Programa de ordenamiento territorial

Arrecian acciones contra ilegalidades

Miguel Febles Hernández

CAMAGÜEY.— La eliminación de más de 4 000 ilegalidades en esta provincia desde el año pasado hasta la fecha, constituye apenas, una muestra del enfrentamiento resuelto de las autoridades locales contra todo lo que viole la disciplina y las regulaciones urbanísticas y medioambientales.

Así lo ratifica la arquitecta Anelys Marishall, directora provincial de Planificación Física, al ofrecer detalles acerca del proceso de actualización y perfeccionamiento de los planes integrales para la erradicación de las infracciones, asunto que involucra a los trece municipios camagüeyanos.

Según la especialista, a los problemas dictaminados inicialmente durante el 2011, relacionados en lo fundamental con el tema de la vivienda, se suman otros que están en el ámbito de la protección del medio ambiente o inciden sobre los recursos hidráulicos del territorio, por solo citar dos ejemplos.

"En este grupo de contravenciones —explica Marishall— se pueden mencionar los vertimientos ilegales hacia los cauces de agua, la falta de plantas de tratamiento de residuales, la proliferación de cochiqueras en lugares inapropiados y las conexiones no autorizadas a las redes hidráulicas".

En lo que respecta al sector estatal, se han definido 557 transgresiones, previa certificación por parte de los organismos y empresas del territorio, para cuya erradicación, con plazo límite hasta el 2014, deben establecer sus respectivos programas de acción y planificar los recursos materiales y financieros necesarios.

La directora provincial de Planificación Física refiere, sin embargo, que cerca del 56 % del total de las violaciones se concentra en los edificios multifamiliares, motivado por la ocupación de sus espacios comunes con diversos fines y la construcción de estructuras adosadas a los mismos.

Jimaguayú es el municipio que más ha avanzado en la eliminación de las ilegalidades acumuladas durante años, lo que se refleja hoy en un entorno higiénico-ambiental favorable y un cambio de imagen perceptible en sus principales comunidades, aunque aún le quedan asuntos por resolver.

En sentido negativo aparece el municipio cabecera provincial, territorio con más de 300 mil habitantes que concentra el mayor número de infracciones de diverso tipo y también la magnitud de las complicaciones, aunque se trabaja de manera ordenada, sobre bases legales, que conduzcan a su definitiva erradicación.

 

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