La letra pequeña de los acuerdos de Bruselas

SERGIO ALEJANDRO GÓMEZ

Las claves para entender el trasfondo político de la crisis económica en Europa no parecen estar en las rimbombantes declaraciones de la prensa, sino en la letra pequeña que sustenta los acuerdos de Bruselas.

A finales de junio pasado, el Consejo Europeo celebrado en la capital belga desató una ola de euforia con la aprobación por parte de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE) de "nuevas" medidas para enfrentar la grave situación económica que vive el bloque.

La recapitalización directa de los bancos sin intervención de los Estados nacionales y la posibilidad de que los mecanismos de estabilidad financiera europeos interviniesen en los mercados para controlar las tasas de interés que pagan los países por emitir deuda —ambas iniciativas impulsadas principalmente por España e Italia—, ocuparon los titulares de buena parte del mundo, al tiempo que llevaron un hálito de esperanza a los países más afectados por la actual crisis económica.

Cerca de dos meses después, la implementación de esos acuerdos ha borrado toda huella de optimismo. Algo que no debería sorprender a quienes revisaron minuciosamente "la letra pequeña" de los documentos de Bruselas.

En el caso del rescate directo de los bancos, una medida vital para España —que solicitó un salvamento para su sector financiero de 100 mil millones de euros—, se impusieron una serie de condiciones previas que hacen inviable su aplicación, al menos en el mediano plazo.

Para que este tipo de acciones se lleve a cabo, la UE tiene que poner en marcha el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) —sustituto permanente del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), de carácter temporal— y establecer un supervisor común para el conjunto del sistema financiero del bloque, lo cual no se espera hasta entrado el 2013, confirmó entonces el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y titular de Asuntos Económicos, Olli Rehn.

Rehn agregó que esa "reforma de calado" supone, de hecho, un paso hacia la integración bancaria de la Unión Europea, una de las variantes que se han manejado para solucionar los problemas de un bloque en el que conviven países casi en bancarrota como Grecia y, en menor medida, España, con una nación como Alemania, cuyo superávit comercial es similar al de China con Estados Unidos.

España no podía esperar un año para el socorro de sus bancos, por lo que los primeros 30 mil millones de los 100 mil millones prometidos llegarán por la vieja ruta FEEF-Estado español. Esto deja indemne, al menos por ahora, el ciclo vicioso entre la deuda de los bancos y la deuda pública.

A mediados de julio, cuando trascendió el Memorando de Entendimiento para el otorgamiento de los fondos a España, El País reportó que este incluía 32 condiciones para el sistema financiero y alguna más, en paralelo, para el conjunto de la economía española.

"El documento lo componen 20 páginas plagadas de exigencias que cambiarán de arriba abajo el mapa bancario español y, de paso, parte de la política económica de los próximos años, empezando por una nueva tanda de recortes", precisó el diario.

También alertó que los acreedores podrán acceder, "bajo estrictas condiciones de confidencialidad", a todos los datos del sistema financiero español que necesiten, lo cual despoja al Ministerio de Economía ibérico de muchas de sus competencias y deja al Banco de España bajo la tutela efectiva del Banco Central Europeo (BCE).

Y si a alguien le quedaban dudas de que dicho rescate repercutiría en los ciudadanos españoles, baste mencionar que los recortes establecidos por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy hasta el 2014, cifrado en 102 mil millones de euros, coincide casi milimétricamente con el monto de la "ayuda" europea.

El otro supuesto hito de la Cumbre de junio, la intervención europea en los mercados de deuda o el "escudo antiprima de riesgo", como lo llamaron algunos, ha corrido una suerte similar.

Desde el inicio se alertó que solo un país "virtuoso" —esto es que cumpla con las exigencias de Bruselas en materia económica— podría demandar que los mecanismos de estabilidad financiera del bloque adquiriesen títulos de su deuda pública para forzar a la baja los tipos de interés (o prima de riesgo), sin asumir a cambio nuevas condiciones con los prestamistas.

Nuevamente la "letra pequeña" de marras establece que la intervención de los fondos queda subordinada a un Memorándum de Entendimiento con el país receptor, lo que supone un plan de rescate en toda regla, según los analistas.

Al respecto, todavía persiste el oscurantismo sobre cuáles serían las condiciones impuestas por Bruselas para realizar esta operación y muchos esperan a que las próximas Cumbres de la CE aclaren este tema antes de tomar una decisión.

Pero lo cierto es que Italia, una de las naciones más necesitadas de este tipo de ayuda —pues tiene una balanza comercial positiva hasta el momento de pagar su deuda pública—, no ha recurrido todavía a esta opción, a pesar de que los tipos de interés a los que está sujeta en los mercados están asfixiando su economía.

En medio del alborozo del encuentro a fines de junio, las impresiones de la canciller alemana, Angela Merkel, no fueron las más destacadas, pero la realidad ha demostrado el laconismo de sus palabras: "No nos hemos salido del sistema: prestación, contrapartida, condicionalidad y control".

 

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