Yaima Puig Meneses

Muchos de los problemas actuales de nuestra economía están provocados por el irrespeto que hoy impera en las relaciones contractuales que se establecen entre nuestras empresas y organismos, reiteró el pasado sábado el General de Ejército Raúl Castro Ruz en la reunión ampliada del Consejo de Ministros, que en esta ocasión se concentró en el análisis de complejos problemas que inciden en el funcionamiento de la economía y los servicios a la población.

La violación de los contratos tiene sus fundamentos en la poca exigencia y el descontrol existentes en muchos lugares; cuando estos se firman hay que cumplirlos, y quienes no lo hagan tendrán que asumir su responsabilidad, enfatizó.

En la falta de disciplina, orden, control y sistematicidad se amparan en muchos casos el derroche y las negligencias que atentan hoy contra nuestro desarrollo económico y social, dijo el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Tales reflexiones fueron suscitadas luego de la presentación de un informe sobre la gestión de los cobros y los pagos entre las diferentes instituciones, empresas y otras entidades económicas, cuyo estado actual de deudas vencidas pone en una situación muy tensa al sistema empresarial. Según se conoció, las principales causas del deterioro de la gestión de cobro en el país son de carácter organizativo y de disciplina, y su solución no solo depende de acciones financieras; también existen problemas de funcionamiento de la economía que se irán resolviendo con la implementación de los Lineamientos aprobados por el Congreso.

Mientras continúen siendo deficientes las relaciones contractuales entre las entidades y se mantenga el mal uso de los contratos, será muy difícil revertir el actual proceso de descapitalización que subsiste en parte del sistema empresarial. Ninguna empresa o entidad puede vender nada que no esté en condiciones de cobrar, se concluyó.

En algunos casos, la situación se agrava aún más, pues los morosos corresponden a entidades que elaboran productos de máxima sensibilidad para la distribución a la población y no resulta conveniente suspenderles las entregas de determinadas materias primas.

Por otra parte, se informó sobre los resultados de una operación de alcance nacional iniciada el pasado mes de agosto para contrarrestar los hechos delictivos contra el ganado mayor. Con la participación del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la República de Cuba, así como otras instituciones y organizaciones relacionadas con esta problemática, la operación tiene como base los lineamientos aprobados por el VI Congreso del Partido, encaminados a restablecer el orden, la disciplina y el desarrollo del programa ganadero en el país.

Entre otros objetivos se pretende, además, revertir la impunidad que durante años se ha acumulado respecto a estos hechos, contribuir a eliminar las causas y condiciones que favorecen su ocurrencia y, a la vez, perfeccionar el sistema de enfrentamiento a ellos.

Luego de tres meses de iniciada la operación, ha sido posible determinar como elementos principales que permiten la ocurrencia de estos sucesos, la desprotección de la masa ganadera y la deficiente vigilancia existentes, tanto por parte de las empresas estatales, las unidades pecuarias y los propietarios individuales. Unido a ello, subsisten mecanismos de supervisión ineficaces en el Ministerio de la Agricultura, el Centro Nacional de Control Pecuario (CENCOP) no tiene un adecuado control de la masa ganadera, y se manifiestan actos de corrupción entre los propios trabajadores y funcionarios del sector, lo cual ha generado considerables pérdidas para la economía nacional.

En este sentido se dijo que, aun cuando la implementación y desarrollo de la operación ha logrado cierta reducción a nivel nacional de estos hechos, todavía es un problema no resuelto y requiere de sistematicidad para su total contención.

Al concluir la presentación del informe, el General de Ejército destacó la importancia de continuar aplicando sanciones severas a quienes se vinculen a estos hechos, al tiempo que reiteró la necesidad de que la población tenga cada vez más participación en su enfrentamiento.

Seguidamente, se ofreció una explicación sobre el sistema de gestión de arrendamiento de locales estatales —que se encuentran sin uso o subutilizados—, para el ejercicio del trabajo por cuenta propia en 23 actividades de servicios personales y técnicos. Teniendo en cuenta los Lineamientos aprobados por el VI Congreso, al igual que en los otros modelos de gestión ya en marcha en el país, para este caso se establece como principio fundamental que el Estado continúa siendo propietario de los inmuebles, medios y equipos que se incluyen en el contrato de arrendamiento.

Otro de los temas expuestos correspondió a la presentación de la política a seguir para el servicio de alojamiento en instituciones estatales, dando cumplimiento con ella a los Lineamientos 265 y 298 aprobados por el VI Congreso. Al respecto se conoció que el desarrollo desordenado del hospedaje en estos centros generó, entre otras deficiencias, resultados económicos desfavorables.

Por tal motivo, se aprobó la política para estudiar nuevas formas organizativas con el propósito de aprovechar mejor estas instalaciones, lo que permitirá al país disponer de un sistema de alojamiento basado en la existencia de hoteles, moteles, centros turísticos u otras categorías de albergamiento, que funcionen bajo los principios de pago sin subsidios por los usuarios.

Más adelante, se informó sobre el diagnóstico realizado a las playas para evaluar su situación actual. El mismo concluyó que la falta de control e integralidad en el trabajo que desarrollan el sistema de Planificación Física, las direcciones de la Vivienda, así como los Gobiernos Locales, y otros organismos y entidades relacionados con el tema, propician el desorden y la impunidad ante las constantes infracciones que tienen lugar en estas áreas.

Asimismo, se comprobó una vez más que no solo la población incurre en violaciones, sino que también numerosas entidades estatales las cometen, lo cual facilita la desorganización.

Al respecto el Primer Secretario del Comité Central del Partido inquirió: ¿Con qué moral vamos a exigirle a la población si los propios organismos constantemente violan las normas y regulaciones urbanísticas? Somos nosotros los primeros que debemos cumplir con lo establecido para luego poder exigir con autoridad, reflexionó.

El Consejo de Ministros conoció además, sobre los "cruceteos" que todavía existen en la transportación de materias primas, materiales y productos terminados en la Industria Alimentaria, lo cual generalmente está asociado a problemas organizativos y ocasiona al país numerosos gastos de recursos. Según se informó, dicha situación —que no solo afecta a este Ministerio—, se mantiene en la transportación de más de 11 mil toneladas al año, lo mismo desde una provincia productora a otra comercializadora que dentro de una misma provincia, entre los centros productivos y las entidades comercializadoras de los municipios.

Finalmente se dio a conocer un estudio realizado por el Ministerio de Ia Informática y las Comunicaciones (MIC) para incrementar los servicios de comunicaciones según las posibilidades actuales de la economía nacional y a la vez dar cumplimiento a los Lineamientos 142 y 226 del VI Congreso. Con ese propósito se diseñó una normativa para regular la asignación de facilidades telefónicas en los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), entidades nacionales y organizaciones empresariales, políticas y de masas, que permita redistribuir los servicios telefónicos con mayor racionalidad e incrementar su instalación en el sector residencial.