Freddy Pérez Cabrera

La sustracción de cables eléctricos y telefónicos, angulares de las torres de alta tensión y otros elementos vitales para garantizar las comunicaciones y una adecuada generación eléctrica, no es un problema resuelto en el país, pese a las medidas adoptadas.

Tales fenómenos son favorecidos, en la mayoría de los casos, por el descontrol reinante en entidades estatales, que facilita el robo de esos recursos, así como la baja catadura moral de quienes incurren en ese delito y, desgraciadamente, el hecho real de que los responsables de su custodia no tienen ninguna afectación económica personal por su conducta.

Lo demuestra el hurto reciente en un establecimiento de la capital, y el posterior traslado a Villa Clara, de una gran cantidad de bobinas de alambres y láminas de cobre, empleadas en el enrollado de motores y transformadores de fuerza del servicio eléctrico; cables de igual metal usados como conductores de alta tensión e hilos de tendido telefónico, los que en su conjunto superaban las seis toneladas de peso.

La falta de vigilancia de las administraciones y los cuerpos de seguridad y protección, y de todos aquellos responsabilizados con el freno a esas actividades delictivas, provocó los hechos descritos, lo cual se apreció en la vista del juicio oral y público ante la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, que se profundizó en una nueva investigación a partir de otras evidencias encontradas por la Fiscalía y el MININT en la ciudad de La Habana.

El camión y los rollos de alambre incautados.

Varias preguntas se derivan del juicio en el que resultaron sancionados por los delitos de Receptación, Falsificación de documentos privados y Cohecho, dos ciudadanos de La Habana y otro residente en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos.

¿Cómo es posible que alguien pueda sustraer esa enorme cantidad de materiales, para luego revenderlos en la bolsa negra, sin que nadie en la empresa se percate de tal faltante?

¿Dónde estaban los encargados de velar por esos bienes, que no observaron el movimiento de más de seis toneladas de cobre? ¿Es que acaso debía venir una auditoría o una inspección al control interno para detectar esas irregularidades?

¿Cuán vulnerable es nuestro sistema de verificación de las autoridades en las carreteras, que posibilitó a los delincuentes burlar dos controles y, solo en el tercero, ser sorprendidos?

¿Puede alguien atribuirse el derecho de emitir documentos en una entidad, sin que nadie verifique la autenticidad y validez de los mismos, como sucedió en la Empresa Comercial ABRAXAS?

¿Es tan ingenua la administración de esa entidad que ha permitido a una trabajadora permanecer en su puesto hasta hoy, a pesar de conocer la gravedad de la falta cometida?

¿Qué vigilancia tienen, qué rol desempeñan las organizaciones políticas y de masas en esos lugares, que no exigen rendición de cuenta en sus reuniones y asambleas sobre esas pérdidas y descontroles?

Gato encerrado

Según ha referido uno de los principales encartados, elemento que hizo fortuna gracias a la compraventa de materias primas en la zona donde reside en el Reparto Mulgoba, del municipio de Boyeros, él adquirió esa mercancía de manos de unos desconocidos.

En su afán de lucro, el llamado rey de la materia prima, como se le conoce, contactó a otro involucrado, vendiéndole la mercancía en 18 mil pesos, sin detallar en la dudosa procedencia del valioso cargamento y que tales artículos eran empleados por el Estado para impulsar la Revolución Energética y otros programas vitales para la nación,

Ansioso por obtener dinero mal habido, un receptador llamó a su compinche en ese tipo de fechorías, quien había colaborado con él en otras acciones, para que llevara la preciosa carga hasta el municipio villaclareño de Placetas, con el objetivo de vendérsela a alguno de los fundidores particulares radicados en ese territorio.

Contra toda lógica, este acusado, quien se de-sempeñaba como chofer B, en la Base de Transporte de la Empresa Comercial ABRAXAS, en el municipio de Guanabacoa, utilizó un camión de esa entidad en el cual trasladó los bienes usurpados hacia Villa Clara.

Y aunque parezca increíble, el mencionado chofer llevaba toda la documentación en regla —hoja de ruta, cartas de porte automotor y las facturas con los datos necesarios, facilitados por una trabajadora que se de-sempeña como Técnico A en Gestión Económica en la mencionada Base de Transporte.

Al parecer, nadie controlaba allí la emisión de esos documentos oficiales, resquicio que facilitó la acción cómplice de la acusada, de lo contrario, no hubiera sido tan fácil mover la mercancía robada.

Listos la carga y todos los instrumentos que supuestamente justificaban su traslado, varios acusados iniciaron viaje por la Autopista Nacional en el susodicho camión MAZ 500, matrícula HUC 116. Tras burlar dos controles, lograron llegar hasta el tramo perteneciente al municipio de Ranchuelo, en territorio villaclareño, donde los detuvo un agente del Ministerio del Interior, quien, ante la sospecha del delito, retuvo a quienes se consideraban impunes.

Iraisys Pérez García es el nombre del combatiente que labora en la Unidad de Patrullas de Carretera, quien al revisar la mercancía y los datos de los documentos, se dijo: "aquí hay gato encerrado", conminando a los detenidos a acompañarlo hasta la Estación de Policía más cercana, no sin antes recibir otra sorpresa.

La baja catadura moral de estos delincuentes llevó a que uno de ellos tratara de sobornar al joven policía, ofreciéndole cuatrocientos pesos y una cadena de oro que traían consigo, a cambio de dejarlos continuar viaje, oferta que desde luego resultó rechazada.

Realizado el juicio, los acusados fueron sentenciados a cumplir diferentes condenas, sobre las cuales establecieron recursos de casación.

Sin espacio a la impunidad

Con el objetivo de llevar el proceso investigativo hasta sus últimas consecuencias, los órganos del Ministerio del Interior y la Fiscalía en La Habana se dieron a la tarea de determinar la procedencia de las 16 bobinas de alambre de cobre calibre 17, de las 24 bobinas, los dos rollos de láminas eléctricas, además de varios sacos que contenían cable eléctrico de alta tensión.

Como resultado de la exhaustiva indagación, aún en marcha, se ha podido determinar el buen estado del cargamento ocupado y su utilidad en el enrollado de transformadores, cuyo valor aproximado se calcula en más de 65 mil pesos.

Además, según reconocieron especialistas en el tema, con el material ocupado podían fabricarse 78 transformadores, cada uno de los cuales tiene un precio cercano a los 2 mil CUP, cifras que evidencian el daño económico causado por estas personas.

También fue localizado y se encuentra detenido para su investigación otro ciudadano, sin identificar en el anterior proceso, quien reconoció su participación en los hechos narrados, al cual se le ocuparon en su vivienda 156 kilogramos de alambre de cobre.