El gobierno boliviano presentó un proyecto de ley que endurece las medidas punitivas con el objetivo de frenar el contrabando, informaron hoy fuentes oficiales.

De acuerdo con el vicepresidente Álvaro García, la nueva norma prevé la confiscación de los bienes utilizados en esa actividad a favor del Estado y enviará a la cárcel hasta por 15 años a los funcionarios públicos involucrados con ese delito.

Es un golpe muy drástico, contundente y demoledor contra cualquier tipo de actividad de contrabando, que está desangrando a la economía boliviana, señaló.

El vicemandatario agregó que ese proyecto de ley comenzará a debatirse en el pleno de la Cámara de Diputados desde la próxima semana.