Pastor Batista Valdés

Genera molestias entre infinidad de cubanos un trámite imprescindible y cada vez más recurrente para quienes, por diversas razones, necesitan validar el título de estudios concluidos o una certificación de las notas con que egresaron.

Muchas personas tienen que recorrer ahora grandes distancias para un trámite que antes se resolvía en la misma provincia.

Las inquietudes parecen tener raíz en la Comunicación No. 2/2010, emitida el 13 de mayo del pasado año por la Dirección de Notarías y Registros Civiles del Ministerio de Justicia.

En ella se les orienta a todos los notarios, por intermedio de las direcciones de justicia en provincias y en la Isla de la Juventud, que a partir de ese momento se abstengan de realizar el cotejo de los documentos antes mencionados (diplomas de culminación de estudios, certificación de notas y planes de estudio), procedimiento que solo podrá ser realizado por la entidad emisora.

Eso implica que ya el interesado (necesitado) no puede concurrir ante el notario, como sucedió durante años, para que este examine, compare y acredite la validez de fotocopias y originales.

Ahora, según lo dispuesto, hay que dirigirse al centro, entidad o institución que originalmente emitió el título o documento. Y es justamente ahí donde empieza a complicarse la situación, sobre todo para quienes tienen que viajar hasta lejanas provincias, en función del referido trámite.

El caso de Sara de la Rosa, trabajadora del Banco de Sangre, en Las Tunas, demuestra lo anterior:

"Como me gradué en la Universidad de Oriente, tuve que ir a Santiago de Cuba. Llevé mi título de Licenciatura en Biología y tres fotocopias. Pero el trámite es más engorroso de lo que imaginé. La compañera que me atendió miró el diploma, me lo devolvió y dijo que volviera a los siete días. Para entonces debía llevar otra solicitud de certificación de notas, pues la que envió Colaboración de la Salud no decía nada, según ellos, aunque dejaba clara la necesidad de conformar mi expediente con vista a cumplir misión internacionalista.

"Y allá tuve que volver una semana después. Entonces me dieron plazo de 45 días para el asunto de las notas¼ Será mi tercer viaje".

Para otros, como la odontóloga Adela Pérez Osorio, el panorama es peor: egresó en Santiago e hizo especialidad en Camagüey. Tendrá que ir, como mínimo, dos veces a ambas provincias.

El "cotejo" de este asunto pone a flote otras realidades:

Molestias y gastos personales aparte, ¿cuánto se afecta la economía por concepto de ausencias laborales, cada vez que una persona (y son miles en toda Cuba) deja de trabajar durante varios días —incluso "justificadamente"— para correr esos trámites?

Téngase en cuenta, además, la tendencia real al ascenso no solo en la colaboración cubana hacia el exterior en diversas ramas, sino también el aumento del nivel profesional y de las consiguientes exigencias para quienes asumen nuevas responsabilidades y funciones dentro del país, todo lo cual demanda la citada validación de documentos.

MÁS CLARIDAD

Hasta el cierre del primer trimestre del año, compañeras encargadas de ofrecer ahora ese servicio en la Universidad Vladímir Ilich Lenin de Las Tunas, no habían recibido ningún documento oficial al respecto. Igual preocupación signaba a homólogos de otras provincias, con quienes habían contactado. Al parecer la comunicación fluyó solo por vía oral o telefónica. Tampoco medió preparación previa de ese personal que, como norma, mantiene otras funciones.

Muchos comparten la preocupación de la también tunera Universidad de Ciencias Médicas Doctor Zoilo Marinello, por los inconvenientes con el papel, impresora y otros insumos para ese proceso, que al no ser asignados hacen más lento aun el servicio.

A ello se suma que no todos los centros emisores tienen digitalizado el archivo, lo que torna más difícil la búsqueda y validación, sobre todo cuando el egreso se remonta muchos años atrás.

Algunos se preguntan por qué quien vive en la zona oriental y debe ir a La Habana, no puede —al menos— coordinar la solicitud inicial por vía telefónica o por correo electrónico y viajar una sola vez, con su diploma y copias, para recibir la certificación¼

Sensata es también la opinión de Abel Guzmán, quien agradecería la presencia, en cada provincia, de una oficina facultada para esos trámites —al estilo de la Consultoría Jurídica Internacional— y que cobre ese servicio.

Lo que nadie, o muy pocas personas saben, es por qué la validación de los mencionados documentos quedó fuera de la gama de funciones que durante años asumió el notario.

Hay quienes suponen que tal decisión pretende impedir falsificaciones, bien por parte de ciudadanos sin escrúpulos o de funcionarios torcidos. Pudiera ser, pero ¿es más conveniente complicarle las acciones de trámite a la población, que combatir determinados hechos de mala praxis? Al menos, parece que ha resultado más sencillo.