Sancionados por negligencia en el proceso inversionista de la potabilizadora de agua Quintero-1

Eduardo Palomares Calderón

La rehabilitación general del acueducto de Santiago de Cuba acaba de concluir la primera etapa de su ejecución, tras intensos esfuerzos destinados a materializar la decisión de la dirección del país, de resolver la caótica situación afrontada en el abasto de agua por esta ciudad de casi medio millón de habitantes.

Foto del autorBien terminada, capaz de entregar con sus dos plantas 2 400 litros de agua por segundo, la remodelación convirtió a Quintero en el mayor sistema potabilizador.

En el empeño, ni un solo rincón de su irregular topografía estuvo exento del empuje de cientos de hombres de todas las provincias, responsabilizados con la colocación de miles de kilómetros de conductoras exteriores, conductoras de distribución dentro de la ciudad, de redes de distribución y acometidas, de decenas de obras de infraestructura, requeridas para llegar a todos los hogares, centros económicos, sociales y de servicios.

Sin precedente alguno, el volumen y complejidad de los trabajos, cuyo monto financiero supera actualmente los 161 millones 500 mil pesos, incluyendo 83 millones en divisas, fue calificado por muchos como la "obra del siglo" en el territorio y de referente para toda la nación.

Por ello, al valorarla íntegramente el General de Ejército Raúl Castro señaló: "La rehabilitación del acueducto santiaguero debe convertirse en punto de referencia para delinear la política y afrontar los desafíos que entraña el cumplimiento de la voluntad hidráulica del país. De esta obra emanarán las experiencias para restablecer otros acueductos, estabilizar el abasto de agua y erradicar el despilfarro".

Pese a esa divisa, es conocido que la indisciplina, errores organizativos, falta de control y otras conductas irresponsables, afectaron el desarrollo, la calidad y el empleo racional de los recursos en procesos de trascendencia, y condujeron a lamentables incidentes.

Aleccionador resulta entre los de mayor envergadura la potabilizadora Quintero-1, donde el incumplimiento de las normas y regulaciones en la remodelación que garantizaría la calidad del agua a consumir por la población, desencadenó un turbio proceso inversionista, que a la postre provocó serios daños en los filtros de la instalación.

EL PACTO DE LA INDOLENCIA

Construida en los primeros años de la Revolución, el progresivo deterioro de esa planta redujo sensiblemente la entrega de los 1 050 litros por segundo de capacidad de diseño, mientras que a causa de la paralización de los filtros en los últimos 17 años, resultaba imposible la realización del filtrado y solo se efectuaba el tratamiento químico del agua reservada a la ciudad.

Para transformar la situación a tono con el nuevo acueducto, fue aprobada una remodelación y ampliación de la instalación, que además de sustituir íntegramente la vieja tecnología, elevaría a 1 500 litros por segundo la capacidad de entrega de agua procesada químicamente y filtrada.

En tal sentido, en su condición de inversionista la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos estableció un contrato de servicio de administración, gestión y supervisión, control integral técnico y económico sobre los ejecutores, participantes en la construcción y montaje de la obra, con la Empresa de Servicios de Ingeniería de Santiago de Cuba, la cual adquirió así la condición de contratista.

A su vez, se rubricó el contrato de servicios técnicos de diseño/proyección con la Empresa de Investigación y Proyectos Hidráulicos de Villa Clara, que se constituyó en proyectista, mientras que en concepto de constructores o ejecutores quedó una Unidad Empresarial de Obras Varias Civil, subordinada a la Empresa de Construcción de Obras de Ingeniería No.11, de Santiago de Cuba.

Considerando las exigencias reiteradas por la trascendencia de esta obra, era de suponer que no habría margen para la improvisación, pero como posteriormente corroboraron los hechos, se había concertado el pacto de la indolencia.

Especialistas de nivel superior con amplia experiencia en el sector, al parecer engavetaron el Decreto-5/1977, del Consejo de Ministros, y la Resolución 91/2006, del Ministerio de Economía y Planificación, que reglamentan la puesta en vigor de las regulaciones para el desarrollo integral del proceso inversionista, y dieron lugar así a la indisciplina tecnológica que perjudicó la correcta terminación de la obra.

EL PRECIO DE LA IRRESPONSABILIDAD

Si bien no fue consignado de intencional, la magnitud del daño ocasionado por la actuación negligente de los responsables en una inversión de singular impacto socio-económico, exigió de la Fiscalía la realización de un proceso acusatorio por el delito de Incumplimiento de las obligaciones en entidades económicas.

"Resulta inconcebible —señaló la Representación Fiscal actuante en el caso—, que una obra de esta naturaleza haya carecido desde el principio y hasta el supuesto final del rigor técnico necesario, que haya estado impregnada de violaciones de la legalidad."

Según las investigaciones realizadas sobre el proceso de sustitución de filtros, en el mismo comienzo de la demolición del falso fondo de la casa de filtros se determinó variar el proyecto discutido y aprobado previamente, acción que el especialista principal y jefe de equipo de ingenieros residentes indicó sin la participación de la entidad proyectista.

Consistente en la construcción de pedestales soportes para las losas, en la modificación no se tuvo en cuenta que disminuiría la resistencia a la fuerza de tracción, los aceros longitudinales de refuerzo de las losas del fondo no fueron colocados en el centro, los pernos de anclaje no se soldaron a bastones empotrados ni a la malla de acero del falso fondo, como era menester.

Además, se orientó la realización de un murete por la parte superior sin aceros de refuerzo ni conectores de fijación a los muros perimetrales, para lo cual erróneamente se elaboró el hormigón a pie de obra, en lugar de emplearse hormigoneras para lograr la resistencia planteada en el diseño.

Para colmo, en varios de los pedestales no fueron colocadas las tuercas y platinas como elementos de fijación, se omitió la realización de las pruebas hidráulicas en vacío, y a pesar de ello se permitió el llenado de los filtros con arena sílice, situación que contribuiría a agravar las afectaciones que sufrirían los filtros.

"Prácticamente todos los días se reunían los responsables —subrayó la Fiscal—, pero ninguno fue a la esencia, pues no se respetó la documentación técnica ni fue supervisado el tipo de materiales utilizados. En el Libro de Obras no quedó constancia de los cambios, no se controló el desempeño de los ejecutores, ni se profundizó en los controles de autores, todo lo cual conspiró contra la calidad de los trabajos."

Como resultado de estas y otras infracciones, durante la realización de las pruebas de puesta en marcha de la planta se produjo el desplazamiento y hundimiento de una losa, que ocasionó un flujo anormal en varias zonas del filtro 5, y por consiguiente impuso la paralización del proceso.

Pese a comprobarse las violaciones incurridas, al día siguiente se dio continuidad a la prueba, detectándose en el filtro 1 levantamiento e inclinación de las losas del falso fondo y conos de socavación de arena, con gran pérdida de la arena sílice traída desde Pinar del Río.

Junto al negativo impacto de los hechos en esta obra priorizada, la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos presentó daños económicos ascendentes a más de 190 000 pesos, y un considerable atraso en la entrada en explotación, que afectó el suministro de agua potable a 353 000 habitantes, así como a centros hospitalarios, industrias y hoteles.

Corregidos los daños, debe señalarse que en la posterior remodelación de la segunda planta, Quintero-2, el estricto cumplimiento de los deberes por cada responsable evitó la repetición de los errores cometidos, y con la entrega conjunta de 2 400 litros por segundo, estas instalaciones constituyen hoy el mayor sistema potabilizador de agua en Cuba.

QUE NO REINE LA IMPUNIDAD

Por las infracciones detalladas, en la vista del juicio oral el Tribunal Popular sentenció a diferentes penas a varios directivos y funcionarios responsables de las mismas; a todos ellos se les apreció la circunstancia agravante por la ocurrencia de los hechos en una actividad priorizada para el desarrollo económico y social del país, así como la sanción accesoria de prohibición del ejercicio de la profesión u oficio por el término de un año, y la responsabilidad civil por un valor de 179 000 pesos, a razón de 17 350 para cada sancionado.

Otros dos procesos por el delito de Incumplimiento de obligaciones en entidades económicas, se encuentran igualmente en marcha para depurar responsabilidades, por violaciones similares de los requerimientos técnicos de inversionistas, proyectistas y constructores del acueducto de Santiago de Cuba.

En el correspondiente a la conductora Túnel Sierra Maestra-Planta de Filtros Quintero-1, se comprobó que la falta de exigencia en el cumplimiento de la calidad en los servicios contratados, y la infracción de los deberes inherentes a las responsabilidades, dio lugar a violaciones en los parámetros técnicos establecidos en el proyecto de ejecución de varios de los registros de desagüe.

Igualmente, violaciones del proyecto se detectaron en la construcción de la estación de bombeo La Ketty, ubicada en la carretera del Caney, lo cual motivó su total demolición y una nueva ejecución de los trabajos, con el consiguiente gasto adicional de recursos materiales y financieros, sin contar los atrasos del proyecto.

Tanto por el primero como por el segundo de los hechos, se encuentran acusadas varias personas que ostentan cargos de constructores, inversionistas, y especialistas técnicos, de proyecto e ingeniería de obras, quienes infringieron responsabilidades de dirección, asesoramiento y control técnico.

Estos dos procesos permanecen pendientes a juicio en los tribunales correspondientes, y en todos los casos tanto los acusados como el fiscal, tienen el derecho de recurrir las sanciones ante un tribunal superior.

Aunque se procesan otras violaciones, lo expuesto resulta suficiente para valorar en su justa dimensión las palabras de Raúl en la reunión ampliada del Consejo de Ministros, del 25 de junio último: "Tenemos que acostumbrarnos a respetar las regulaciones establecidas (...), pero sobre todo, es necesario que quienes están responsabilizados por mantener el orden y la legalidad, comiencen a exigir más a los infractores, para que no reine la impunidad. En este sentido, la Fiscalía General de la República desempeñará cada vez un papel más decisivo".

 

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