Debatieron los diputados en las comisiones trascendentales asuntos de la vida económica y social de la nación

Conocen diputados de la labor de la Contraloría General de la República

Susana Lee
Susan.ll@granma.cip.cu

A las tareas de prevención y al fortalecimiento del Sistema Nacional de Auditoría, con el fin de preservar las finanzas públicas y el control económico administrativo, han estado dedicados los mayores esfuerzos de la Contraloría General de la República, de acuerdo con la información recibida ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos sobre la implementación de la Ley No. 107, que le dio origen, aprobada por el Parlamento en agosto del 2009.

Foto: Jorge Luis GonzálezLa diputada Gladys Bejerano, vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la República, explicó el amplio proceso de ordenamiento jurídico desarrollado para cumplir las misiones estatales que corresponden a este órgano, que incluyen la elaboración y aprobación de numerosas normativas, entre ellas varios reglamentos y la Resolución No. 60 del Sistema de Control Interno.

Dio a conocer los resultados de la V y VI ediciones de la Comprobación Nacional al Control Interno, similares en cuanto al porcentaje de las empresas auditadas —40 y 37 % respectivamente, catalogadas de deficiente o mal—, y destacó el inicio de la ejecución de auditorías al Presupuesto del Estado en el 2010.

En la sesión también fue considerada la implementación de la Ley No. 106 Del Sistema Nacional de Museos, a partir de la información brindada por Margarita Ruiz, presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, quien, entre otros aspectos, destacó la labor realizada por estas instituciones (hay 260 en el país) en la extensión de sus servicios fuera de sus sedes.

En la jornada matutina los diputados de esta Comisión participaron junto a los miembros de las de Atención a los Servicios y de Defensa Nacional en el examen de la implementación de la ley del Código de Seguridad Vial y los resultados en el enfrentamiento a los hechos delictivos contra las vías férreas y las telecomunicaciones.

 

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