Actualizado 11:00 a.m., hora local

Legislativo boliviano aprobó 32 leyes sociales en
ocho meses

LA PAZ, 9 de septiembre (PL).— La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó 32 leyes propuestas por el Ejecutivo desde enero hasta hoy con el fin de fortalecer el proceso de cambios en favor de las mayorías en Bolivia.

Parlamentarios por el Movimiento al Socialismo afirmaron que, pese a la labor desplegada, de acuerdo con solicitudes del gabinete de gobierno encabezado por Evo Morales, quedan por dilucidar varias propuestas originadas en las comisiones del ente determinante en cuanto a la legalidad.

Entre las 32 leyes aprobadas en los últimos ocho meses están las del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional, Órgano Electoral, Régimen Electoral y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, las cuales fortalecen la democracia en el país andino.

El presidente de la Cámara de diputados de la ALP, Héctor Arce, señaló en relación con el tema que la elección directa de magistrados marca un hecho inédito en Bolivia y en el mundo y muestra la fuerza de la democracia y del proceso de cambio iniciado en enero de 2006.

Este logro, relacionado con la aprobación de la norma que regirá el funcionamiento del Tribunal Constitucional, es apenas uno entre otros alcanzados en materia legislativa en los últimos ocho meses sin descuidar el debate de cada proyecto con los sectores de la población.

Para Arce, especialista en materia constitucional, lo ideal para la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sería llegar a fin de año con varias leyes económico-sociales aprobadas en consenso, pese a las críticas de los opositores acerca de una supuesta lentitud oficialista.

"Al principio del semestre pasado tuvimos una serie de críticas en sentido de que no había agenda, nos cuestionaban, pero, como ha comprobado el pueblo boliviano, las leyes no solamente se tramitan en un hemiciclo, sino que en diferentes instancias", explicó.

El cronograma y el ritmo de trabajo de la ALP de Bolivia depende del consenso que se logre y más aun cuando se trata de leyes vinculadas a las organizaciones sociales y sectores productivos, algo poco usual en estos tiempos en el mundo.

 

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