Economía de Salud en la Capital

Terapias contra el descontrol

LISANDRA FARIÑAS ACOSTA

Prevenir es la única garantía para preservar; premisa que puede corroborarse si se analizan detenidamente los hechos delictivos ocurridos durante los años 2007 y 2008 en más de 15 unidades de salud de la capital, con pérdidas significativas.

 Foto: Jorge Luis GonzálezEl control estricto de recursos como los medicamentos es imprescindible para la sostenibilidad y eficiencia del sistema de salud.

Según datos ofrecidos a Granma por la vicedirección económica provincial de Salud Pública en La Habana, en el 2007 fueron 223 los delitos detectados en varias instalaciones de salud, con una pérdida al presupuesto del Estado de diez millones 200 mil pesos. Al año siguiente se detectaron 171 casos de corrupción, y se malversaron cuatro millones 300 mil pesos.

Si bien a partir de la intervención de las autoridades de la provincia y otros organismos como el antiguo Ministerio de Auditoría y Control —hoy Contraloría General de la República— en los años posteriores los hechos delictivos y sus consecuentes pérdidas se redujeron, no pueden ser ignorados y menos aún si ocurrieron en un sector tan sensible como la salud pública.

El robo de nóminas, al falsearse su monto total contra el efectivo extraído del banco, y el desvío de recursos de la agricultura, a partir de frecuentes negocios de las administraciones con cooperativas fuera y dentro de la provincia, o robo de recursos materiales, fueron los principales delitos identificados. Lógicamente, con los responsables de cada una de estas ilegalidades se tomaron las medidas pertinentes.

Mucho se ha trabajado desde entonces, lo que sin duda permite mostrar hoy un panorama diferente. Hasta el mes de marzo del presente año solo se habían detectado 11 hechos, con una pérdida de 5 500 pesos.

Ahora bien, de ninguna manera la corrupción, el delito y las ilegalidades pueden ser reducidas a un problema estadístico. En reiteradas ocasiones Gladys Bejerano, Contralora General de la República, ha puntualizado que "el asunto no es decir que tenemos control porque disminuimos de un año al otro los presuntos hechos de delito, la cuestión es impedir que ocurran porque en ello está involucrada la existencia de la Revolución".

SUPERVISAR, FISCALIZAR... PROTEGER

La acción conjunta del Consejo de Administración Provincial (CAP) de La Habana —en especial de la Vicepresidencia Económica, en las direcciones de Finanzas, Precios, Trabajo, y la dirección de la Unidad Central de Auditoria Interna—, del Ministerio de Auditoría y Control (actual Contraloría) y las autoridades de salud, apoyados por la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) fue lo que permitió restablecer la contabilidad en el sistema de salud de la capital.

Aída Barrios Jorge, vicedirectora económica provincial señaló que una de las primeras medidas tomadas fue la asignación al sector de 68 auditores emergentes para insertarlos dos años en las unidades de salud.

"Traían una disciplina de formación y ayudaron mucho en el rescate de la contabilidad de instituciones que llevaban años sin presentarla. Esta acción fue apoyada por 13 asesores de la ANEC, los cuales fueron los tutores de muchas unidades.

"Nos exigieron capacitar al personal de estas áreas y a los cuadros, por lo general médicos, y es en esta superación donde fue imprescindible la ANEC, asesoría que actualmente llega hasta nivel de los policlínicos", indicó.

Medidas como responsabilizar a cada jefe de área organizativa con el pago de su personal e implementar el certifico de nóminas, fueron determinantes. Después de la aplicación de este último en el 2008, la ocurrencia de hechos delictivos se minimizó de manera significativa.

En cuanto a los hechos relacionados con la agricultura, señaló la vicedirectora económica que a cada unidad se le asignó una forma productiva, y se revisó la contratación de acuerdo con las normas reglamentadas por dietética, estableciéndose a partir de las camas reales y no de la dotación de camas, como se hacía.

La implementación de la Resolución 60 de la Contraloría General de la República, referente a las Normas del Sistema de Control Interno, es otro de los aspectos priorizados. Para ello —refiere Barrios Jorge— se creó un Grupo de Supervisión y Control, encargado de velar por el cumplimiento de esta.

Hacia este objetivo Salud Pública dirige todos sus esfuerzos. Pero, si bien nada puede justificar la desorganización y la indisciplina, no es menos cierto que el sector se encuentra en una verdadera encrucijada.

¿CONTROL INTERNO... SIN PERSONAL?

Un total de 58 unidades presupuestadas y cuatro empresas componen el sistema de salud de la capital, a las cuales se subordina un universo de 820 unidades, cada una con un presupuesto asignado, donde se concentran como promedio 77 mil trabajadores, y se genera gran volumen de recursos humanos, materiales y financieros.

Según explicó Aída Barrios Jorge, el presupuesto asignado este año para amparar los gastos corrientes y el pago de salarios es de 825 millones 100 mil pesos (CUP). Si se toma esta cifra y se divide linealmente entre los días de un año, podrá comprobarse que solamente para gastos de salud en la capital, el Estado eroga diariamente como promedio dos millones 260 mil 548 pesos, cerca de 68 millones de pesos mensualmente, cifra nada despreciable.

Llevar la economía en estas instalaciones de salud es hoy más complejo, ya que las áreas de Contabilidad, Recursos Humanos y Planificación apenas tienen cubiertas el 85 % de las plantillas. Por ejemplo, una tercera parte de las unidades está sin planificadores.

"Nos faltan muchos jefes de departamento (14 de 62), sobre todo en el área contable —señala Barrios Jorge—, a lo que se suma que no recibimos graduados de nivel superior en Economía, Contabilidad o Ingeniería Industrial desde los años 90. Es algo que hay que revisar con urgencia".

Al indagar por el plan de ubicación en estas carreras para el sector de la salud, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informó que este se ha diseñado en correspondencia con las demandas que han realizado y la disponibilidad de graduados.

Otra de las limitaciones está dada porque la actividad económica, en la práctica, responde hoy al vicedirector administrativo, lo que constituye una violación (el que maneja los recursos no puede ni debe controlarlos). En los hospitales el vicedirector administrativo atiende economía, contabilidad, planificación, recursos humanos, más todas las labores de mantenimiento. Al respecto, señaló la vicedirectora que la Resolución 90 del Ministro de Salud Pública, del presente año, aprueba el cargo de vicedirector económico, con lo cual se erradicaría este problema. Quedaría entonces pendiente garantizar el personal calificado que asuma dicha responsabilidad.

Además de mejorar las condiciones de trabajo, remuneración y mecanismos de estimulación, la vicedirección económica provincial del sector considera continuar la capacitación de trabajadores y directivos, para garantizar la continuidad del trabajo y el real funcionamiento de la economía de salud y sacarla, definitivamente, de la encrucijada de la ineficiencia.

 

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