Airadas protestas ocurrieron hoy en varias ciudades catalanas
ante otros recortes dispuestos por el Gobierno de la Generalitat a
los servicios de urgencia en hospitales y la reducción de los
horarios de atención a pacientes, dio a conocer Prensa Latina.
El anunciado plan de cierre de unos 40 centros ambulatorios y
otros de atención continuada entró en vigor el 1 de agosto en todos
los municipios de Cataluña, donde las medidas de austeridad
acrecentaron el descontento social.
Centenares de vecinos de los barrios en Barcelona y municipios
periféricos se movilizaron a la entrada de los hospitales para
impedir la clausura de los ambulatorios y advirtieron que
continuarán con las protestas hasta un cambio de medida.
Los sindicatos y organizaciones médicas temen que las
restricciones, implantadas durante las vacaciones, se prolonguen más
allá de septiembre, en medio de la grave crisis económica.
Desde el Ayuntamiento de Molins de Rei, mostramos nuestro rechazo
absoluto a la reducción de las horas de atención en el centro de
primaria, expresó el primer teniente de alcalde Joan Ramon Casals,
de Convergencia y Unión (CIU), la alianza dirigida por el
nacionalista Artur Mas, al frente del ejecutivo catalán.
Deploró los recortes sanitarios emprendidos por la Generalitat al
opinar que deben existir otras maneras de ahorrar.
Casals recordó que los ajustes comenzaron con el gobierno
anterior hace dos años. Ahora por coherencia gobierne quien gobierne
seguimos estando en contra de un recorte mayor, subrayó el
funcionario municipal, del propio partido que gobierna en Cataluña.
La Confederación Sindical Comisiones Obreras (CCOO) de España
alertó recientemente que decenas de municipios catalanes perderán
con los severos ajustes económicos los servicios, que incluyen
además visitas médicas y prestación de urgencias.
El Gobierno de la Generalitat prevé ahorrarse un 10 por ciento
del presupuesto destinado a la sanidad pública regional, indica la
CCOO.
Para Comisiones Obreras, la suspensión masiva de esos centros
sanitarios supone una medida inédita en la salud pública catalana.
En toda Cataluña de momento se cerraron 28 centros de atención
primaria y reducido el horario en una docena de instalaciones
sanitarias.
Una de las activistas de vecinos en Gracia, Nuria García,
denunció que los políticos toman como excusa a la crisis para
privatizar la sanidad.
Algunos centros públicos por las tardes alquilan el servicio a
las privadas, que son los que más se benefician de esta situación.
Es una privatización encubierta, aseveró.
Están pagando la crisis, criticó García, las personas que están
en paro, quienes no han provocado esta situación. Recortan los
servicios a los más vulnerables, en lugar de hacer pagar más
impuestos a los más ricos.
La ministra de Salud, Leire Pajín, aconsejó a la Generalitat
evitar los recortes con los ocho mil millones de euros adicionales
que el Estado español asignará a las comunidades autónomas.