Ignacio Ramonet

Brasil acoge en Río de Janeiro, del 20 al 22 de junio, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, llamada también Río+20, porque se celebra dos décadas después de la primera gran Cumbre de la Tierra de 1992. Asistirán a ella más de 80 jefes de Estado. Las discusiones se centrarán en torno a dos temas principales: 1) una "economía verde" en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza; y 2) el marco institucional para el desarrollo sostenible. En paralelo al evento oficial, también se celebra la Cumbre de los Pueblos que congrega a los movimientos sociales y ecologistas del mundo.

Las cuestiones ambientales y los desafíos del cambio climático siguen constituyendo urgencias mayores de la agenda internacional⁽¹⁾. Pero esta realidad está siendo ocultada, en España y en Europa, por la gravedad de la crisis económica y financiera. Normal.

La eurozona atraviesa uno de sus momentos más difíciles a causa del fracaso manifiesto de las políticas de "austeridad a ultranza". La recesión se ha instalado en varias economías, con un desempleo en alza y dramáticas tensiones financieras. España, en particular, vive sus momentos más preocupantes desde el 2008; peores que cuando quebró el banco Lehman Brothers. La economía ha debido someterse a la auditoría de los inspectores de Bruselas. La prima de riesgo se disparó entrando en zona de intervención, y se han vuelto a despertar todas las dudas sobre la solvencia del sistema bancario español, arrastrado por la escandalosa quiebra de Bankia.

Ante el fracaso del Banco de España, y las dudas sobre la credibilidad del sistema financiero, se ha tenido que recurrir a un grupo de firmas "independientes" extranjeras para analizar la morosidad oculta de los bancos españoles⁽²⁾. Entre los ciudadanos se extiende la idea de que España va a necesitar, de manera más o menos inmediata, el apoyo del Fondo de Rescate Europeo, como ya le ocurrió a Irlanda, Grecia y Portugal. El 62 % de los españoles lo teme.

Cunde pues el pesimismo. El premio Nobel de economía Paul Krugman echó leña al fuego cuando, el mes pasado⁽³⁾, avisó que es "muy posible" que Grecia abandone el euro en el curso de este mes de junio... Una salida de Atenas de la moneda única europea tendría como consecuencia inmediata la fuga de capitales hacia los países vecinos y la retirada en masa de los depósitos bancarios. Fenómenos que se contagiarían inevitablemente a Portugal e Irlanda y, sin duda, a España e Italia. Krugman vaticinó por cierto que no descartaba que, después, llegara a España y a Italia un corralito bancario ⁽⁴⁾...

En esas preocupaciones estamos. Y por eso los ciudadanos europeos siguen con tanta atención la agenda electoral europea: elecciones legislativas francesas el 10 y el 17 de junio; nuevas elecciones griegas ese mismo día 17 de junio. Y la cumbre de Bruselas el 28 y 29 de junio, que decidirá por fin si la Unión Europea sigue la senda alemana de la austeridad hasta la muerte, o si adopta la vía francesa del crecimiento y del resurgimiento. Dilema vital.

Pero ello, a pesar de su dramatismo, no debe hacernos olvidar que, a escala del planeta, hay otros dilemas vitales no menos decisivos. Y el principal de ellos es el desastre climático del que será cuestión, también este mes, en Río de Janeiro. Recordemos que, en el 2010, el cambio climático fue la causa del 90 % de los desastres naturales que ocasionaron la muerte de unas 300 mil personas, con un quebranto económico estimado en más de 100 mil millones de euros...

Otra contradicción: en Europa, los ciudadanos reclaman, con razón, más crecimiento para salir de la crisis; pero en Río, los ecologistas advertirán que el crecimiento —si no es sostenible— significa siempre mayor deterioro del medio ambiente y mayor peligro de agotamiento de los limitados recursos del planeta...

Los líderes mundiales, junto con miles de representantes de gobiernos, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y otros grupos de la sociedad civil, se reúnen, pues, en Río de Janeiro para definir precisamente una agenda global a fin de garantizar la sostenibilidad ambiental y también reducir la pobreza y promover la igualdad social. El debate central estará entre el concepto de "economía verde" que defienden los portavoces del neoliberalismo, y el de "economía solidaria", promovida por los movimientos que creen que sin la superación del modelo actual de "desarrollo predatorio", basado en la acumulación privada de riqueza, no habrá preservación ambiental.

Los países ricos acuden a Río con esa propuesta principal de la "economía verde". Un concepto-trampa que se limita a designar, la mayoría de las veces, un simple camuflaje verde de la economía pura y dura de siempre. Un "enverdecimiento", en suma, del capitalismo especulativo. Esos países desean que la Conferencia Río+20 les otorgue un mandato de las Naciones Unidas para empezar a definir, a escala planetaria, una serie de indicadores de medición para evaluar económicamente las diferentes funciones de la naturaleza, y crear de ese modo las bases para un mercado mundial de servicios ambientales.

Esa "economía verde" desea no solo la mercantilización de la parte material de la naturaleza, sino la mercantilización de los procesos y funciones de la naturaleza. En otras palabras, la "economía verde", como afirma el activista boliviano Pablo Solón, busca no solo mercantilizar la madera de los bosques sino mercantilizar también la capacidad de absorción de dióxido de carbono de esos mismos bosques⁽⁵⁾.

El objetivo central de esa "economía verde" es crear, para la inversión privada, un mercado del agua, del medio ambiente, de los océanos, de la biodiversidad, etc.

Asignando precio a cada elemento del medio ambiente, con el objetivo de garantizar las ganancias de los inversores privados. De tal modo que la "economía verde", en vez de crear productos reales, organizará un nuevo mercado inmaterial de bonos e instrumentos financieros que se negociarán a través de los bancos. El mismo sistema bancario culpable de la crisis financiera del 2008, que recibió miles de millones de euros de los gobiernos, dispondrá así, a su antojo, de la Madre Naturaleza para seguir especulando y obteniendo de nuevo cuantiosas ganancias.

Frente a estas posiciones, paralelamente a la Conferencia de la ONU, la sociedad civil organiza en Río la Cumbre de los Pueblos. En este foro se presentan alternativas en defensa de los "bienes comunes de la humanidad". Producidos por la naturaleza o por grupos humanos, a nivel local, nacional o global, estos bienes deben ser de propiedad colectiva. Entre ellos están el aire y la atmósfera, el agua, los acuíferos, ríos, océanos y lagos, las tierras comunales o ancestrales, las semillas, la biodiversidad, los parques naturales, el lenguaje, el paisaje, la memoria, el conocimiento, Internet, los productos distribuidos con licencia libre, la información genética, etc. El agua dulce empieza a ser vista como el bien común por excelencia, y las luchas contra su privatización —en varios Estados— han tenido notable éxito.

Otra idea que preconiza la Cumbre de los Pueblos es la de una transición gradual entre una civilización antropocéntrica y una "civilización biocéntrica", centrada en la vida, lo que implica el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza y la redefinición del buen vivir y de la prosperidad de modo que no dependan del crecimiento económico infinito.

También defiende la soberanía alimentaria. Cada comunidad debe poder controlar los alimentos que produce y consume, acercando a consumidores y productores, defendiendo una agricultura campesina y prohibiendo la especulación financiera con los alimentos.

En fin, la Cumbre de los Pueblos reclama un vasto programa de "consumo responsable" que incluya una nueva ética del cuidado y del compartir, una preocupación contra la obsolescencia artificial de los productos, una preferencia por los bienes producidos por la economía social y solidaria basada en el trabajo y no en el capital, y un rechazo del consumo de productos realizados a costa del trabajo esclavo ⁽⁶⁾.

La Conferencia Río+20 ofrece así la ocasión a los movimientos sociales, a escala internacional, de reafirmar su lucha por una justicia ambiental en oposición al modelo de desarrollo especulativo. Y su rechazo del intento de "enverdecimiento" del capitalismo.

Según esos movimientos, la "economía verde" no constituye una solución a la crisis ambiental y alimentaria. Al contrario, se trata de una "falsa solución" que agravará el problema de la mercantilización de la vida ⁽⁷⁾. En suma, un nuevo disfraz del sistema. Y los ciudadanos están cada vez más hartos de los disfraces. Y del sistema. (Tomado de Le Monde diplomatique)