaciones, teniéndose por concluso el proceso para sentencia; oportunidad procesal en que se propuso por los actores y para mejor proveer, pruebas de documentos que, admitidas, fueron practicadas con suspensión del término para dictar la resolución correspondiente y que también obran del expediente, además de las de oficio consistentes en documentos que dispuso el Tribunal, que al observar aspectos no contemplados en la demanda, en aplicación del artículo cuarenta y cinco de la propia ley, instruyó a las partes sobre los mismos por el término de seis días, por la razón de tenerse que pronunciar al respecto.------------

RESULTANDO: que en la tramitación del proceso se han observado las prescripciones legales.----------

SIENDO PONENTE EL JUEZ: Carlos Manuel Díaz Tenreiro.-----------

CONSIDERANDO: que en el caso, intentan los demandantes que se condene al demandado Gobierno de los Estados Unidos de América, en concepto de responsabilidad civil, a la reparación del daño material ascendente al pago de una cifra igual por el valor de la vida de tres mil cuatrocientas setenta y ocho personas, bien que resulta imposible de sustituir y es además inevaluable, equivalente a un promedio de treinta millones de dólares estadounidenses por cada uno de los fallecidos, lo que asciende a un total de ciento cuatro mil trescientos cuarenta millones de dólares estadounidenses, y al pago por el valor de la integridad física ilícitamente quebrantada de dos mil noventa y nueve personas, lo que equivale a un promedio de quince millones de dólares por cada uno de los incapacitados, lo que hace un total de treinta y un mil cuatrocientos ochenta y cinco millones de dólares estadounidenses; y, asimismo, interesan que por concepto de indemnización de perjuicios, vale decir, como retribución de las prestaciones que ha tenido que asumir la sociedad cubana y demás ingresos dejados de percibir por víctimas y familiares, al pago de treinta y cuatro mil setecientos ochenta millones de dólares estadounidenses, equivalente a un promedio de diez millones de la misma moneda por cada uno de los fallecidos, y de diez mil cuatrocientos noventa y cinco millones de dólares estadounidenses, equivalente a un promedio de cinco millones de dólares por cada uno de los incapacitados, para un pago único por las condenas que se solicitan de ciento ochenta y un mil cien millones de dólares estadounidenses; y, de igual modo, pretenden que, de conformidad con el derecho positivo vigente en la materia, se condene al mismo demandado a que públicamente se retracte del daño moral de que han sido objeto tanto los familiares como las víctimas; y es lo cierto que antes de conocer en el fondo los hechos que se interesan demostrar, precisa dejar establecido —aunque no se discute en el pleito—, un presupuesto indispensable para la realización de la Justicia, cuál es la jurisdicción, con tanto relieve, como el hecho mismo de haberse sometido motu propio a la Sala Segunda de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana las personas jurídicas actoras, lo que efectuaron con amparo en los artículos ocho y nueve de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, y en tal virtud queda obligado éste órgano jurisdiccional a conocer la demanda, a tenor de lo que previene el artículo tres de la propia ley citada, habida cuenta de que la jurisdicción en este caso resulta indeclinable, con mayor razón cuando, a tenor del artículo seis inciso uno del propio texto legal, los Tribunales Provinciales Populares conocen en materia civil de las demandas de contenido económico en las que la cuantía o el valor de lo que se litigue sea inestimable, lo que en el subjudice acontece, luego entonces ello permite entrar a debatir el hecho y el derecho sometido a su consideración; y es una realidad que el primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve se produjo el triunfo de la Revolución Cubana, hecho éste que dio respuesta a circunstancias históricas determinadas no sólo por las condiciones neocoloniales que sufrió el pueblo de Cuba durante casi cincuenta y siete años de república mediatizada, sino también por el logro de los objetivos de plena independencia y soberanía perseguidos desde la época colonial, que llevaron a la manigua a los mambises de Yara y Baire, Revolución ésta inspirada en las luchas del pueblo desde el pasado siglo, de modo que las transformaciones estructurales emprendidas por el Gobierno Revolucionario, en especial la Ley de Reforma Agraria, trajeron como consecuencia que el demandado, por temor a que se propagara el ejemplo de Cuba por América Latina, intentara frenar el proceso en marcha, de ahí que comenzara a instrumentar primero y aplicar después, como política, planes de agresión a fin de reconquistar el país y reimplantar el sistema de dominación neocolonial, ya que no podía tolerar siquiera una revolución nacional liberadora, hecho éste que se demuestra de manera indubitada mediante el documento "Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro", que contó con la expresa aprobación de Dwight D. Eisenhower, a la sazón Presidente de los Estados Unidos de América, cuya copia desclasificada obra de estas actuaciones, medio probatorio que ha de valorarse de conformidad con el párrafo segundo del artículo doscientos noventa y seis de la ya mentada Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral como confesión extrajudicial, y que hace prueba plena en contra del demandado.----------------------

CONSIDERANDO: que es a ese propio tenor que, utilizando el demandado su Agencia Central de Inteligencia (CIA), comenzó una campaña de propaganda que pretendió desmoralizar al pueblo de Cuba y preparar a la opinión pública internacional para evitar las protestas por los actos notoriamente ilícitos a que sería sometida la Revolución Cubana, a cuyo fin utilizaban además agresiones de todo tipo, político, económico, diplomático y otras, aunando a la reacción interna, constituida por los latifundistas y otros sectores burgueses, que luchaban por no ser liquidados como clase social diametralmente opuesta a la nueva, integrada por los obreros, el campesinado y demás capas trabajadoras que regían el nuevo orden social; concibiendo como táctica, entre otras, la creación de bandas contrarrevolucionarias formadas por algunos de los ex militares de la depuesta tiranía batistiana, seudorrevolucionarios oportunistas que querían obtener beneficios personales de la Revolución, lumpen, politiqueros, prófugos de la justicia y campesinos y obreros agrícolas analfabetos que, confundidos, eran arrastrados y comprometidos con esos espúreos objetivos, bandas aquellas que comenzaron a operar en todo el territorio nacional, pero en particular en las montañas del Escambray, situada en la región central del país, las que financiadas por la CIA y con la colaboración de otras organizaciones también contrarrevolucionarias, como, por ejemplo, los mal llamados Frente Revolucionario Democrático (FRD) y el Movimiento de Recuperación Revolucionaria (MRR), así como el Movimiento 30 de Noviembre y Alpha 66, que tenían su base en el propio territorio de los Estados Unidos de América, fueron organizándose en espera de una invasión, a fin de que cuando ésta se produjera, contara con una base social que la apoyara, dedicándose en tanto a asaltar y quemar escuelas, y a robar alimentos y ropas, a los efectos de sembrar el pánico y la desconfianza en el campesinado, y así empezaron a asesinar a maestros, campesinos, administradores y obreros agrícolas, llegando incluso a arrasar con familias enteras, pertrechados con armas, municiones, explosivos, equipos de comunicación, en fin, logística totalmente de procedencia norteamericana que recibían por vía aérea, marítima e incluso por canales diplomáticos, todo lo cual encuentra apoyo en el "Informe del Inspector General de la CIA", Lyman Kirkpatrick, recientemente desclasificado y cuya copia también rola de las actuaciones, que asevera que se llevó a efecto la llamada "Operación Silencio", que consistía en la realización por la CIA de doce operaciones aéreas entre el mes de septiembre de mil novecientos sesenta y el de marzo de mil novecientos sesenta y uno para el abastecimiento con los medios referidos a las expresadas bandas, afirmando además que fueron enviadas "alrededor de ciento cincuenta y un mil libras de armas, municiones y equipos", actuación del demandado que lo coloca, siendo persona jurídica, como responsable por haber vulnerado el orden público, y en tal sentido ha de responder civilmente como en derecho corresponde.------------------

CONSIDERANDO: que a mayor abundamiento de lo expuesto, queda acreditado con el "Meorándum de una Conferencia con el Presidente en la Casa Blanca", de diecisiete de marzo del año mil novecientos sesenta, copia del cual, que al estar desclasificado, fue oportunamente unido a las actuaciones y hace también prueba plena en contra del referido Gobierno de Estados Unidos de América, del propio modo al que se contrae el primer considerando de la presente, por la razón de que Dwight D. Eisenhower era su máximo representante legal, que las referidas bandas actuaron bajo la indicación directa del demandado, que creó y financió también una radio subversiva con cobertura comercial para realizar transmisiones de onda corta y media, y alentar a los bandidos para obtener su finalidad, que no es cosa distinta que el derrocamiento del régimen que se dio el pueblo de Cuba y del que actualmente disfruta, estación aquella que fue terminada y puesta en el aire con pruebas de señales el diecisiete de mayo del propio año, con lo cual se demuestra el apoyo del referido Gobierno a la subversión, dejando de ser encubierta la participación de los Estados Unidos de América en apoyo a la actividad contrarrevolucionaria.---------------

CONSIDERANDO: que tras la derrota de la invasión de Playa Girón, el Gobierno de los Estados Unidos de América trató de incrementar las bandas contrarrevolucionarias, y en el año mil novecientos sesenta y dos, en el Escambray, éstas pasaron de cuarenta y dos en el mes de marzo a setenta y nueve en septiembre; vale mencionar en la zona en cuestión las de Sinecio Walsh, Evelio Duque Millar, Osvaldo Ramírez García, Tomás Pérez Díaz, conocido por San Gil, Julio Emilio Carretero Escajadillo, Blas y Benjamín Tardío Hernández, este último alias Pangüin, Rubén González León, conocido por el Cordovés, Alfredo Borges, conocido por Maro, y José Jiménez León, conocido como Cheíto, entre muchos otros, conociéndose que entre mil novecientos cincuenta y nueve y mil novecientos sesenta y cinco operaron en la zona unas cincuenta y cuatro bandas que aglutinaron mil doscientos elementos; por otra parte, en Pinar del Río actuaron las bandas de Luis Lara Crespo, conocido por Cabo Lara, y Pastor Rodríguez Roja, conocido por Cara Linda, y además fueron infiltrados los ciudadanos norteamericanos Austin Young y Peter John Lambton, quienes asesinaron al combatiente Manuel Cordero Rodríguez, actuando también las bandas de Esteban Márquez Novo, conocido...

por Comandante Valle, Orlando González, Pedro Celestino Sánchez Figueredo, Bernardo Corrales Camejo y, entre otros más, José M. Olivera Rodríguez y Francisco Robaina Domínguez, conocido por Machete, bandas que agruparon cuatrocientos elementos opuestos a la Revolución; y en la provincia de La Habana, llegaron a existir sesenta bandas pequeñas cuyos jefes más connotados fueron José Fernández Chávez, Prudencio Blanco, conocido por Puro Sosa, Filiberto Coto, conocido por el Pipero, Fausto Cardó, El Indio, Ramón Montenegro y el Guajiro Martínez; en la provincia de Matanzas accionaron cuarenta y ocho bandas que aglutinaron unos seiscientos bandidos y colaboradores, destacándose por sus crímenes las comandadas por José Manuel Santamaría Rodríguez, conocido por Papito, Juan José Catalá Coste, conocido por el Pichi, Gerardo Fundora Núñez, Erelio Peña Fernández y la de Jorge Fundora, quien era agente de la CIA; y todas esas bandas, aunque en menor medida, se extendieron hasta la provincia de Oriente, pasando por Camagüey, realizando hechos vandálicos de tal magnitud como fueron la quema de cañaverales, el sabotaje a los servicios públicos, así como el ataque a poblados y zonas rurales indefensas, donde asesinaron a sus pobladores, como es el caso de la familia Pío Romero, masacrada de modo tal que quedó prácticamente extinguida por el actuar de las mismas, al irrumpir en su humilde vivienda el tristemente célebre Carretero, que haciendo total y absoluta abstracción de que se trataba de personas de avanzada edad y enfermas, las acribilló a balazos y bayoneteó a José Pío Romero Rojas, a su hermana Ana Romero Rojas, que sufría en aquel instante un ataque epiléptico, a la que además le destrozaron uno de sus senos, muriendo también Eustaquio Polo Romero, sobrino del primero, y recibiendo la esposa de José Pío un culatazo que le fracturó uno de sus omóplatos, y a otra de las hijas del matrimonio, de apenas catorce años, le quebraron la clavícula y a la otra, de un golpe de fusil "casi le arrancan un seno", como afirma Bartolo Rafael Romero Rojas, testigo presencial del hecho descrito y miembro de la familia agredida, lo que corroboran además los testigos que en el acto depusieron, nombrados Abilio Riquelme Casañas y Emilio Efraín Hernández Pérez, o el caso de la familia de Fidel Claro Álvarez, quien era administrador de una finca y, por su apoyo a la Revolución, los bandidos el día veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y uno asaltaron su casa, dándole muerte a él, a su esposa María Luz, que estaba embarazada, y a quien como afirma el testigo ya mencionado Emilio Efraín Hernández Pérez "le desbarataron el vientre y le sacaron el feto de cinco meses [...] contando un total de cuatrocientos impactos de bala en dos o tres metros" , así como causando heridas de bala en la cabeza al menor Edilio de nueve años, que sufre aún las secuelas del daño provocado, lo que igualmente afirma el propio Fidel Claro Granela, hijo del asesinado campesino; pero los bandidos no se detuvieron ahí, y aprovechando que en Cuba se llevaba a efecto una de las obras más humanas nunca antes vista, como resulta ser la noble tarea de alfabetizar para enseñar a leer y escribir a los pobladores de la Isla que no habían tenido esa oportunidad, incluyendo a aquellos que habitaban los lugares más recónditos, comenzaron, con el evidente propósito de sembrar el terror para sabotear la Campaña de Alfabetización, a masacrar y asesinar, y así, el cinco de enero de mil novecientos sesenta y uno asesinaron al joven maestro voluntario Conrado Benítez García en unión del campesino Eliodoro Rodríguez Linares, en Las Tinajitas, San Ambrosio, Trinidad, Sancti Spíritus, hecho macabro ejecutado por la banda de Osvaldo Ramírez García; y el tres de octubre de ese propio año, el maestro Delfín Sen Cedré en unión del campesino Tomás Hormiga fueron apresados y torturados salvajemente en la finca Novoa, Quemado de Güines, Las Villas, por la banda de Margarito Lanza Flórez, conocido por Tondike, llegando al extremo de, aún con vida, mutilarles sus genitales y lengua, para finalmente ahorcarlos con alambre de púas, de todo lo cual se arriba a la convicción por los testimonios de Aníbal Velaz Suárez, Eugenio Trujillo Hernández, Juan Collazo Trueba y Angel Eustaquio Moreno Urquiza, saña monstruosa que se evidencia, además, en el trato que recibiera el adolescente Manuel Ascunce Domenech, cuyo único delito fue el de ser el maestro de una casa de campesinos, concretamente la de Pedro Lantigua Ortega, quien junto a éste resultó asesinado el veintiséis de noviembre de mil novecientos sesenta y uno en la finca Palmarito, Río Ay, Trinidad, Sancti Spíritus, particular este que se corroboró con la declaración de los testigos Jacinto Lantigua de la Viña, Evelia Domenech Sacerio, Eugenio Trujillo Hernández, Manuel Monteagudo Consuegra y Tomasa del Pino Suárez, así como con el elocuente testimonio de Orlando Lorenzo Castro.-------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: que incontables son los casos en que se aprecia el esfuerzo de esos elementos a los que se hace referencia en los considerandos precedentes, por alcanzar sus viles propósitos, y así la historia ha recogido lo que de forma contundente e irrebatible quedó harto probado ante esta Sala, que confirma el hecho triste pero notoriamente conocido de que los niños cubanos también fueron víctimas de aquellos atropellos por el actuar ilícito del demandado, que, conociendo los resultados de su acción, lejos de evitar más derramamiento de sangre continuó incitándola, y por esas razones ocurrieron otros hechos como el caso del ametrallamiento de un jeep que circulaba el diez de octubre de mil novecientos sesenta por la carretera de Madruga a Ceiba Mocha, producto del cual perdió la vida Reynaldo Núñez-Bueno Machado, de veintidós meses de nacido, conjuntamente con su madre, crimen que fuera perpetrado por la banda de Gerardo Fundora; y lo ocurrido a los hermanos Yolanda y Fermín Rodríguez Díaz, de once y trece años de edad respectivamente, que fueron asesinados el veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y tres en la finca La Candelaria, Bolondrón, Pedro Betancourt, Matanzas, por la banda de Juan José Catalá Coste; e igual suerte corrió el joven Andrés Rojas Acosta, ahorcado el trece de marzo de mil novecientos sesenta y dos en San Nicolás de Bari, La Habana, con la misma soga que estaba utilizando para amarrar su cerdo, crimen que fuera cometido por la banda del mercenario Waldemar Hernández; o el del cuatro de marzo de mil novecientos sesenta y tres, realizado por el bandido Delio Almeida, quien, en represalia ante el lícito, legítimo y genuino actuar en defensa de la Patria de las Milicias Nacionales Revolucionarias, dio muerte al niño Abilio Sánchez Rodríguez de diez años de edad, siendo destacable por su carácter abominable y monstruoso el fallecimiento en Vertientes, Camagüey, de los menores Xiomara, Elcida y Pedro Tomás, de cuatro, siete y ocho años de edad respectivamente, quienes resultaron destrozados al estallar el cuatro de abril de mil novecientos sesenta y nueve una granada de fragmentación con la que inocentemente jugaban luego de encontrarla en un escondite entre los arbustos, donde la había guardado junto a otras tres el contrarrevolucionario Alejandro Blay Martínez, quien a su vez las había recibido en mil novecientos sesenta y uno del también contrarrevolucionario Pedro Algimiro Brizuela González, miembros ambos de la organización Movimiento Demócrata Cristiano, obviamente de carácter terrorista, que en su primera etapa colaboró abiertamente con el bandidismo, prueba de cada uno de los particulares expuestos que constan de las actuaciones, de modo especial por documentos, que obligan a este Tribunal a presumir que la realidad histórica ha de convertirse por la presente en verdad jurídica y, en consecuencia, tiene fuerza de ley.-

CONSIDERANDO: que en igual sentido los deponentes y documentos examinados permiten al Tribunal que resuelve aseverar que los mismos elementos integrantes de las bandas a que se ha hecho alusión en los considerandos que anteceden, dieron muerte el quince de noviembre de mil novecientos sesenta y dos al joven de diecisiete años Jesús Sardiñas Álvarez, que estando herido fue quemado vivo en franco olvido del más preciado de los valores como resulta ser la vida humana, lo que se refleja también en el asesinato del humilde campesino José Taurino Galindo, quien una vez torturado fue atrozmente asesinado por el sólo motivo de simpatizar con el proceso revolucionario, y por ello hasta le cercenaron sus genitales y su lengua y posteriormente lo colgaron con alambre de púas, habiendo recibido en su cuerpo múltiples heridas de bayoneta y punzonazos, hecho que se corrobora con la declaración de los testigos Eugenio Trujillo Hernández y Juan Collazo Trueba, unido además a la correspondiente certificación de su defunción que consta de autos; o el incivilizado y sangriento hecho llevado a cabo por integrantes de la banda de Tomás San Gil, que el quince de septiembre de mil novecientos sesenta y dos apresaron a tres dirigentes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) que viajaban en funciones propias de su trabajo y les dieron muerte no sin antes haberlos castrado, sacados los ojos y propinado múltiples bayonetazos, enlutando así a otras tres de las tantas familias cubanas que hoy representan las organizaciones demandantes, hechos que también se acreditan mediante las declaraciones prestadas por los testigos Juan José González Pérez y Belisario Dionisio Izquierdo Camacho; aberraciones las expuestas que se reiteran en el caso del fallecimiento del campesino Bernardo Jiménez Núñez, padre de seis menores, que después de haber sido torturado fue ahorcado en el portal de su propia casa, donde lo encontró su esposa María Cristina Fuentes Rosabal, que manifestó haberlo visto salir un rato antes, en la madrugada, a buscar la leche y el sustento de su familia, y cuando lo volvió a ver ya era cadáver; o la no menos triste noticia para la familia Arcos Luque del fallecimiento de su hijo Alberto, de veintiún años, quien el veinticuatro de mayo de mil novecientos sesenta y cinco en un lugar conocido como Río La Gallina, Manatí, Las Tunas, en una acción de cerco, fue herido en un tobillo y desarmado, para finalmente ser rematado por uno de los bandidos, impidiéndole conocer a su hijo que estaba por nacer, demostrando con ese actuar inhumano la falta de ética de la bandidesca engendrada por el Gobierno norteamericano, que de una u otra forma se hace presente en la muerte de un total de quinientas cuarenta y nueve personas y la incapacitación física de otro gran número, de los cuales sobreviven a la fecha, tal y como aseveran los demandantes, doscientas personas, como por ejemplo, el miliciano De La Hoz, que a consecuencia de las lesiones recibidas quedó cuadraplégico, o del también miliciano Gregorio Roberto Triana Cabrera, herido a los quince años y al que hubo que amputarle una pierna a la altura del muslo, habiendo quedado incapacitado de por vida, o Juan Francisco Rodríguez Crespo, quien producto del bandidismo perdió el brazo derecho al caer en una emboscada, o Víctor Manuel Ja Morales, que tiene la pierna derecha amputada en el tercio medio superior y motivó su incapacidad total para desempeñar sus labores habituales, limitándolo en el desarrollo de su vida laboral y social, hechos estos últimos que, entre otros muchos más, constan de la prueba de reconocimiento judicial oportunamente practicada por este órgano jurisdiccional unido a la declaración de los testigos que en el acto depusieron.-------

CONSIDERANDO: que, pese a lo expuesto, a partir de mil novecientos sesenta y tres muchas bandas contrarrevolucionarias perdieron beligerancia al producirse su desarticulación debido a la persecución revolucionaria, que a través de las Milicias Nacionales Revolucionarias y el Ejército Rebelde, integrados en la Lucha Contra Bandidos (LCB), les impedían subsistir y les hacían perder contacto con la CIA, pues los agentes que ésta enviaba eran capturados, y es así que los principales cabecillas de las bandas contrarrevolucionarias buscaban afanosamente la salida del país, pues la descomposición moral de éstas alcanzó su más alto grado, y entre mil novecientos sesenta y cuatro y mil novecientos sesenta y cinco se apresaron los últimos bandidos, siendo decisivo el papel además desempeñado por los combatientes del Ministerio del Interior, que, en no pocas oportunidades, con riesgo aún para sus propias vidas, pusieron al descubierto a las referidas bandas pues era indispensable para la tranquilidad ciudadana, al realizar un trabajo de penetración y obtención de información para su ubicación y cerco, por la característica nómada de los bandidos, que presentaban combate exclusivamente cuando trataban de escapar, todo lo cual quedó acreditado igualmente con la declaración ofrecida por los testigos, que con el carácter de voluntarios comparecieron ante éste órgano jurisdiccional.----------------

CONSIDERANDO: que es un hecho notorio, y que releva a los actores de su probanza, el que la invasión mercenaria de Playa Girón constituyó la primera gran derrota del imperialismo norteamericano en América Latina y demostró a la vez la heroicidad y capacidad combativa del pueblo cubano, y al propio tiempo constituye una prueba más de las agresiones que de modo sistemático ha ejecutado el Gobierno de los Estados Unidos de América contra la Nación cubana, todo lo cual demuestran las pruebas de documentos y testigos practicadas por la Sala, y fundamentalmente el "Informe del Inspector General de la CIA", Lyman Kirkpatrick, al que se refiere el segundo de los considerandos de esta sentencia y que fuera redactado unos meses después de la invasión por la Bahía de Cochinos, del cual aparece, al tratar el tema de la organización y etapas de la operación encaminada a la invasión mercenaria, de manera categórica, la participación directa del Presidente de los Estados Unidos de América, de la CIA, del Estado Mayor Conjunto del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea y de la Infantería de Marina de dicho país, y asimismo se constata que desde el diecisiete de marzo de mil novecientos sesenta el Gobierno demandado adoptó formalmente un programa al que denominó "...de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro", aprobado, como antes se refirió, por el Presidente Eisenhower, y entre las medidas indicadas a la CIA se encontraba la de desarrollar fuera de Cuba una pequeña fuerza paramilitar para ser introducida dentro de la Isla con el objetivo de organizar, entrenar y dirigir grupos de resistencia, y en ese mismo documento aparece que en la reunión efectuada para su aprobación estaban presentes los más altos funcionarios del Gobierno norteamericano, entre los que se encontraban el Vicepresidente Richard Nixon, el Secretario de Estado Christian Herter, el Secretario del Tesoro Robert B. Anderson, el Secretario Asistente de Defensa John N. Irwin, el Subsecretario de Estado Livingston T. Merchant, el Secretario Asistente de Estado Roy Rubottom, el Almirante Arligh Burke, del Estado Mayor Conjunto, el Director de la CIA Allen Dulles, así como los altos oficiales de dicha agencia Richard Bisell y J. C. King, y los funcionarios de la Casa Blanca Gordon Gray y el general Andrew J. Goodpaster; y según memorándum recientemente desclasificado sobre la expresada reunión, cuya copia obra unida a estas actuaciones, el que se valora a tenor de la misma regla legal mencionada, el citado Goodpaster anotó que: "...el Presidente dijo, que él no conocía plan mejor para manejar esta situación. El gran problema es la filtración y las fallas de seguridad. Todo el mundo tiene que estar dispuesto a jurar que él, no sabe nada de esto. Dijo que nuestras manos no deben aparecer en nada de lo que se haga", texto el expuesto que demuestra una vez más la participación directa del demandado en los hechos controvertidos, y, es más, del propio informe se aprecia un conjunto de acciones ejecutadas por la CIA con el objetivo de atacar a la Revolución Cubana, entre las que se destaca la creación por parte de esta Agencia de un grupo especial para dirigir las operaciones contra Cuba, apoyándose en las transmisiones de la emisora Radio Swan, y que resulta ser la misma emisora a que se hace referencia en el considerando tercero de esta resolución; el envío de veinticinco mil dólares en armas a la base de entrenamiento que la CIA había organizado en Panamá para los exiliados cubanos y que fue activada el once de mayo de mil novecientos sesenta; el veinticinco del propio mes y año, en Miami, se produce la apertura de otra base en el distrito de negocios de Coral Gables bajo cobertura de una firma de Nueva York que era respaldada por un contrato de defensa; la también apertura el quince de junio de un centro de comunicaciones con cobertura del ejército en la que había sido estación aeronaval de Richmond, bajo arrendamiento de la Universidad de Miami; el comienzo en el mes de julio del propio año de un programa de entrenamientos aéreos, habiéndose negociado la entrega de aviones y de profesores de instrucción de pilotos, así como el mantenimiento de naves; y, por si fuera poco, en el mes de agosto se presentó al Presidente de Estados Unidos un documento que esbozaba las operaciones a ejecutar contra Cuba, que fue aprobado, y a finales de septiembre se produjeron de manera casi simultánea la primera operación marítima y el primer lanzamiento de carga en paracaídas sobre Cuba, designándose en ese propio mes como jefe del personal paramilitar de estas operaciones al Coronel de Infantería de Marina Jack Hawkins, al otorgársele una importancia mayor a la creación de una fuerza de asalto. Es así que durante los primeros meses del año mil novecientos sesenta y uno se comienza a utilizar la base militar de Fort Knox, perteneciente al ejército de Estados Unidos, con el objeto de entrenar a los tanquistas, al propio tiempo...

que se utilizó en New Orleans, Estados Unidos, el depósito de municiones del ejército en Belle Chase, de donde partió posteriormente el LSD con los tanques que el diecisiete de abril desembarcaron en Cuba con la brigada mercenaria; pero antes de eso, desde el día veintinueve de noviembre de mil novecientos sesenta, el Presidente de Estados Unidos había concedido autorización para los golpes aéreos tácticos, y dado permiso para contratar pilotos norteamericanos, lo que reafirmó el tres de enero del año siguiente, es decir, de mil novecientos sesenta y uno; y el día veintiocho de ese propio mes y año, el nuevo Presidente John F. Kennedy autorizó que la CIA continuara con las actividades descritas, lo que significa que convalidó e hizo suyo todo lo realizado en este aspecto por la Administración anterior, y es de ésta manera que a finales de marzo del expresado año mil novecientos sesenta y uno, barcos con equipos de la fuerza de asalto llegaban a Nicaragua, mientras que el campamento de Guatemala continuaba recibiendo reclutas para la invasión.--------------------------------------

CONSIDERANDO: que también es notorio que el quince de abril de mil novecientos sesenta y uno se produjeron ataques aéreos a los aeropuertos de Ciudad Libertad, de Santiago de Cuba y de San Antonio de los Baños por ocho aviones B- 26, día a partir del cual, según afirman además los testigos, se incrementan las transmisiones de Radio Swan y aumenta la propaganda escrita distribuida por medio de volantes lanzados desde aviones; detallándose además en el informe precitado que el día dieciséis de abril se reunió la flota invasora, que estaba compuesta por dos LCI propiedad de la CIA, un LSD propiedad de la Marina de Guerra Norteamericana —que llevaba dentro tres LCV y cuatro LCVP—, todos cargados de abastecimientos y siete cargueros fletados; y los buques llevaban treinta y seis lanchas de aluminio para desembarcar el personal; embarcaciones las señaladas que participaron en la invasión, excepto tres cargueros que debían llegar posteriormente con abastecimiento para las fuerzas de tierra y aire, estando además artilladas las mencionadas naves con ametralladoras calibre cincuenta y teniendo montado cada LCI dos fusiles sin retroceso de setenta y cinco milímetros sin contar las armas personales que portaba cada mercenario; y vale destacar que el armamento incluía también ametralladoras de calibre treinta, morteros de sesenta y ochenta y un milímetros, fusiles sin retroceso, lanza cohetes y lanza llamas, que contaban con cinco tanques M- 41, doce camiones pesados armados, un camión cisterna para combustible de aviación, un tractor grúa, una retroexcavadora, dos grandes camiones cisterna de agua y numerosos camiones y tractores; estando compuesta la brigada invasora por mil quinientos once hombres, ubicados todos en los barcos, con excepción de un batallón de paracaidistas de ciento setenta y siete hombres; fuerza total que se distribuía en cinco batallones de infantería, un batallón de armas pesadas, un batallón de paracaidistas, más otras unidades menores que fueron trasladadas por aire en tres noches sucesivas de Guatemala a Nicaragua, donde tomaron los barcos precargados en New Orleans, que fueron custodiados por la Marina de Guerra de Estados Unidos para reunirse a cuarenta millas de Cuba y de ahí hasta cinco kilómetros del lugar de desembarco, donde se unieron con el LSD "San Marcos" de la Marina de Guerra de Estados Unidos, que traía los tanques. A mayor abundamiento de lo expuesto, hay que admitir, como lo reconoce el propio informe, que en una base de Annistons, Alabama, había abastecimientos listos para ciento cincuenta mil hombres, y que el día dieciocho de abril de mil novecientos sesenta y uno, seis aviones tipo B-26, piloteados dos de ellos por norteamericanos, atacaron una columna que iba hacia Playa Girón con bombas de napalm, y que el día diecinueve de abril otros dos B-26, piloteados dos de ellos también por norteamericanos, fueron derribados por los T- 33 cubanos.--

CONSIDERANDO: que en el libro "Respuesta", del que es autor el que fuera jefe de la brigada invasora, nombrado José Pérez San Román, valorado conforme dispone el artículo doscientos noventa y siete del texto procesal citado, es visto que aquél reconoce haber sido reclutado por la CIA en mayo de mil novecientos sesenta, y que pasó entrenamiento en Fort Gulick, Panamá, y en la base Trax, en Guatemala, y fue nombrado al frente de la brigada por instructores norteamericanos, así como que el Presidente Kennedy el día dos de diciembre de mil novecientos sesenta y dos le hubo de exponer personalmente las razones que tuvo el Gobierno norteamericano para aceptar su responsabilidad por el fracaso de la brigada, y afirma el propio San Román que oficiales del Departamento de Estado revisaron los planes de invasión a Cuba por Girón y que el Presidente asumió la responsabilidad final, todo lo cual aparece en la página veintitrés del mencionado libro, en que se expresa que la razón de la cabeza de playa a conquistar por los mercenarios era "...establecer una porción de territorio cubano libre, al que debía haber sido llevado inmediatamente el ampliamente representativo gobierno cubano en el exilio, al cual le sería concedido reconocimiento internacional, con sus consecuentes apoyos político, económico y militar que había sido preparado, listo para cumplimentarse por el Gobierno de Estados Unidos con varios países de América Latina...", y más adelante para reafirmar quién tenía el verdadero mando de la acción invasora, expresa el autor que ante la retirada del "Blagar" —buque de la flota mercenaria—, le ordenó al capitán del barco mantener su posición y pelear, pero éste le contestó que "...una autoridad superior me ha ordenado lo contrario...", con lo que se refería de manera evidente al coronel Hawkins, oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que se encontraba en Puerto Cabezas, Nicaragua, reconociendo en otra de las partes del documento citado que existía una comunicación directa con el grupo asesor de los Estados Unidos en la Sala de Guerra a través de Grayson Lynch, quien retransmitía desde el portaaviones "Boxer", de la armada perteneciente al demandado. Por su parte, otro participante en la invasión pero como miembro de la fuerza aérea invasora, lo fue Eduardo Ferrer, autor del libro titulado "Operación Puma", en el que asevera que aviadores norteamericanos participaron en la invasión, y que el mencionado Coronel de la Infantería de Marina del Gobierno demandado, Jack Hawkins, era el Jefe de la Brigada dos mil quinientos seis, y describe los bombardeos a los aeropuertos de Santiago de Cuba, de Ciudad Libertad y de San Antonio de los Baños; además, en otro libro, que implica directamente al demandado en calidad de autor intelectual y material y cuyo título es "Bahía de Cochinos", sus autores, Johnson, Artime —jefe político de la invasión—, San Román, Oliva, —segundo jefe militar de la invasión— y Ruiz-Williams, segundo jefe del batallón de armas pesadas, narran pormenorizadamente las operaciones de la brigada mercenaria y señalan que el tres de marzo de mil novecientos sesenta y tres el Presidente Kennedy declaró que los pilotos norteamericanos fallecidos al ser derribado un avión mercenario en el central "Australia", murieron al servicio de su patria, hecho éste que demuestra una vez más el nexo causal entre el demandado y el resultado producido, al haber sido valoradas estas dos últimas pruebas de documentos, conforme a la eficacia que a las mismas le otorga el precepto legal antes mencionado.-----------------------------

CONSIDERANDO: que igualmente ha quedado acreditado, que la invasión mercenaria con sus criminales bombardeos a lugares poblados como el caso de Pálpite, el ataque a grupos de civiles que se evacuaban en camiones, el uso del napalm, así como el maltrato a mujeres y niños al ser hechos prisioneros, no obstante ser integrantes de la población civil, ocasionó al pueblo de Cuba la pérdida de ciento setenta y seis de sus valiosos hijos; trescientos resultaron heridos, de los cuales cincuenta quedaron incapacitados para el desempeño de sus labores habituales; los testimonios que bajo apercibimiento se ofrecieron a la Sala por los testigos que depusieron, valorados conforme a los principios y reglas de la lógica, teniendo en cuenta la razón de conocimiento de los mismos, así como las circunstancias que en ellos concurrían, constituyen una prueba irrefutable del daño producido a humildes familias cubanas, como resulta ser el caso de Hirtolidia Angulo Cabrera, que al narrar la pérdida de varios de sus familiares, entre ellos su menor hija nombrada Dulce María, mostró el dolor que siente y que no ha podido atenuar a pesar del tiempo transcurrido, o el de Nemesia Rodríguez Montano y su padre Liborio Rodríguez Castro, a los que el cobarde bombardeo les privó de su madre y esposa respectivamente, quedando inválida por ese mismo hecho, la madre de éste último, pero también enlutadas fueron las familias de combatientes que, ripostando el daño causado por la agresión, perecieron, y muestra de ello lo constituye la declaración prestada por Celestina Álvarez Muñoz, que atestiguó sobre la muerte de su hermano miliciano Dagoberto de iguales apellidos, que resultó víctima con sólo veintisiete años de edad al ser privado de la vida, o el caso del capitán Luis Artemio Carbó Ricardo, sobre el que dos testigos de los hechos controvertidos, como resultan ser Efigenio Ameijeiras Delgado y Samuel Rodiles Planas, aseveran que con gallarda valentía ofrendó su vida ante el mercenario ataque, y prueba de lo anterior también lo es la documental fílmica que con amparo en el artículo doscientos noventa y nueve de la Ley de Procedimiento Civil expresada fue practicada y permitió corroborar la muerte del miliciano Eduardo García Delgado, ocurrida durante el preludio de la invasión al producirse los bombardeos a los aeropuertos también mencionados, en su caso concretamente el de Ciudad Libertad, quien escribió antes de morir con sangre propia el nombre de Fidel, en franca alusión al líder de la Revolución; prueba de estos fallecimientos que queda acreditada, además, con las correspondientes certificaciones de defunción expedidas con las formalidades legales.----------------------------------

CONSIDERANDO: que, por todo lo expuesto en los considerandos precedentes, es dable concluir que el objetivo de la invasión mercenaria era destruir la Revolución, y para ello no importó asesinar niños, mujeres, civiles inocentes o combatientes que la repelían, y de ello es responsable el Gobierno de los Estados Unidos de América que captó, reclutó, entrenó, financió y armó a la brigada mercenaria, y dirigió la invasión, en la cual participó además personal de su cuerpo armado, esto es, del ejército de los Estados Unidos, dando protección durante su traslado a la Isla a la tropa mercenaria, y, por si fuera poco, intentó rescatarla cuando estaba derrotada, utilizando destructores de su Marina de Guerra y aviones de su Fuerza Aérea, tal como afirmó el testigo de mayor excepción, José Ramón Fernández Álvarez, situación fáctica que obliga a la Sala a admitir que se trata de actos ilícitos y, como tal, engendran obligaciones para su autor, a todas luces el demandado rebelde, habida cuenta que aquellos constituyen fuente de obligaciones y de modo específico la de responsabilidad civil, todo ello al amparo de lo que establece el artículo ochenta y uno en relación con el ochenta y dos y ochenta y tres y noventa y cinco inciso uno, todos del vigente Código Civil.----------------------------------------

CONSIDERANDO: que el hecho sexto de la demanda versa sobre el enclave naval de Guantánamo, base establecida en Cuba desde hace casi cien años en virtud, como afirman los actores, "...de un convenio confuso y pérfidamente redactado..."; y al valorar la prueba de peritos practicada con criterio racional, conforme preceptúa el artículo trescientos quince de la ley de trámites civiles, resulta acreditado que a partir del año mil novecientos cincuenta y nueve, con el triunfo de la Revolución, la situación alrededor de la expresada base se tornó especialmente tensa, la que se mantuvo hasta mediados de la década de mil novecientos noventa, lapso en el que se producen una cantidad considerable de violaciones y provocaciones desde el interior de la misma, las que han constituido actos de alta peligrosidad, habida cuenta de que la realización sistemática por parte del personal militar norteamericano de esos hechos ilícitos, constituyen la esencia indispensable del daño que por vidas humanas en este hecho de la demanda se reclama, por la razón de que estas provocaciones costaron la vida a ciudadanos civiles y combatientes cubanos y sólo la serenidad de quienes custodiaban la delimitación con la instalación naval, unida a la inteligencia de la dirección de la Revolución, han podido evitar una respuesta a la agresión que hubiese permitido dar un pretexto a Estados Unidos para llevar a cabo un acto de mayor envergadura, en otros términos, una agresión a gran escala, cuestión ésta que a partir del fracaso mercenario de Playa Girón adquirió un especial significado, al quedar demostrado con un catálogo presentado a la consideración de la Junta de Jefes de los Estados Mayores del Gobierno demandado para su aprobación, y que se denomina "Pretextos para justificar la intervención militar de Estados Unidos en Cuba", de reciente desclasificación, que relaciona entre sus objetivos la base naval de Guantánamo a los efectos de utilizarla en contra del pueblo de Cuba, a extremo tal, que el propio documento textualmente expresa: "...una serie de incidentes bien coordinados serán planificados para que se realicen en Guantánamo y sus alrededores, para dar apariencia genuina de que han sido ejecutados por fuerzas cubanas hostiles..."; previendo de esta manera incidentes que simularan de forma creíble un ataque y la respuesta de Estados Unidos que podrían llegar incluso a ser ofensivas para capturar las fuentes de agua y energías, y destruir posiciones de la artillería y morteros cubanos, así como preparar en la oportunidad adecuada el hundimiento de un buque en la bahía de Guantánamo y culpar a Cuba de ello; además, ha quedado igualmente probado que desde mil novecientos sesenta y dos se realizaron cinco mil doscientas treinta y seis provocaciones desde la base, en el que están inmersos lanzamientos de objetos, disparos hacia nuestro territorio, apuntar con armas hacia el territorio libre, ofensas verbales y gestos obscenos y otras provocaciones, y ocho mil doscientas sesenta y dos violaciones que incluyen las del límite divisorio terrestre, las del espacio aéreo, las de las aguas jurisdiccionales; la primera de estas acciones mencionadas costaron la vida en julio de mil novecientos sesenta y cuatro y en mayo de mil novecientos sesenta y seis a los soldados del Batallón Fronterizo Ramón López Peña y Luis Ramírez López, así como heridas a otros combatientes como Andrés Noel Larduet y Berto Belén Ramírez, las que a pesar del tiempo transcurrido pudieron ser apreciadas por la Sala al praticarse la prueba de reconocimiento judicial al amparo del artículo trescientos dieciséis de la ley procesal civil.---------------------

CONSIDERANDO: que con la amplia prueba documental y testifical practicadas, apreciadas conforme a los principios y reglas de la lógica, y teniendo en cuenta la razón de conocimiento que han ofrecido y las circunstancias que en cada uno de los testigos concurren, ha quedado debidamente probada la tortura y el asesinato de humildes ciudadanos del pueblo cubano, algunos de ellos trabajadores del tantas veces aludido enclave naval, y así se constata que el quince de enero de mil novecientos sesenta y uno fue detenido y torturado el obrero Manuel Prieto Gómez, que al testimoniar ante la Sala narró detalladamente todo lo que le aconteció desde que fue hecho prisionero y cómo se ensañaron física y psicológicamente en su persona funcionarios al servicio de la instalación naval; por su parte, al prestar declaración Evangélica López González y narrar el sufrimiento que causó a su familia el salvaje asesinato de su padre Rubén López Sabariego, aseveró ante la Sala el cinismo y la crueldad de los funcionarios de la Base Naval por quienes habrá de responder el demandado, conforme establece el artículo noventa y cinco inciso uno del vigente Código Civil, por la razón de que a los quince días de haber sido detenido López Sabariego, fue que se le informó del hallazgo del cuerpo de su padre que llevaba varios días muerto y presentaba fracturas y otras lesiones como muestra fehaciente e indubitada de las torturas a que fue sometido; así como el testimonio rendido por la viuda del humilde pescador Rodolfo Rossell Salas, que se nombra Simplicia Bertot, y que acreditó a la Sala el vil asesinato y tortura del que fue objeto su esposo, al que incluso se le perforó el cráneo con un instrumento punzante; por último hay que concluir que con todo el material probatorio que se aportó por los demandantes de conformidad con el artículo doscientos cuarenta y cuatro de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, ha quedado debidamente demostrada la responsabilidad del demandado por la muerte de ocho ciudadanos cubanos y el estado de incapacidad de otros quince como consecuencia de las agresiones provenientes de la Base Naval de Guantánamo, todo lo que fuerza a la Sala a estimar que debe el Gobierno de los Estados Unidos de América responder civilmente por tal resultado, conforme preceptúan los artículos ochenta y uno, ochenta y dos, ochenta y tres y noventa y cinco inciso uno del Código Civil cubano.---------------------------------

CONSIDERANDO: que sentado lo anterior y establecidas por el demandado las condiciones a que se refieren los considerandos precedentes, emprendió acciones encubiertas contra Cuba, incluidos...

ataques aéreos y navales, y es así que pequeños aviones procedentes del territorio de Estados Unidos comenzaron a infiltrar agentes, armas y otros medios y realizaron sabotajes, bombardeos y otras acciones terroristas con el propósito deliberado de impedir el desarrollo de la Revolución, y de esa forma, con la prueba de testigos practicada y la de documentos que de manera indubitada a tenor de los artículos doscientos ochenta y cinco y doscientos noventa y nueve también se practicó en relación con el trescientos cuarenta y ocho, todos de la vigente Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, queda demostrado que el once de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve, un avión lanzó dos bombas incendiarias sobre el central "Niágara" en la provincia de Pinar del Río; y el diecinueve de ese propio mes y año, otro arrojó dos sobre el central "Punta Alegre" en la provincia de Camagüey, y el veintiuno, un avión bimotor ametralló a la ciudad de La Habana provocando varios muertos y decenas de heridos, mientras otra avioneta arrojaba propaganda subversiva, así como que el día veintidós fue ametrallado un tren de pasajeros en la provincia de Las Villas, y el día veintiséis distintas avionetas atacaron los centrales "Niágara" y "Violeta"; y en el mes de enero de mil novecientos sesenta, en pleno desarrollo de la zafra azucarera, se multiplicaron los vuelos sobre los cañaverales, y de esa manera el día doce fueron incendiadas desde el aire quinientas mil arrobas de caña en la provincia La Habana, el día treinta se perdieron otras cincuenta mil arrobas, en esta oportunidad en el central "Chaparra" en la antigua provincia de Oriente, y el primero de febrero fueron incendiadas más de cien mil arrobas en la provincia de Matanzas, confirmándose además, con la misma prueba aludida, que el veintiuno de enero un avión arrojó cuatro bombas de cien libras cada una sobre la zona urbana de Cojímar y Regla, en la capital del país; que el siete de febrero una avioneta incendió un millón y medio de arrobas de caña en los centrales "Violeta", "Florida", "Céspedes" y "Estrella" en Camagüey, y el dieciocho un avión que bombardeaba el central "España" en la provincia de Matanzas fue destruido en el aire por una de sus propias bombas, identificándose al piloto como Robert Ellist Frost, ciudadano norteamericano que había salido del aeropuerto de Tamiami, Florida, Estados Unidos, según consta de la carta de vuelo y otros documentos hallados en el cadáver, que indican que el expresado norteamericano había realizado en tres ocasiones anteriores ataques aéreos contra Cuba, y, asimismo, el día veintitrés de febrero varias avionetas regaron cápsulas incendiarias en las fábricas de azúcar "Washington" y "Ulacia" en la antigua provincia de Las Villas, así como en Manguito en la de Matanzas, y el ocho de marzo otra avioneta quemó doscientas cincuenta mil arrobas de caña en la zona de San Cristóbal utilizando para ello material inflamable, sucediéndose además en esta etapa vuelos sobre La Habana y casi todas las demás provincias del país, con el propósito de diseminar propaganda subversiva, a extremo tal que en sólo los tres primeros meses de mil novecientos sesenta y uno se registraron decenas de vuelos de esta naturaleza, afirmación de esta Sala a cuya convicción arriba con el tantas veces citado informe de Lyman Kirkpatrick al sostener que "...en el momento de la invasión se había dejado caer sobre Cuba un total de doce millones de libras de volantes", obviamente de carácter contrarrevolucionario, por todo lo cual se presume, a tenor del artículo trescientos cincuenta de la referida ley procesal, la responsabilidad del demandado en los hechos afirmados por los actores.---------------------------------------

CONSIDERANDO: que independientemente del criminal bandidismo, la invasión de Playa Girón y de las agresiones y provocaciones que desde la base naval de Guantánamo ha tenido que sufrir el pueblo cubano, el demandado Gobierno de Estados Unidos no cejó un instante en utilizar el terrorismo contra Cuba como política de Estado, mediante actos de naturaleza tal que lo hacen responsable en el orden civil, habida cuenta que con la prueba practicada, la que ha sido examinada teniendo en cuenta las normas legales que rigen su eficacia, se acredita que las primeras armas que logró comprar la Revolución, consistentes en un importante lote con su parque procedente de la industria nacional belga, por la escalada de acciones agresivas de Estados Unidos y en aras de su defensa, fueron saboteadas en el puerto de embarque por agentes de la CIA que colocaron dos artefactos explosivos, y el cuatro de marzo de mil novecientos sesenta el buque "La Coubre", que era el encargado de la transportación de aquéllas, atracado en el puerto de La Habana para su descarga, en una zona portuaria e industrial de gran densidad de población, por un mecanismo tramado a ese fin, lo hicieron explotar en una primera oportunidad, causando sus primeras víctimas, y cuando trabajadores del puerto, bomberos, policías y pueblo en general acudió a socorrer a aquéllas, detonó el segundo artefacto, causando una explosión mayor, hecho el narrado que trajo como consecuencia la pérdida de ciento una vidas humanas, entre ellas la de seis marinos franceses, todo lo cual se acredita con las respectivas certificaciones de las defunciones que obran del expediente, así como cientos de heridos, muchos de los cuales quedaron incapacitados de por vida, extremo el último que quedó igualmente demostrado con las pruebas de testigos y reconocimiento judicial practicado, que acreditan que a Eduardo Calvet Horta, que fungía como responsable de la descarga le produjeron graves quemaduras que le limitaron en su vida, o el caso, entre otros muchos más, de Juan Luis Rodríguez Infante, que alarmado ante la primera explosión acudió a prestar la ayuda que fuera necesaria, y al producirse la segunda quedó lesionado, y producto de ello perdió su pierna izquierda a la altura de su rodilla; sin embargo, el terrorismo se ha manifestado de disímiles maneras, pues tal como también se ha probado con el documento "Programa de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro", el demandado, para lograr sus objetivos, se había propuesto "...incitar, apoyar y en lo posible dirigir la acción dentro y fuera de Cuba, por parte de grupos selectos de cubanos que pudieran realizar cualquier misión por iniciativa propia...", en otras palabras, la utilización del sabotaje contra centros de producción y de servicios, la piratería contra instalaciones costeras, poblaciones, embarcaciones pesqueras y naves mercantes, que han cobrado múltiples vidas al pueblo cubano, y tal es el caso del incendio y total destrucción de la mayor tienda por departamentos del país, nombrada "El Encanto", que ocurrió el trece de abril de mil novecientos sesenta y uno, organizado y ejecutado por elementos terroristas estrechamente vinculados a la CIA, y en el que pereció la trabajadora Fe del Valle Ramos producto de las quemaduras que recibió, y fueron lesionados otros dieciocho trabajadores; un mes antes, en marzo, un comando de la CIA a bordo de una embarcación fuertemente artillada lanzada desde el LCI "Barbara J.", procedente de los Estados Unidos, atacó la refinería "Hermanos Díaz" en Santiago de Cuba, produciendo la muerte del marinero René Rodríguez Hernández y heridas de gravedad al joven Roberto Ramón Castro, hecho que además de demostrarse con la declaración de los testigos Juan Marcos Milá Ortiz, Emigdio Báez Vigo y Dalia Rodríguez Hernández, se corrobora con lo expresado al respecto por el Inspector General de la CIA Lyman Kirkpatrick en su "Informe sobre la Operación de Bahía de Cochinos".

El veintiocho de mayo de mil novecientos sesenta y uno elementos terroristas incendiaron el cine "Riego" en la ciudad de Pinar del Río en el curso de una función para niños, resultando heridos veintiséis menores y catorce adultos; el cinco de septiembre de mil novecientos sesenta y tres, dos aviones bimotores lanzaron sobre la ciudad de Santa Clara artefactos explosivos, produciendo la muerte del maestro Fabric Aguilar Noriega y heridas a tres de sus menores hijos; el trece de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, un barco pirata tipo Rex, artillado por la CIA, atacó con fuego de ametralladoras el central "Luis E. Carracedo" en Pilón, Oriente, resultando herida, entre otros, la niña de ocho años María Ortega Olivera; sucediéndose infiltraciones en lanchas rápidas por parte de elementos terroristas, como las aseveradas por los testigos José Freddy Castillo Véliz, Noel Salas Santos, Pedro de J. Román Cisneros, Pedro Rodríguez Jiménez, Antonio Lauro Milián López, Emigdio Báez Vigo y Rolando Brito Prieto, en que el factor común era la ocupación de armas y explosivos de procedencia norteamericana, episodios que culminaron en su mayor parte con la captura de los infiltrados, pero con un alto saldo de bajas de combatientes incluso de civiles; el doce de octubre de mil novecientos setenta y uno, una lancha rápida y otra embarcación de mayor porte, artilladas con armas de grueso calibre que procedían de territorio estadounidense, produjo el desembarco de catorce miembros de la organización terrorista Alpha 66 que asaltaron y ametrallaron el poblado de Boca de Samá en la costa norte de la antigua provincia de Oriente, caserío de una veintena de viviendas, provocando la muerte de Ramón Siam Portelles y de Lidio Rivaflechas Galán, y heridas a Nancy Pavón Pavón, que apenas con quince años de edad perdió su pie derecho a la altura del tobillo, y también de gravedad fueron heridos Jesús Igarza Osorio y Carlos Andrés Escalante Gómez; el quince de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, Arcelio Rodríguez García, murió a manos de un terrorista cuando se dedicaba a la pesca deportiva, muriendo de similar manera, vale decir, cuando se disponían a capturar unos terroristas, los guardafronteras Juan Bautista Contrera Faure y Victoriano Brito Prieto; también fueron objeto de provocaciones las motonaves civiles, y a ese tenor depuso el testigo Diego Sánchez Serrano, capitán del buque "Hermann", que el veintinueve de enero de mil novecientos noventa fue atacado por un guardacostas norteamericano en aguas internacionales, y Carlos Manuel Méndez Fraga, quien afirmó que la motonave "Lidia Doce" fue abordada por elementos contrarrevolucionarios de los cuales dos fueron capturados y un tercero escapó a bordo de una lancha rápida; pero además, las unidades navales de Tropas Guardafronteras han sido reiteradamente blanco de ataques piratas por grupos terroristas prohijados por el Gobierno de Washington, y es el caso de la lancha de vigilancia de la Marina de Guerra Revolucionaria que fue agredida el doce de mayo de mil novecientos sesenta y dos por una lancha rápida tripulada por elementos terroristas, que dieron muerte a los combatientes José Ramón López Tabranes, Enrique García Hernández y Reinaldo Goire Díaz en Boca de Canasí, provincia de Matanzas, constando en tal sentido las declaraciones de Carlos Manuel Méndez Fraga, Emigdio Báez Vigo y Silvano Milián Mariño; de igual modo otro comando CIA el veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y tres procedente del buque madre estadounidense Rex, se introdujo subrepticiamente en la dársena de Siguanea en la entonces Isla de Pinos, hoy de la Juventud, y utilizando hombres ranas colocaron elementos de demolición submarina en una lancha torpedera de la Marina de Guerra Revolucionaria y los hicieron estallar en forma sucesiva con breves intervalos de tiempo para asegurar su efecto destructor y mortal, y es así que perecen el alférez de fragata Leonardo Luberta Noy, y los marineros Jesús Mendoza Larosa, Fe de la Caridad Hernández Jubón y Andrés Gavilla Soto, hechos a los que se refirieron los testigos en último orden mencionados y además, Pedro Goizueta Vichot; no escapan a este arsenal de agresiones las embarcaciones pesqueras, pues en su afán de causar perjuicios a Cuba y tratar de aplastar su Revolución, Estados Unidos tomó la iniciativa de hacer trizas los más elementales principios de derecho internacional, tales como los que amparan el derecho de navegación aérea y el de pesca, comenzando el secuestro de naves desde los primeros años de la Revolución, y es así que se produce el diez de mayo de mil novecientos setenta el ametrallamiento, incendio y hundimiento de dos lanchas pesqueras; y el cuatro de octubre de mil novecientos setenta y tres, los pesqueros cubanos Cayo Largo diecisiete y Cayo Largo treinta y cuatro, son atacados por dos cañoneras tripuladas por elementos terroristas y dieron muerte al pescador Roberto Torna Mirabal y abandonaron a los demás en balsas de goma, sin agua ni comida, hecho atestiguado en el acto por Tomás Hernández Medina; el seis de abril de mil novecientos setenta y seis, dos barcos pesqueros, Ferro ciento diecinueve y Ferro ciento veintitrés, fueron atacados por lanchas piratas procedentes de la Florida causando la muerte al pescador Bienvenido Mauriz y graves daños a las embarcaciones; por otra parte, los actos terroristas también se dirigieron contra embarcaciones mercantes de terceros países que no acataron el bloqueo impuesto, y así el dieciocho de marzo de mil novecientos sesenta y tres, dos organizaciones contrarrevolucionarias creadas por la CIA como pantalla para sus actividades de piratería, a saber, Alpha 66 y Segundo Frente del Escambray, se responsabilizaron públicamente en Miami con el ametrallamiento y cañoneo al buque soviético "Lgov" en el puerto de Isabela de Sagua, y el buque "Bakú", de la misma nacionalidad, fue atacado por lanchas piratas, y también el ametrallamiento del mercante español "Sierra de Aranzazu", que el trece de septiembre de mil novecientos sesenta y cuatro es atacado a setenta millas al norte de Maisí, cuando transportaba un cargamento de juguetes para nuestro país, hechos estos de los que dan fe Emigdio Báez Vigo y Antonio Lauro Milián López.--------------------------------

CONSIDERANDO: que el gobierno demandado, desde los primeros años de la Revolución y valiéndose de organizaciones terroristas, llevaron a cabo actos de hostilidad, tales como atentados y provocaciones, contra las sedes y el personal cubano que labora en las oficinas diplomáticas y consulares cubanas en el exterior, lo que después se extendió a las oficinas de aviación y representaciones comerciales, y en el mismo orden de ideas que lo concibió, lo ejecutó, a tal punto que el cuatro de febrero de mil novecientos setenta y cuatro, Pilar Ramírez Vega, que se desempeñaba como secretaria en la Embajada de Cuba en Perú, sufrió gravísimas lesiones al abrir un bulto postal que contenía un artefacto explosivo, que al estallar dañó para siempre su rostro y su cuerpo, lo que constató el Tribunal al momento de practicar el reconocimiento judicial y que corroboró con su dicho, además de la perjudicada, la testigo Tania Vázquez Garcilazo de la Vega; el veintidós de abril de mil novecientos setenta y seis, una bomba fue colocada en la Embajada de Cuba en Portugal, provocando la muerte de los funcionarios diplomáticos Efrén Monteagudo Rodrígue y Adriana Corcho Callejas, ésta última al intentar proteger a los demás compañeros suyos que se encontraban en el edificio donde estaba situada la sede diplomática; el cinco de junio del propio año, la misión de Cuba ante Naciones Unidas fue objeto de un atentado con explosivos, provocando pérdidas materiales; pero el once de septiembre de mil novecientos ochenta, es decir, cuatro años más tarde, un comando de la organización terrorista Omega-7, también al servicio de la CIA, asesinó en una concurrida calle de New York al diplomático cubano Félix García Rodríguez; y en lo que respecta a las aeronaves, el nueve de julio de mil novecientos setenta y seis, una bomba hace explosión en el vagón que cargaba los equipajes de un vuelo de Cubana de Aviación en el aeropuerto de Kingston, Jamaica, momentos antes de ser transbordado, no estallando en el aire por pura casualidad; y el día diez del propio mes y año, otra bomba estalló en las oficinas de la British West Indies, en Barbados, que representaba los intereses de Cubana de Aviación en ese país; y el día veinticuatro, un técnico del Instituto Nacional de la Pesca, Artagnán Díaz Díaz, es asesinado en un intento de secuestrar al cónsul cubano en la ciudad mexicana de Mérida; y el día nueve de agosto, dos funcionarios de la Embajada de Cuba en Argentina nombrados Crescencio Galañena Hernández y Jesús Cejas Arias, fueron secuestrados y asesinados, quedando probado en la práctica de la prueba de testigos, que este acto lo realizaron Héctor Alonso Ruiz, conocido por Fabián, y Gaspar Jiménez Escobedo, alias Gasparito, según aseveró Pedro Escalona Carulla, quien a su vez conoció de los hechos por la referencia que éstos le brindaron, en la confianza de que era un amigo personal de Adriana Delgado Sepúlveda y Orlando Bosch, éste último connotado contrarrevolucionario de origen cubano, vinculados estrechamente con la CIA; sin embargo, los hechos anteriormente narrados y que se dan por probados, se los adjudicó la organización contrarrevolucionaria CORU, surgida de la unificación ordenada por la CIA de los principales grupos que hasta entonces actuaban bajo diferentes siglas desde territorio norteamericano, la que además anunció en agosto de mil novecientos setenta y seis en un periódico que se publica en Miami que "...muy pronto atacaremos aeronaves en vuelo...", y el seis de octubre del mismo año mil novecientos setenta y seis, un avión de Cubana de Aviación, modelo DC-8, matrícula CUT-1201 acabado de despegar del aeropuerto internacional de Barbados con destino a Cuba, estalló en pleno vuelo con setenta y tres personas a bordo, de ellas cincuenta y siete cubanos, incluidos los veinticuatro integrantes del equipo juvenil de esgrima que acababa de obtener todas las medallas de oro en un campeonato centroamericano, once jóvenes guyaneses y cinco ciudadanos de la República Popular Democrática de Corea, quienes sin excepción perecieron por la explosión de dos artefactos explosivos colocados en la nave durante el trayecto antes de realizarse la escala técnica en Trinidad Tobago, por dos mercenarios pagados por la CIA a través...

de Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, autores intelectuales del más horrendo crimen cometido por terroristas que se haya conocido en la historia de Cuba; pero como una muestra más de la implicación directa del demandado Gobierno de los Estados Unidos, Bosch reside en ese país como si fuera un huésped ilustre no obstante el crimen conocido, y Posada Carriles, si bien no reside permanentemente en territorio norteamericano, fue rescatado de la prisión en operativo realizado por la CIA a través de la llamada Fundación Nacional Cubano Americana, la que lo trasladó a El Salvador y desde donde presta sus servicios a la Casa Blanca.----------

CONSIDERANDO: que otro género de actos ilícitos que al demandado se atribuye por los actores del pleito, consiste en que aquél, mientras por un lado restringe rigurosamente los viajes legales a Estados Unidos, por otro, con fines evidentemente publicitarios y a los efectos de quebrantar el orden interno para desestabilizar el país, ha estimulado, incentivado, divulgado y apologetizado como actos heroicos las salidas ilegales, aunque eso fuese mediante el secuestro de embarcaciones, naves aéreas, toma de rehenes u horrendos asesinatos, y así quedó demostrado con las pruebas a instancia de los demandantes practicadas que el veintisiete de marzo de mil novecientos sesenta y seis, un sujeto inescrupuloso y animado por la propaganda antes mencionada, nombrado Angel María Betancourt Cueto, ingeniero de vuelo de un IL-18 de Cubana de Aviación, con noventa y siete personas a bordo, entre ellos catorce niños, en vuelo de Santiago de Cuba a La Habana, utilizó un arma de fuego, descargándola contra sus propios compañeros de labor, el capitán de la nave Fernando Álvarez Pérez, el custodio Edor Reyes García y el copiloto Evans Rosales, de lo que resultó la muerte de los dos primeros y heridas graves al último, por haberse negado con valentía y firmeza a desviar el avión y haber logrado aterrizar el mismo en el aeropuerto internacional "José Martí" de la capital; y el no menos aterrador hecho que ocurrió el diez de marzo de mil novecientos ochenta y siete en el AN-24 que volaba de la ciudad de La Habana a Nueva Gerona, en que tres lumpen pertrechados con granadas de mano de defensa personal, causaron heridas a trece pasajeros, entre los que se encontraban dos menores y una embarazada, al dejar caer una de ellas ante la resistencia ofrecida a sus exigencias de desviar el avión hacia la Florida, hechos acerca de los cuales quedó ilustrada la Sala mediante la declaración de los testigos Marta Fernández Sardá y Edor Alexei Martínez Rodríguez; pero esa incitación a la emigración ilegal, no se circunscribió exclusivamente a las aeronaves, sino también abarcó otros medios y diferentes formas, y, así, el nueve de enero de mil novecientos noventa y dos ocurrió el asesinato de los combatientes de la Policía Nacional Revolucionaria Yuri Gómez Rivero y Rolando Pérez Quintosa, el miembro de Tropas Guardafronteras Orosman Dueñas Valero y el custodio del campamento de pioneros "José Martí" en La Habana, Rafael Guevara Borges, al ser atacados por un grupo de delincuentes encabezados por Luis Miguel Almeida Pérez para secuestrar una embarcación con el propósito de abandonar ilegalmente el territorio nacional; y, asimismo, el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro murió el combatiente de la Policía Nacional Revolucionaria Gabriel Lamouth Caballero, también asesinado por elementos antisociales que intentaron salir ilegalmente de Cuba por el puerto de La Habana; y el día ocho del mismo mes y año, cayó el teniente de navío Roberto Aguilar Reyes, al producirse el secuestro en la bahía del Mariel, en La Habana, de una nave auxiliar de la Marina de Guerra Revolucionaria por el ciudadano Leonel Macías González, quien a bordo de ésta logró llegar a los Estados Unidos, y luego de ser recibido como un héroe, disfruta de total impunidad a pesar de haberse protestado debidamente por las autoridades cubanas al conocerse los detalles del traicionero crimen; pero estos hechos sangrientos para incentivar la emigración, tuvieron un antecedente, el ocurrido en el mes de mayo de mil novecientos ochenta, en que un grupo de individuos, para lograr un supuesto asilo diplomático y abandonar el país, penetraron en la Embajada de Perú en La Habana, incidente en que perdió la vida el custodio Pedro Ortiz Cabrera, lo cual quedó demostrado por la declaración de los testigos que a tal efecto depusieron.------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: que independientemente de lo expuesto, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos han desarrollado una labor de espionaje permanente contra Cuba, para obtener la información necesaria y llevar a cabo sus planes con efectividad, la que ha versado sobre disímiles objetivos económicos, sociales, políticos, y militares, produciéndose después de la derrota de Playa Girón un reclutamiento masivo de agentes, ya nacionales, ya extranjeros, que contaban con estancia legal en el país, los que en no pocas oportunidades dirigían redes, mientras otras lo eran por agentes infiltrados en el territorio nacional por el canal ilegal marítimo, produciéndose la captación de funcionarios con algún nivel de información que les fuera útil y que viajaran frecuentemente al extranjero, muchos de los cuales, a riesgo de sus propias vidas, prestaban a la vez servicios a nuestros órganos de inteligencia, frustrando así los planes que contra la economía cubana, la salud de la población y su tranquilidad, así como contra la vida del máximo líder de la Revolución, se fraguaban constantemente en Langley, y en ese sentido se pronunciaron ante la Sala los testigos Antonia Pantaleón Hernández, Orlando Argudín López, Juan Luis Acosta Guzmán, Pedro Escalona Carulla y Enoel Salas Santos, los que de un modo u otro, al igual que muchos combatientes, han contribuido a evitar el dolor de muchas madres cubanas, como Teonila Rodríguez Rodríguez, que con ochenta años aún sufre la pérdida de sus hijos Luis Fernández Rodríguez y Jesús Fernández Rodríguez, cuyas vidas fueron arrancadas cuando eran casi adolescentes producto del irreflexivo e ilícito actuar del Gobierno estadounidense.------------------

CONSIDERANDO: que uno de los objetivos principales en las actividades planificadas por la CIA fue la eliminación física de los dirigentes de la Revolución, y así desde el temprano once de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, el coronel J.C. King, quien fungía como jefe de la división encargada de los asuntos del hemisferio occidental en la CIA, se dirigió al Director de la Agencia, Allen Dulles, escribiendo: "Debe darse seria consideración a la eliminación de Fidel Castro. Ninguno de los más cercanos a él, como su hermano Raúl o su compañero Che Guevara tiene la misma influencia carismática sobre las masas. Mucha gente informada considera que la desaparición de Fidel aceleraría grandemente la caída del actual gobierno...", documento desclasificado al igual que el titulado "Plan para Cuba, Estudio del Personal de Interagencias", los que unidos a fojas del expediente corroboran, como expresa este último, que "...la destrucción del régimen de Castro y la del aparato comunista es un interés nacional de Estados Unidos...", dedicando su texto a analizar los cursos de acción que Estados Unidos podría seguir con relación a Cuba en el caso de la muerte de Fidel Castro, para asegurar en sustitución de aquel un "gobierno amistoso", y con ese objeto fue planificado el asesinato del entonces comandante Raúl Castro Ruz, el que se llevaría a cabo en mil novecientos sesenta y uno conjuntamente con una autoagresión a la base naval de Guantánamo, operativo desenmascarado por los órganos de la seguridad cubana, al igual que el organizado en ese propio año por bandidos que actuaban en la provincia de La Habana contra el dirigente revolucionario Carlos Rafael Rodríguez; además, en los Estados Unidos fue publicado un informe rendido ante el Senado en mil novecientos setenta y cinco por el senador Frank Church, responsable del Comité Selecto creado para la investigación de las actividades gubernamentales de inteligencia, entre ellas los planes de asesinato a dirigentes políticos, y entre sus cientos de páginas dedica una atención considerable en lo que se refiere a planes para asesinar a dirigentes de la Revolución Cubana, de manera especial al Jefe de Estado cubano, para lo cual han utilizado los métodos más sofisticados, dispositivos que van desde fusiles de largo alcance a píldoras de veneno, y de bolígrafos y tabacos envenenados a trajes contaminados con bacterias mortíferas; siendo así que, desde el advenimiento de la Revolución a la fecha, los órganos de la Seguridad del Estado cubano han conocido, investigado, descubierto o neutralizado planes en diferentes estadios de elaboración, organización o ejecución, para un total de seiscientas treinta y siete conspiraciones contra la vida de Fidel Castro, constituyendo esto una obsesión enfermiza, habida cuenta de que se trata de la vida de un Jefe de Estado, y es precisamente por esa razón que han aprovechado para llevar a efecto esos actos también ilícitos, por la necesidad que tiene aquél, producto de sus funciones, de participar en actos públicos dentro y fuera del país, de visitar objetivos económicos y sociales, así como de hacer su vida social, para lo que requiere desplazarse por las calles, avenidas y carreteras del país, en las que agentes de la CIA en algunos casos y organizaciones de terroristas en otros, todos ellos auspiciados, financiados, entrenados y equipados por el demandado Gobierno, han intentado infructuosamente su propósito magnicida después de haber buscado incansablemente información de cualquier índole referente a aquél, hechos que no pueden consumar dado el eficiente, a veces anónimo pero siempre abnegado, trabajo de los órganos de la Seguridad del Estado, que con el apoyo de las instituciones de defensa y de los integrantes de las organizaciones demandantes, que no es cosa distinta que el pueblo de Cuba, han sido el principal escudo de su integridad física al haber cerrado filas para defenderlo; siendo contundente el resultado de la prueba de testigos practicada al respecto consistente en las deposiciones de Antonia Pantaleón Hernández, Orlando Argudín López, Eduardo Sagaró González, Juan Luis Acosta Guzmán, Emigdio Báez Vigo, Antonio Lauro Milián López, así como el informe pericial rendido por José Pérez Fernández, perito designado por la Sala a instancia de los actores; evidenciando además que tales procedimientos son parte de la política de Estado que a todas luces instrumenta y aplica el Gobierno de Estados Unidos, lo que en esencia constituye un daño, en esta oportunidad de orden moral.---------------

CONSIDERANDO: que al margen de lo señalado precedentemente, es dable concluir, en lo que se contrae al terrorismo como política de Estado del demandado rebelde contra la República de Cuba, que la misma ha variado en concordancia con los cambios de la correlación de fuerzas a nivel mundial, siendo alentada esta actividad por los sectores más reaccionarios de la emigración cubana en Estados Unidos al final de la administración republicana de George Bush, y se desarrollaron con cierta fuerza durante la primera y segunda administraciones demócratas de William Clinton, conociéndose en el curso de los juicios orales seguidos contra los terroristas Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena, quienes en el año mil novecientos noventa y siete colocaron e hicieron estallar siete bombas en hoteles de la capital, que desde mil novecientos noventa y dos la Fundación Nacional Cubano Americana, que actúa a modo de mafia de amplio poder radicada en Estados Unidos y ha sido una importante financista de las campañas presidenciales y de un grupo de legisladores norteamericanos, es quien promueve, financia y organiza la campaña terrorista contra Cuba, utilizando mercenarios centroamericanos bajo la dirección del asesino Luis Posada Carriles, con pleno conocimiento y tolerancia de las autoridades norteamericanas que antes lo emplearon y que mantienen con él estrechos vínculos, existiendo antecedentes en los cuales se evidencia el mismo modo de proceder para lograr la desestabilización interna del país, los estragos visibles a la economía y la inseguridad que aspiran sienta toda persona extranjera en disposición de visitar el país como turista o para negociar, de modo que no se sienta motivado a hacerlo, propiciando de esta forma el aislamiento de Cuba en su esfera de relaciones con otros países, concibiendo y ejecutando actos contra instalaciones hoteleras, como es el caso ocurrido en mil novecientos noventa y cuatro, en que lanchas piratas procedentes de Estados Unidos tirotearon el hotel Meliá Varadero, en la playa de igual nombre en la provincia de Matanzas; en mil novecientos noventa y cinco fue detectada y desactivada una carga explosiva colocada en el hotel Sol Palmeras, y en mil novecientos noventa y seis se produjo un ataque contra las instalaciones del hotel Meliá Las Américas, estos dos últimos también del mencionado balneario de Varadero, hecho el último ejecutado por una lancha pirata; y como corolario de todas las actividades terroristas a que se ha hecho alusión en los considerandos que se refieren a este actuar ilícito del demandado, esto es, al terrorismo, el pueblo de Cuba se ha visto privado en la vida o la integridad física, de un total de doscientos treinta y cuatro de sus hijos.----------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO: que analizadas las pruebas practicadas consistentes en documentales, testifical y pericial, valoradas conforme a lo preceptuado en los artículos doscientos noventa y siete, trescientos quince y trescientos cuarenta y ocho de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral con criterio racional y con arreglo a los principios y reglas de la lógica, es visto que ha quedado debidamente acreditado que durante el año mil novecientos ochenta y uno en el territorio nacional se desarrolló una epidemia de tipo viral denominada Dengue, la que comenzó a manifestarse en el mes de mayo en el municipio Boyeros de la capital del país, y a los pocos días se reportaron casos en las provincias de Cienfuegos, Holguín y Villa Clara, diseminándose posteriormente por el resto del país en breve tiempo; entre las particularidades que presentaba esta epidemia se encontraban la gran cantidad de casos con complicaciones de tipo hemorrágica, cuadros de shock y como consecuencia de estos una alta mortalidad; tipo de virus el circulante que no se correspondía con las características de las epidemias que habían azotado los países del área y a los serotipos del Dengue que actualmente circulan en esta zona geográfica lo que por sí solo permite colegir que dicha epidemia había sido condicionada por causas artificiales y como resultado de la introducción deliberada del virus en el país; igualmente ha resultado acreditado que el virus del Dengue fue estudiado por especialistas militares norteamericanos para ser utilizado en las guerras biológicas, tal y como aparece dl libro "Las Armas del Mañana" del General del Ejército norteamericano D. Rotshils, quien afirma que el virus del Dengue al ser propagado de forma artificial puede ser utilizado para contaminar los objetos de uso doméstico, así como mediante la utilización de diferentes insectos; por otra parte, un periodista inglés de apellido Clark, del cual aseguran los peritos es una persona bien informada sobre el tema, menciona en su libro "Las Armas Silenciosas" al virus del Dengue entre los agentes biológicos contagiosos que se estudiaban en los centros especializados de los Estados Unidos, señalando además, que entre los insectos de que se dispone permanentemente en Fort Detrick se encuentran los mosquitos contaminados con fiebre amarilla y dengue, y que los experimentos realizados con voluntarios permiten suponer que la fiebre del Dengue puede propagarse mediante vectores infectados; y a mayor abundamiento, hay que expresar que según datos de la revista "Crónica", de la Organización Mundial de la Salud, en los Estados Unidos se cuenta con la tecnología adecuada para producir el mosquito Aedes aegypti, lo que permite reproducirlos en grandes cantidades, todo lo que fuerza a la Sala estimar que el demandado tenía para la fecha en que se produce la epidemia la posibilidad real de utilizar el virus mencionado con fines militares.-------------------------------------------

CONSIDERANDO: que continuando detenidamente con la valoración de las pruebas testificales y dictamen pericial practicadas por la Sala, resulta probado que la conservación en la naturaleza del virus del Dengue producto de la circulación del mismo en epidemias anteriores es imposible, porque en Cuba no existe su hospedero natural, el mono macacus; por otra parte, era también imposible su importación desde un foco natural donde existía el Dengue 2, como era Viet Nam, ya que habiéndose pesquisado el personal que había regresado ese año, no se había registrado caso alguno de la enfermedad, con mayor razón cuando la lógica indicaba que por estar circulando en el Caribe la variante cuatro del Dengue, era ésta, en todo caso, la que debía afectar a Cuba, siendo también un hecho acreditado que antes del año mil novecientos setenta y siete no hubo epidemia de Dengue en Cuba a pesar de que varios países cercanos fueron azotados por este virus; además, tal y como se expresó en el considerando anterior, es un hecho probado que el demandado tenía en aquella fecha la posibilidad real de emplear mosquitos contaminados con fines militares, sirviendo a mayor abundamiento de lo expuesto el hecho real de que especialistas norteamericanos, entre los que se destaca Charles Callisher, obtuvieron una variedad del mosquito Aedes aegypti que se destacaba por su alta sensibilidad al Dengue 2; este mismo Callisher había visitado Cuba en mil novecientos setenta y cinco y se había interesado particularmente por la presencia de anticuerpos al virus 2 del Dengue...

en la población cubana, y se le hubo de entregar una información completa sobre la sensibilidad de la misma en relación con el virus de Dengue del tipo 2, así como sobre la situación entomológica de mucha utilidad para una agresión biológica; pero, además, en el año mil novecientos setenta y nueve el coronel Phillips Russell, del Ejército de Estados Unidos de América, informó en el XIV Congreso Internacional del Océano Pacífico sobre la elaboración de una vacuna contra Dengue, prestándole especial atención al virus 2.---------------

CONSIDERANDO: que las declaraciones prestadas ante la Sala por los testigos Eduardo Sagaró González y Pedro Escalona Carulla, apreciadas conforme establece el artículo trescientos cuarenta y ocho de la ley adjetiva civil, acreditan de modo fehaciente la participación del demandado y de su Agencia Central de Inteligencia en la guerra biológica contra Cuba; en sus testimonios, prestados bajo los apercibimientos legales correspondientes, el primero, por haber sido un médico reclutado por la CIA, a la cual supuestamente brindó información durante muchos años y quien era insistentemente interrogado con relación a la situación epidemiológica del país y las posibilidades de enfrentar enfermedades contagiosas, y a través del cual se pretendió monitorear el comportamiento de la epidemia del Dengue en mil novecientos ochenta y uno, y el segundo, este es, Escalona Carulla, por haber conocido por referencia de Adriana Bosch, esposa del terrorista Orlando Bosch, de que la también esposa de Eduardo Arocena manifestó que si el mismo era condenado en el juicio que se le seguía, diría que él había trabajado para el Gobierno de Estados Unidos en la introducción del Dengue Hemorrágico en Cuba, corroborándose este último extremo con la prueba que para mejor proveer presentaron ante la Sala los demandantes, consistente en la transcripción del testimonio del mencionado Arocena en el juicio criminal seguido en la Corte Distrital para el Distrito Sur de New York en la ciudad de igual nombre en mil novecientos ochenta y cuatro, en el que declaró "...el grupo que fue por delante de mí tenía la misión de llevar algunos gérmenes para introducirlos en Cuba para ser usados contra los soviéticos y contra la economía cubana, para comenzar lo que se llamaba guerra química...", esta última prueba documental valorada conjuntamente con la testifical conforme a la eficacia que la ley procesal le concede en sus artículos doscientos noventa y siete y trescientos cuarenta y ocho, y teniendo en cuenta lo que se ha expresado en los considerandos anteriores en relación a lo que se debate, obliga a la Sala a presumir que el demandado es el responsable de los daños y perjuicios causados por la epidemia de Dengue Hemorrágico acontecida en el país en mil novecientos ochenta y uno, y por cuya causa fallecieron ciento cincuenta y ocho personas, de ellas, ciento un niños, pero además de ello, adquirieron la enfermedad trescientas cuarenta y cuatro mil doscientas tres personas, de las que hubo que hospitalizar un total de once mil doscientas veinticuatro, alrededor de veinticuatro mil sufrieron hemorragias y diez mil doscientas veinticuatro sufrieron shock, todo lo que provocó una intensa movilización en el país a fin de luchar contra la epidemia y eliminar la presencia del vector transmisor de la enfermedad, adquiriéndose cuantiosos equipos y los productos necesarios en cualquier parte del mundo a pesar de las trabas que el bloqueo imponía; todo el esfuerzo que se realizó permitió terminar con la epidemia en casi cuatro meses, en otros términos, en tiempo récord.-------------------

CONSIDERANDO: que los hechos octavo y noveno de la demanda se refieren a los argumentos de los demandantes sobre una realidad que se ha visto obligada a asumir la Nación cubana, que es el sobredimensionamiento del Sistema Defensivo Nacional; y con las pruebas documentales y de peritos practicadas, valoradas conforme establecen los artículos doscientos noventa y siete y trescientos quince de la ley adjetiva civil, ha quedado demostrado de manera innegable los inmensos gastos en recursos económicos y humanos y los sacrificios impuestos a la población, para estar preparada para defenderse durante cuarenta años del peligro de una agresión directa por parte del demandado, que ha provocado que las necesidades de la defensa no tengan comparación con las de otros países del mundo; las pruebas que se aportaron demuestran fehaciente e indubitadamente, que desde el triunfo de la Revolución el primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, el Gobierno de los Estados Unidos de América ha mantenido una política de agresividad constante, y que, asimismo, organizó, financió, apoyó o al menos permitió cientos de actos de sabotaje y terrorismo por miles de criminales de guerra y personeros del antiguo régimen que encontraron refugio en esa nación, pues, como se ha reiterado, desde el diecisiete de marzo de mil novecientos sesenta el Presidente Eisenhower aprobó el "Plan de Acción Encubierta contra el Régimen de Castro"; el cuatro de abril de mil novecientos sesenta y uno el Presidente Kennedy autorizó la invasión que culminó con la humillante derrota de Playa Girón; después de ese fracaso, la comisión designada por el Presidente de Estados Unidos recomendó "...emprender nuevas medidas político-militares, económicas y propagandísticas contra Castro", lo que sirvió de base para la llamada "Operación Mangosta"; el nueve de marzo de mil novecientos sesenta y dos, como quedó evidenciado en los considerandos que versan sobre la Base Naval de Guantánamo, se sometió a la Junta General de Jefes de Estados Mayores un documento posteriormente desclasificado que se tituló "Pretextos para justificar la intervención de Estados Unidos en Cuba", que en igual manera fue abordado anteriormente al dictaminarse que una sublevación interna dentro de la isla era imposible en un período de nueve a diez meses, lo que exigía de la fabricación de una provocación que justificara una acción militar norteamericana; y, más adelante, en agosto de mil novecientos sesenta y dos, se recomienda dar un curso más agresivo a la "Operación Mangosta" y el Presidente Kennedy autorizó éste al definir que "... es un asunto de urgencia..."; por su parte, el Congreso de los Estados Unidos sancionó la Ley Pública número ochenta y siete- treinta y tres que constituía una verdadera declaración de guerra contra Cuba como reacción al apoyo de la Unión Soviética a las medidas defensivas tomadas por el gobierno cubano, produciéndose meses más tarde la llamada Crisis de Octubre, que colocó al mundo, producto del hostigamiento del demandado, al borde de un holocausto nuclear. Pero si bien es cierto que en los años posteriores las posibilidades de una acción militar directa se vio limitada por la guerra de Viet Nam, no lo es menos el hecho de que la guerra secreta contra Cuba continuó con su escalada de secuestros de buques pesqueros, ataques piratas, sabotajes y otras formas de subversión y agresión, y tanto es así que en la década de los años ochenta, con el inicio de la administración Reagan y la aprobación del llamado "Documento de Santa Fe", los peligros y amenazas contra el país aumentaron, y muestra de ello se evidencia en el propio documento al expresar que: "...Estados Unidos no puede aceptar el status de Cuba como un Estado vasallo de la Unión Soviética. La subversión cubana debe ser calificada como tal y rechazada. El precio que La Habana debe pagar por tales actividades no puede ser pequeño. Estados Unidos sólo puede restaurar su credibilidad tomando acciones inmediatas. Los primeros pasos deben ser francamente punitivos. Los diplomáticos cubanos deben abandonar Washington. El reconocimiento aéreo debe ser reiniciado. Los dólares del turismo deben ser cortados. El Acuerdo Pesquero de mil novecientos setenta y siete altamente ventajoso para la Flota Pesquera Cubana debe ser revisado...", y a esto hay que sumar, que es precisamente en esta década de los ochenta en que se producen varias agresiones a países del área. En el año mil novecientos noventa y uno, el general Colin Powell, en aquel entonces Presidente de la Junta de Jefes de Estados Mayores de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, declaró públicamente: "...estoy saliendo de los villanos, solo me quedan Fidel Castro y Kim Il Sung"; y casi un año después durante una visita a la Base Naval de Guantánamo manifestó que "... todavía existe peligro en el mundo, por eso tenemos mil setecientos hombres y mujeres en lugares como Guantánamo y todavía hay una misión que necesita cumplirse..."; por otra parte, en el año mil novecientos noventa y seis, luego del derribo de dos aviones piratas que violaban el espacio aéreo nacional, Estados Unidos analizó la posibilidad de un golpe limitado con cohetes cruceros contra un grupo de objetivos en el territorio nacional. En el año mil novecientos noventa y ocho el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de la Guerra de Estados Unidos, en un trabajo denominado "Panorama Mundial: Evaluación Estratégica de mil novecientos noventa y ocho", al referirse al Caribe subraya: "La posibilidad de una o más intervenciones militares en la próxima década es sustancial, con Haití y Cuba como primeros candidatos". En mayo de mil novecientos noventa y ocho, en un informe presentado al Congreso de Estados Unidos por la Secretaría de Defensa, el Gobierno agregó a aquél "...que Cuba puede representar una amenaza a la seguridad nacional de ese país por varios factores: por constituir un peligro en producción de armas químicas y biológicas, por representar una amenaza a la navegación aérea y marítima en la región y sobre todo por la posibilidad de que el gobierno cubano desate un nuevo éxodo masivo hacia Estados Unidos..."; en ese mismo orden de ideas, el veinticuatro de abril del presente año, en la Cumbre realizada en Washington con motivo del cincuenta aniversario de la creación de la OTAN, se adoptaron nuevas proyecciones estratégicas que de hecho constituyen nuevas amenazas hacia Cuba, al aprobarse entre otros aspectos que la OTAN ha ampliado su carácter defensivo para incluir el derecho de injerencia humanitaria; todo lo antes expresado son hechos que demuestran las agresiones militares realizadas contra Cuba y la beligerancia del demandado, lo que está sustentado en una sólida base técnica militar que se evidencia con la realización de más de ocho mil seiscientos veintiséis vuelos espías sobre el espacio aéreo cubano, que, si bien han disminuido, ello es debido a las posibilidades técnicas de los satélites espías; desde mil novecientos ochenta hasta febrero del presente año, las fuerzas armadas de los Estados Unidos han realizado más de ochenta maniobras y ejercicios militares con peligro para Cuba, y en mil novecientos noventa y siete se trasladó para el Condado de Dade, en la Florida, la sede del Comando Meridional de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos incluyendo a Cuba en su zona de responsabilidad.------------

CONSIDERANDO: que de lo expuesto en el considerando precedente, valorado todo ello en razón de lo establecido en los artículos doscientos noventa y siete y trescientos quince de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, resulta acreditado que el país se ha visto obligado a realizar un sostenido y enorme esfuerzo para mantener una capacidad defensiva que neutralice las agresiones y amenazas del demandado, con la divisa fundamental de que para el pueblo de Cuba evitar la guerra es ganarla, y para ello ha sido necesario mantener y desarrollar un potencial de respuesta armada que signifique un costo impagable para su único posible agresor; entre las necesidades que se ha visto obligado el país ha estado el tener preparado un gran contingente militar, lo que motivó la promulgación el día veintiséis de noviembre de mil novecientos sesenta y tres de la Ley del Servicio Militar, con la consiguiente preparación de los miles de jóvenes que han debido ceder parte de sus años a la tarea de prepararse para defender la patria, lo que lógicamente requiere un gran esfuerzo en equipamiento, preparación, alimentación y alojamiento de esa gran masa de hombres, además de la necesidad de garantizar las condiciones mínimas de vida del personal, y el mantenimiento, producción, preparación y modernización de la técnica; se han tenido que organizar sistemáticamente complejas y costosas maniobras, así como se han destinado considerables recursos al acondicionamiento del teatro de operaciones militares, especialmente en la construcción de obras defensivas se tuvieron que emplear ingentes esfuerzos en la construcción de miles de kilómetros de túneles, en los que se ha dado especial prioridad a los túneles populares para la protección de la población; en otro orden de cosas, también se aprecia el sobredimensionamiento en el Sistema Defensivo del país en el hecho de que al compararse las fuerzas armadas con algunos países de América similares a Cuba por su población o territorio, pero no amenazados ni agredidos, los efectivos permanentes en relación con la población son casi el doble del promedio de otros países respecto a sus propios habitantes; además, se ha tenido necesidad de contar con veinte veces más tanques de guerra, once veces más carros blindados, nueve veces más de piezas de artillería y el doble de los aviones y buques de combate; también más de un millón setecientos mil jóvenes han cumplido el Servicio Militar Activo, casi cinco millones entre reservistas y milicianos han sido movilizados para recibir preparación militar, más de ochenta y seis mil jóvenes se han preparado en cursos de formación de oficiales, y, en general, el país se ha visto obligado a incorporar a las tareas de la defensa a una cifra estimada de cuatro millones trescientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta y cinco efectivos movilizados, por todo lo cual y con motivo de la prestación del servicio militar, tanto activo como de la reserva a lo largo de estos cuarenta años de agresiones, han fallecido más de dos mil trescientas personas y mil ochocientos treinta y tres resultaron incapacitadas como consecuencia de la preparación para la defensa, las que han sido víctimas del permanente estado de alerta que ha obligado el demandado, lo que no hubiese tenido que ocurrir de no haber persistido durante estas cuatro décadas el estado de hostilidad permanente que plenamente está demostrado en el pleito, y que constituye la causa del sobredimensionamiento del Sistema Defensivo del país, y, por tanto, el Gobierno de los Estados Unidos de América debe responder civilmente por los daños y perjuicios irrogados al amparo de lo que establece la legislación vigente en la materia.---------

CONSIDERANDO: que debido a los hechos precedentemente narrados y que por la presente se dan por probados, unido a las correspondientes certificaciones de las respectivas defunciones, hay que admitir que han perdido la vida un total de tres mil cuatrocientos setenta y ocho personas, y se ha quebrantado la integridad físic de dos mil noventa y nueve personas, todo ello, en virtud de los actos ilícitos del demandado Gobierno de los Estados Unidos de América.-----------------------

CONSIDERANDO: que es criterio reiterado de esta Sala el que la fase culminante del Derecho es la de su aplicación, porque es en la resolución de los conflictos al aplicarse la norma al caso concreto, donde los sistemas jurídicos se hacen realidad, con independencia o no de su complejidad, de ahí, que frente a los supuestos vacíos legislativos, el quehacer de los Tribunales asuma carácter creativo, más allá inclusive de la autointegración, para adoptar lo que la Teoría Jurídica Contemporánea ha dado en llamar heterointegración, de lo que sigue que, al abordar en los considerandos precedentes los supuestos fácticos en que se apoya la pretensión, demostrados por la amplia y diversa prueba practicada, requisito sine qua non en Derecho a tenor de lo que previene el artículo doscientos cuarenta y cuatro de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, sea menester examinar los fundamentos de derecho que la sostienen, pues como reconocen los actores y consta de ley: "Los Tribunales están obligados a decidir todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, para que puedan dictar sentencias precisas y congruentes" en los términos que exige el artículo ciento cuarenta y seis de la norma procesal tantas veces invocada, y siendo así, se impone entrar en el análisis de los conceptos que la Teoría General de las Obligaciones denomina responsabilidad civil, daños, perjuicios, actos ilícitos, indemnización y resarcimiento, particulares todos indispensables para resolver el problema planteado, con especial énfasis, en lo que se contrae al daño moral.---------

CONSIDERANDO: que dando por valedero el concepto de responsabilidad civil que admite la doctrina moderna, que lo estima como la obligación que adquiere una persona cuando vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otra por una norma legal, a la reparación del daño producido, y que clasifica en responsabilidad contractual y en extracontractual o aquiliana, en franca referencia esta última a la Lex Aquilia de damno, diferenciándose éstas en que en la primera existe una relación jurídica anterior al daño entre el sujeto que lo causa y el que lo sufre, como ocurre en el caso del incumplimiento de un contrato, en tanto que en la segunda se adquiere igual obligación por la producción de un daño a una persona sin que exista una previa relación jurídica, pues implica la transgresión de una norma de derecho objetivo que impera entre las partes sin necesidad de su aceptación, y se trata, en última instancia, de la infracción del principio o deber general de no causar daño a otro (neminem laedere), es decir, el de abstenerse de un comportamiento lesivo para los demás, habida cuenta de que la antijuricidad recae sobre una...

obligación de carácter genérico que pesa sobre las personas, y que para que ocurra precisa de la existencia de tres requisitos indispensables cuales son: un comportamiento que al examinarlo, como punto de origen de toda responsabilidad civil, viole una norma de observancia general; que esa violación produzca un daño; y, por último, que exista una relación o nexo causal entre el comportamiento y el resultado, en otros términos, entre la conducta y el daño producido; siendo aquí precisamente en los que descansan los fundamentos teórico jurídicos de los actores, porque, además, el sistema jurídico cubano establece una clara distinción entre los delitos, como acciones y omisiones previstas y sancionadas en el Código Penal, y los actos ilícitos de orden civil, que sin carácter delictivo, obstruyen la convivencia y cooperación social, y ello es así porque el Derecho no es cosa distinta que un sistema que tiene por objeto prevenir o solucionar conflictos de intereses, y, por esa razón, no cabe dudar que el acto ilícito es una situación indebida que se traduce en la violación de los derechos subjetivos de otro y de los valores postulados por el Derecho como esenciales para lograr la sinergia social, en otros términos, es aquel que es contrario al ordenamiento jurídico y viola un derecho ajeno, ocasionando al afectado un daño o un perjuicio, del cual nace la obligación para su autor de indemnizar a la víctima, que es en esencia lo que han interesado los demandantes.---------------------

CONSIDERANDO: que, por otra parte, la propia doctrina define el daño (damnum emergens) como la pérdida patrimonial que cualquier persona natural o jurídica experimenta por un acto ilícito, y el perjuicio (lucrum cessans) lo que ha dejado de percibir por el daño producido, pero el Código Civil distingue dos tipos de daños, a saber, el material, que comprende el abono del valor del bien cuya restitución no es posible, o el menoscabo sufrido por éste, regulado en su artículo ochenta y cinco, y el moral, que comprende la satisfacción al ofendido mediante la retractación pública del ofensor, tal y como se expresa en el artículo ochenta y ocho de la misma ley sustantiva; sin embargo, en lo que al material respecta, algunos tratadistas sostienen que consiste en la diferencia entre el patrimonio antes del hecho ilícito y después de él, en otras palabras, es un daño efectivo al patrimonio de la víctima, que siempre tiene un efecto de sufrimiento en la persona lesionada; en cambio, el moral, "es la lesión de los bienes o derechos que pertenecen al ámbito personal del sujeto de derecho, y que repercute de alguna manera en sus intereses de índole afectiva y emocional. Ninguna duda debe aportar la carencia de valoración económica que, en sí mismo, padecen estos derechos de la personalidad, ni su carácter de inherencia a la persona, pues, para que un daño sea estimado con relevancia jurídica, debe producir un perjuicio, una pérdida o menoscabo, debe incidir sobre algún bien jurídico de la persona, y ser susceptible de resarcimiento", que del latín resarcire significa la acción o efecto de dar o recibir una indemnización o reparación por el perjuicio o agravio que se hubiere causado, de ahí que se le estime como una sanción de orden civil.--------------------------

CONSIDERANDO: sentado lo anterior, aun cuando no existe una expresa definición legislativa con respecto al daño moral, de los términos de esta materia cabe aceptar lo que la doctrina de modo mayoritario estima como "la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás; y habrá que presumir que se produjo este daño moral, cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las mismas", habida cuenta de que la persona, a diferencia del resto de los seres vivos, tiene capacidad para sentir el dolor en presente, que no es otra cosa que la manifestación puntual de la lesión, en pasado, como recuerdo de aquella, y en futuro, como miedo a que se repita la situación dolorosa, todo ello como consecuencia de la capacidad humana para memorizar los actos y situaciones.--------------------

CONSIDERANDO: que la responsabilidad civil, como se ha dicho, en cuanto deber de indemnizar, da lugar a una relación obligatoria, y en el caso sometido a debate, al valorar las pruebas practicadas en el proceso consistentes en confesión judicial, documentos, de peritos, de testigos, reconocimientos judiciales y presunciones, conforme establece la tantas veces citada ley procesal, a los efectos de delimitar la responsabilidad del demandado Gobierno de Estados Unidos de América, la Sala ha tenido en cuenta que ha quedado plenamente justificada la concurrencia de los tres elementos que la integran, que son, como se ha expuesto, el daño, la imputación y su nexo causal; el primero se materializa por la pérdida de la vida, el bien más preciado de la persona, fundamento y asiento de todos los demás, y probado quedó, que de ella fueron privados tres mil cuatrocientos setenta y ocho ciudadanos cubanos, del propio modo que el disfrute pleno de este bien quedó limitado en dos mil noventa y nueve personas, que es ésta la cifra de los discapacitados, vale decir, de aquellos que padecen de una lesión permanente a su integridad física; la segunda, esto es, la imputación, está determinada por una fuente generadora de actos ilícitos que se han derivado de las agresiones planificadas, financiadas y ejecutadas durante los últimos cuarenta años contra el pueblo de la República de Cuba; y el nexo causal queda demostrado precisamente por la abundante prueba practicada que obra del expediente y que permite aseverar que el demandado Gobierno de los Estados Unidos de América es el causante de los daños y perjuicios ocasionados al pueblo cubano.------

CONSIDERANDO: que, independientemente de lo anterior, es obligado hacer mención a la naturaleza del derecho alegado, del cual hay que destacar que se encuentra entre los derechos de la personalidad o derechos inherentes a la personalidad, que es una generación de derechos de reciente estimación, ya que los Códigos decimonónicos tenían una concepción estrictamente patrimonialista en cuanto a las personas, al tratarlas exclusivamente en relación con sus bienes, no contemplando otras facetas de aquéllas, como son sus relaciones con su mano, con su honor, entre otros, tal como acepta la doctrina moderna, que los clasifica a su vez como esenciales, entre los que están la vida, la integridad corporal y la libertad; los sociales, también inherentes a la persona y entre los que figuran el honor, la intimidad y la imagen; y otros autores agregan otra categoría, corporales y psíquicos, entre los que se incluyen la salud psíquica y física, los sentimientos y la estima social, todos los cuales se consideran tradicionalmente innatos, intrasmisibles, irrenunciables e imprescriptibles, por lo que la acción que oportunamente establecieron los actores, encuentra pleno apoyo en el Código Civil vigente.----------------

CONSIDERANDO: que, a partir de lo expuesto en el considerando precedente, es visto que, en el pleito, el bien sobre el cual se basa la reclamación es la vida en unos casos y la integridad física en otros, que dada su naturaleza son inevaluables y de imposible restitución; y ante la problemática de su cuantificación a los efectos del resarcimiento que se interesa, es doctrina también mayoritaria que tanto el daño a la vida como a la integridad física de la persona debe ser cuantificado pecuniariamente, y que la reparación del daño por parte de su responsable se logra a través de una compensación de este orden que, como sostienen varias legislaciones afines a nuestro sistema jurídico, resulta de libre apreciación por el juzgador; y es precisamente a este principio al que la Sala se afilia, amparada en la doctrina legal que a manera de heterointegración del Derecho se utiliza, por la razón de que nuestra fuente dominante, la Constitución y demás leyes que de ésta se derivan, al respecto no se pronuncian, todo lo que obliga al órgano jurisdiccional que resuelve, teniendo en cuenta todas las circunstancias y elementos de juicio que concurren en el proceso, como son los derechos lesionados, el grado de responsabilidad del demandado, la situación económica de éste y de los reclamantes, a fijarla en los términos interesados, con mayor razón cuando hechos de la naturaleza descrita han significado el sufrimiento sostenido, general e injustificado de todo un pueblo; daño este que se caracteriza además por una duración de cuarenta años y que es de inestimable magnitud, todo ello para procurar que en lo sucesivo el demandado se abstenga de realizar actos ilícitos como los expresados; y en lo que se refiere a la indemnización del daño moral, el Código Civil vigente, tal y como tantas veces se ha mencionado, lo ciñe exclusivamente a condenar al demandado a ofrecer una satisfacción a los ofendidos mediante su retractación pública, en el subjudice todo un pueblo, sin perjuicio del derecho de que se crean asistidos los actores para ejercitar su acción en relación con la indemnización de orden pecuniaria a que se refieren en el primer hecho de su demanda, cuando a bien lo entiendan.-----------------------

CONSIDERANDO: que el orden, la seguridad y la igualdad jurídicas son principios instrumentales con los que cuenta el Derecho para la realización de la Justicia, y en el proceso ha existido un especial celo en su salvaguardia; ahora bien, no bastaría un pronunciamiento condenatorio si no se asegura la realización en la práctica del mismo; de ahí que se imponga a modo de garantía una declaración de certeza de su ejecución, todo lo cual hace forzoso a este Tribunal, sin que ello signifique pronunciarse a priori sobre el contenido del proceso de ejecución, referirse a que, en los supuestos de condena al cumplimiento de una resolución judicial que obligue al pago de una cantidad de dinero en efectivo, si una vez requerida la parte obligada no cumple en el acto con el mismo como forma natural de extinción de las obligaciones, la ley franquea la posibilidad de trabar embargo contra bienes de su patrimonio en cantidad suficiente para cubrirla, tal como preceptúan los artículos cuatrocientos setenta y cuatro, cuatrocientos setenta y cinco y cuatrocientos setenta y seis, todos de la ley que rige la materia.-----------------------

CONSIDERANDO: que refuerza el criterio anterior la política mantenida por el demandado durante cuarenta años, cuyo alcance no queda circunscripto al ámbito nacional, al violar de modo flagrante las normas de Derecho Internacional plasmadas en la Carta de las Naciones Unidas; y tanto es así que constituye hecho notorio, y consecuentemente relevado de toda prueba, la llamada "Ley para la Democracia en Cuba" de mil novecientos noventa y dos, conocida como Ley Torricelli, que estableció la prohibición del comercio con Cuba a las empresas subsidiarias norteamericanas radicadas en otros países y con las que puso fin a las ya difíciles operaciones comerciales en materias indispensables para la subsistencia; y la llamada "Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática Cubanas" de mil novecientos noventa y seis, conocida mundialmente como Ley Helms-Burton por sus dos autores, el senador Jesse Helms y el representante Dan Burton, que con carácter extraterritorial es constante amenaza a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, y codifica prohibiciones administrativas, ampliando e intensificando el bloqueo y otorgándole un carácter perpetuo, en franca contradicción con nuestro propio Derecho, pura expresión de la soberanía de cualquier Estado, como resulta ser nuestra Ley número ochenta, "Ley de Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía Cubanas" de veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, que declara ilícita, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno, y por ello nula, cualquier reclamación amparada en la citada Ley Helms-Burton, por persona natural o jurídica con independencia de su ciudadanía o nacionalidad, además de reconocer el legítimo derecho del pueblo cubano a las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por el bloqueo y las agresiones de todo tipo; responsabilidad que, como ha quedado demostrado, recae sobre el Gobierno de los Estados Unidos de América.-------------

CONSIDERANDO: que, partiendo de lo antes expresado y al ser el demandado una persona jurídica de las características del Gobierno de los Estados Unidos, pudieran ser embargados, de acuerdo con los procedimientos legales de cada país, los bienes de su propiedad que se encuentren en cualquier lugar del mundo, excepto los protegidos por convenios internacionales, pudiendo correr igual suerte de persecución y embargo las propiedades, donde quiera que se encuentren, de aquellas personas naturales o jurídicas, nacionales de los Estados Unidos de América, que en complicidad con el actuar del demandado promuevan o participen en la aplicación de la Ley Helms-Burton o la ejecución del bloqueo económico a Cuba, que ha sido calificado como acto de genocidio y, como tal, condenado, con independencia de nuestras propias leyes, por convenios internacionales tales como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948 y que entró en vigor el 12 de enero de 1951, y el Convenio Relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, suscrito en Ginebra el 12 de agosto de 1949, en el primero de los cuales se responsabiliza tanto a los autores como a los cómplices del genocidio; de igual modo, podrán ser objeto de embargo los bienes de personas de origen cubano, radicadas ellas o dichos bienes en cualquier país, que se sumen a los objetivos de la Ley Helms-Burton mediante acciones similares a las que contempla esa legislación, pudiendo hacerse extensiva la ejecución de esta sentencia al valor de las indemnizaciones a que hubieran tenido derecho por concepto de compensación por las propiedades nacionalizadas quienes eran personas naturales o jurídicas de los Estados Unidos al llevarse a cabo el proceso de nacionalización de las riquezas y recursos naturales de la Nación, indemnizaciones no abonadas en su momento por la posición adversa del propio demandado a cualquier negociación.-----------------

CONSIDERANDO: que teniendo en cuenta que lo expuesto en los tres últimos considerandos son aspectos no contenidos en las cuestiones planteadas en la demanda, la Sala se ampara para pronunciarse sobre ellos en el artículo cuarenta y cinco de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, por estimar que los mismos, al ser apreciados, son consecuentes y están íntimamente relacionados con las pretensiones originalment deducidas, todo ello a los efectos del resarcimiento e indemnización que corresponde satisfacer por parte del demandando a favor de las personas que representan las organizaciones demandantes, con mayor razón si se tiene en cuenta que el artículo noventa y siete de la mencionada ley procesal permite que, aun no habiendo sido oídos en el proceso, se les notifique la sentencia a aquellas terceras personas que pudieran ser afectadas por la ejecución de ésta.-----------------

CONSIDERANDO: que, de conformidad con el artículo ciento veinte de la Constitución de la República de Cuba, "la función de impartir justicia dimana del pueblo", y a tenor de la Ley número ochenta y dos de mil novecientos noventa y siete, los órganos jurisdiccionales son independientes y deben obediencia sólo a la ley, y, a su vez, las sentencias que pronuncien han de dictarse en nombre del pueblo de Cuba, y siendo ello así, procede resolver en los términos que se dirá.-----------------

En nombre del pueblo de Cuba

FALLAMOS: declaramos CON LUGAR la presente demanda interpuesta en Proceso Ordinario sobre Responsabilidad Civil para la Reparación de Daños e Indemnización de Perjuicios interpuesta por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media (FEEM), la Organización de Pioneros "José Martí" (OPJM), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), y, en su consecuencia, se condena al demandado Gobierno de los Estados Unidos de América a la reparación del daño material ascendente al pago de una cifra igual por el valor de la vida de tres mil cuatrocientas setenta y ocho personas, equivalente a un promedio de treinta millones de dólares estadounidenses por cada uno de los fallecidos, lo que hace un total de ciento cuatro mil trescientos cuarenta millones de dólares estadounidenses, y al pago por el valor de la integridad física ilícitamente quebrantada de dos mil noventa y nueve personas, que equivale a un promedio de quince millones de dólares por cada uno de los incapacitados, lo que asciende a treinta y un mil cuatrocientos ochenta y cinco millones de dólares estadounidenses; se condena además, en concepto de...

indemnización de perjuicios, como retribución de las prestaciones que ha tenido que asumir la sociedad cubana y demás ingresos dejados de percibir por víctimas y familiares, al pago de treinta y cuatro mil setecientos ochenta millones de dólares estadounidenses, equivalente a un promedio de diez millones de dólares de la misma moneda por cada uno de los fallecidos, y de diez mil cuatrocientos noventa y cinco millones de dólares estadounidenses, equivalente a un promedio de cinco millones de dólares por cada uno de los incapacitados, para un pago único de ciento ochenta y un mil cien millones de dólares estadounidenses. Al propio tiempo, se le condena a que se retracte públicamente por el daño moral causado tanto a los familiares como a las víctimas por los hechos juzgados. Se dispone, a su vez, al amparo del artículo seis de la Ley de los Tribunales Populares, dar cuenta a la Fiscalía General de la República, para que como veladora de la Legalidad Socialista, instruya penalmente a todas aquellas personas que de un modo u otro han tenido relación con los actos ilícitos de orden penal a que se hace referencia en la presente resolución. Con costas.------------------

Así por ésta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.------------

Firman la sentencia el licenciado Carlos Manuel Díaz Tenreiro, Presidente del Tribunal y ponente, el maestro en derecho Rafael Enrique Dujarric Hart, Juez Profesional, la licenciada Isabel Inés Arredondo Suárez, Juez Profesional, la compañera Angela Torí Echemendía, Juez Lego, y el compañero Gilberto Martínez Martínez, Juez Lego, y certifica la compañera Lídice de las Nieves Crespo Sosa, Secretaria de la Sala.

En el día de ayer se cumplimentó por los canales diplomáticos establecidos el trámite de notificación de esta Sentencia a la parte demandada.

(Publicado 3/11/99)