Cinismo imperial: EE.UU. intenta hacer creer que no protege a los represores

JEAN-GUY ALLARD

Mientras se celebra en Miami un juicio de deportación a un represor salvadoreño con el cual pretende limpiarse de su fama de protector de los represores, Estados Unidos sigue ignorando las solicitudes de varios países de América Latina que reclaman la extradición de algunos de los peores asesinos de su historia, refugiados en territorio imperial.

FOTO: APCon el juicio del exministro de Defensa de El Salvador, general José Guillermo García (en la foto), Estados Unidos pretende limpiar su imagen de protector de represores.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), "armó el show" en Miami —ciudad donde está hospedo el terrorista Luis Posada Carriles— ante el juez de deportación Michael Horn, solicitando al funcionario que ordene la deportación del exministro de Defensa de El Salvador, general José Guillermo García, en virtud de una ley del 2004 que "permite" que un extranjero vinculado a torturas y ejecuciones sea deportado.

"UN CAMBIO POLíTICO HISTÓRICO", DICE EL HERALD

Para el Nuevo Herald de Miami, diario afiliado a la inteligencia norteamericana y a la mafia cubanoamericana, el juicio es "el más reciente ejemplo de un cambio político histórico para el gobierno de Estados Unidos".

Esta afirmación algo gratuita es acompañada de una confesión: "Durante gran parte del siglo pasado, las administraciones estadounidenses estaban del lado de los dictadores o comandantes militares de derecha en América Latina, viéndolos como baluartes contra el comunismo".

Contrario a lo que pretende el Herald, la realidad no corresponde a estas afirmaciones.

Para quienes tienen mala memoria, la guerra civil de El Salvador (1980-1992) dejó 75 mil muertos y unos 8 000 desaparecidos. Muchos militares se jubilaron y emigraron a Estados Unidos, incluso después de haber sido denunciados por organizaciones de los derechos humanos por asesinatos, secuestros y torturas.

Nada ha cambiado EE.UU. sigue como siempre del lado de los políticos que se sometieron al dominio imperial y de los exalumnos de su siniestra "Escuela de las Américas" y demás academias regionales del terror.

MASACRES CON ASESORES

Tres casos recientes demuestran el tradicional cinismo con el cual se descartan las solicitudes de extradición venidas del Sur.

En octubre pasado, en Argentina, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, Chubut, condenó a prisión perpetua a tres imputados por los hechos conocidos como la Masacre de Trelew, un hecho de la dictadura militar que costó la vida a 16 jóvenes revolucionarios.

En este juicio no fue juzgado el más repugnante cómplice de este crimen: el exteniente de corbeta Roberto Bravo, aunque fue localizado en Estados Unidos en el 2009 por el diario argentino Página/12.

Detenido en febrero del 2010 después de una denuncia de Argentina, Bravo fue rápidamente liberado bajo fianza y sin indicios de que prospere nunca el pedido de extradición presentado luego.

Bravo es el oficial que se encargó de rematar a los 16 jóvenes revolucionarios. Actuaba a nombre de una dictadura militar cuyas técnicas de represión se inspiraban obsesivamente en los instructores y manuales del norte.

Muy recientemente también, la justicia chilena anunció la petición de extradición del oficial retirado del ejército Pedro Barrientos, radicado en Estados Unidos, y protegido por el asilo que le fue otorgado por el Departamento de Estado.

Barrientos es acusado nada menos que del asesinato del cantautor Víctor Jara, junto al oficial Hugo Sánchez Marmonti, el 16 de septiembre de 1973, a menos de una semana del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende.

En Bolivia, se cumplirán diez años de la huida del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada a Estados Unidos y de la masacre de octubre del 2003, que ocasionó 67 muertos y centenares de heridos. Bolivia solicitó repetidamente su extradición y el Departamento de Estado apenas contestó que "estudiaba" el pedido.

En Miami, el juicio del exgeneral García tiene las características de una cínica farsa hasta en sus posibles conclusiones. Con sus 79 años de edad, tiene poco que temer: ya se prevé que el juez Horn no anunciará su decisión al término del juicio, sino meses más tarde.

Si el magistrado decreta la deportación, García acudirá a la Junta de Apelaciones de Inmigración en Washington, cuya decisión puede apelar al tribunal federal de apelaciones de Atlanta. Si le falta la suerte, siempre le quedará la Corte Suprema de Justicia.

Entretanto, le sobrará el tiempo para jugar dominó, tal vez con Luis Posada Carriles.

 

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