Anneris Ivette Leyva

Acorde con el compromiso de informar sistemáticamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular de la marcha de la implementación de los acuerdos del Sexto Congreso del Partido, los diputados tuvieron como primer punto de su Noveno Periodo de Sesiones, celebrado ayer, una amplia actualización de este proceso, a cargo del Vicepresidente del Consejo de Ministros y miembro del Buró Político Marino Murillo Jorge, Jefe de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo.

A propósito de la detallada exposición, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, expresó la importancia de comprender cabalmente la complejidad de estas cuestiones, y resaltó lo apropiado del ritmo diseñado para poner las medidas referidas en práctica, el cual responde al principio reiterado de trabajar sin prisa, pero sin pausa.

De esta forma, los diputados conocieron de la culminación de la proyección estratégica 2012-2015 por parte de la Comisión encargada de implementar los acuerdos del Sexto Congreso del Partido.

Entre las acciones priorizadas en este sentido, se encuentra la conceptualización del modelo económico, el cual demanda el diseño de un programa a largo plazo para esclarecer las metas a alcanzar en el futuro, las condiciones que deben crearse en la economía para lograrlas, y si lo realizado se corresponde con ellas. Este programa a largo plazo tendrá que tener un reflejo en las proyecciones quinquenales de la economía, así como en los planes anuales, manifestó Murillo Jorge.

El Legislativo cubano tuvo también la oportunidad de conocer lo avanzado en el Capítulo II de los Lineamientos, referido a Políticas Macroeconómicas. Sobre este asunto, el Vicepresidente del Consejo de Ministros afirmó que uno de los propósitos es lograr integrar lo incluido en el Presupuesto con la disponibilidad de finanzas y las necesidades de la economía del país; igualmente ajustar a estas la estructura de créditos bancarios, sin lastrar los análisis de riesgo que deben realizar las instituciones financieras para asegurar su devolución.

Asimismo, la oferta de créditos a la población debe incrementarse, ratificó. En este primer semestre, a razón del Decreto-Ley 289, para el otorgamiento de créditos a las personas naturales y otros servicios bancarios, se otorgaron 47 mil de estos financ

iamientos por valor de más de 300 millones de pesos, y el 90 % de estos correspondió al objetivo de desarrollar acciones constructivas.

En la misma línea de trabajo, en octubre del 2011 fueron aprobadas las políticas y medidas inmediatas para el ordenamiento de los cobros y los pagos en el país (relacionadas con los lineamientos 46, 48, 50, 51); problema que, insistió, tiene su base en la falta de conciliación e indisciplina empresarial.

Este punto motivó una intervención del Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, Raúl Castro: "El tema de los cobros y los pagos hay que acabarlo de resolver y exige una estricta disciplina".

APUESTA POR LA EMPRESA ESTATAL

Tras recordar que en el Lineamiento número 2, aprobado por el Sexto Congreso del Partido, se plasmó que la empresa estatal socialista es la forma principal en nuestra economía, el Vicepresidente del Consejo de Ministros aseguró que el éxito de la actualización del modelo económico cubano pasa por la nada fácil tarea de hacer eficiente esta forma de gestión empresarial.

En aras de vencer este reto, en proceso de aprobación se encuentra la plataforma organizativa para la realización de experimentos en organizaciones empresariales seleccionadas, a iniciarse el próximo año. Varios serán los principios a seguir en esta propuesta: Entre las empresas, las organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE) y los organismos se creará un nuevo sistema de relaciones. De igual modo se concebirá un sistema de planificación empresarial diferente, para el cual los directivos a este nivel tendrán otras facultades. Se flexibilizarán los objetos sociales y la posibilidad de aprobar precios, teniendo en cuenta los referentes internacionales y los costos de producción. Actualmente se estudian qué colectivos se incorporarán al referido experimento.

Igualmente, se comentó al Plenario de la Séptima Legislatura que en este periodo fue aprobada la política para la creación experimental de cooperativas —forma preferente dentro de la gestión no estatal— en actividades no agropecuarias. Como característica peculiar, estas partirán de instituciones estatales en arrendamiento y en ellas se integrarán personas que aporten fuerza de trabajo.

Tal condición permitirá que, al repartir las utilidades, se tome en cuenta el trabajo individual aportado y no la propiedad, forma más justa y equitativa de redistribución.

Como rasgo fundamental, los inmuebles serán propiedad del Estado (patrimonio cedido hasta 10 años), diferenciando las funciones de posesión y gestión: estatal la primera, cooperativa la segunda.

Desde el punto de vista impositivo, se estimulará esta forma de gestión, siguiendo el principio de privilegiar la propiedad más social.

Las normas para iniciar estos experimentos se encuentran en fase final. Ya hay identificadas alrededor de dos centenas en diferentes actividades de la producción y los servicios; por ejemplo en mercados agropecuarios, con casi la mitad de la cifra total. Algunas comenzarán a gestionarse antes de que se termine el 2012 y el resto se incorporará de manera gradual.

Para apoyar su funcionamiento, en el Plan de la economía del 2013 se prevén destinar 100 millones de dólares.

TRABAJAR, TRIBUTAR

En cuanto al trabajo por cuenta propia, se supo que al cierre de junio del 2012 existían 390 mil 598 personas inscritas: 233 mil 227 más que en septiembre del 2010, un mes antes de entrar en vigor las normativas referidas a la ampliación de esta alterna

tiva de empleo. Destacan en este crecimiento los trabajadores contratados (62 mil 747); los elaboradores-vendedores de alimentos (57 mil 504); y los transportistas (42 mil 530).

Al respecto, Murillo Jorge afirmó que se continuarán aumentado las figuras aprobadas, flexibilizando prohibiciones, y eliminando contravenciones obsoletas (que no atenten contra el orden), en función del Lineamiento 168.

Seguidamente, el Jefe de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo adelantó que "luego de un amplio proceso de discusión", se presentaría ante los diputados, para su aprobación, la nueva Ley Tributaria (aprobada en este periodo de sesiones), que al ser "más moderna y flexible, nos permite avanzar en la actualización del modelo", afirmó.

Esta norma tiene previsto que todos paguemos impuestos por los ingresos personales, algo a lo que no estamos acostumbrados —expresó—; en el caso de los asalariados, esto se aplicará cuando las condiciones lo permitan.

En otro orden de temas, se mencionó que a fin de hacerle frente al elevado ritmo de envejecimiento de la población cubana, fenómeno ya irreversible y sin solución a corto plazo, se encuentra en proceso de elaboración una estrategia integral, y se analizan medidas de más inmediata implementación.

A modo de ejemplo, el dirigente informó que ya en el 2021, se estima que la diferencia entre los que salen del sistema de trabajo y los que entran, ascienda a más de 5 700. Mientras, ya para el 2030, la preocupante diferencia será de algo más de 78 mil, lo cual obligará a un ordenamiento y ahorro de la fuerza de trabajo, a tenerse en cuenta en el programa a largo plazo.

DESARROLLO SECTORIAL

En el plano del desarrollo sectorial, varias acciones se han encaminado para impulsar la producción agropecuaria, por su sensibilidad para la economía nacional. Como parte de ellas —y acorde con los lineamientos 17, 178, 179, 180 y 187—, en marzo se apr

obaron 17 medidas para eliminar las ataduras que limitan el funcionamiento de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), las cuales se harán extensivas a las cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y de Crédito y Servicios (CCS) en lo que corresponda.

Entre los avances de mayor significación en este sector, se mencionó lo relativo a la política de comercialización de productos agropecuarios para las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque, la cual comenzará a implementarse en septiembre. Los resultados obtenidos a partir de esta experiencia servirán de base para evaluar cómo proceder en el resto del país.

La modificación del Decreto-Ley 259, en función del Lineamiento 189, fue otro de los tópicos abordados. Como elementos principales que cambian en esta norma, se mencionó la ampliación del área de tierra en usufructo, para quien la tiene en producción, hasta 67 hectáreas; y la continuidad del derecho, en caso de fallecer el titular, para sus familiares o quienes laboren con él.

SUBSIDIOS PERSONALIZADOS

En relación con la política de subsidiar personas y no productos, se habló de la venta de materiales de la construcción, reconociendo los problemas existentes con la calidad, fundamentalmente en la carpintería de aluminio y los muebles sanitarios, lo cual constituye un reto para la industria.

También se criticó la lentitud inicial de los Consejos de la Administración Municipal para aplicar el Reglamento del Consejo de Ministros sobre el otorgamiento de subsidios a las personas sin solvencia económica, urgidas de emprender acciones constructivas en sus hogares.

Sobre la cocción de alimentos, fue anunciado que se estudia la venta liberada, también sin subsidios, de gas licuado de petróleo (GLP), para quienes deseen complementar este con las demás variantes existentes. Se ratificó, no obstante, que la electricidad —usada actualmente por el 69 % de los más de 3 millones 700 núcleos identificados— es la modalidad más económica para el país, y debe continuar siendo la de mayor peso.

Respecto al arreglo de los equipos electrodomésticos para este fin, se mencionaron medidas para lograr sistematicidad en la disponibilidad de piezas de repuesto, como realizar importaciones para un mayor periodo y la elaboración de ellas en el país. Se explicó que para el caso de su reposición completa se estudia una política de precios y crediticia que respalde su venta liberada sin subsidios pero tampoco con fines recaudatorios.

Sobre este aspecto, el Vicepresidente del Consejo de Ministros respondió a una inquietud por parte de una miembro del Plenario, quien indagó sobre una posible protección estatal al precio de reparación de estos equipos, bajo las nuevas fórmulas de gestión en talleres destinados a esta función. Murillo Jorge expresó que la voluntad estatal era mantener las tarifas actuales, pero para ello resultaba indispensable asegurar la disponibilidad de piezas de repuesto, pues ante toda escasez de oferta para una amplia demanda emergen actitudes lucrativas, al margen de lo aprobado.

En la misma esencia de esta respuesta, el Jefe de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo abordó la inquietud del diputado Denis Robin Rivero sobre el tema de los revendedores de artículos diversos; productos en la mayoría de los casos deficitarios en el mercado estatal. "Para solucionar este problema tiene que haber producción, no puede faltar la oferta", opinó.

En lo relativo al perfeccionamiento de los sistemas y órganos de dirección, continúan los experimentos en las provincias de Artemisa y Mayabeque, y se mantiene el trabajo con varios Organismos de la Administración Central del Estado y otras entidades.