Podría pensarse que la United Fruit Company, creada en Estados Unidos en 1899, es historia pasada. Pero con dos cambios sucesivos de nombre, sigue detrás de los golpes de Estado en América Latina. Una parte de su capital es reinvertido en violar las leyes, lograr influencia, sobornar políticos, apoyar a escuadrones de la muerte o actuar con sus propias bandas de asesinos, para asegurarse más riquezas de la explotación de los obreros agrícolas.

Solo golpes de Estado, muerte y atraso ha traído a la América Latina y el Caribe la transnacional bananera norteamericana Chiquita Brands.

Uno de los presidentes de la United Fruit, Sam Zemurray, es el autor de una frase de principios del siglo XX, que refleja la temprana calaña de la compañía: "En Honduras es más barato comprar un diputado que una mula". Su primer golpe de Estado fue precisamente en ese país, para imponer la reposición del presidente exilado Manuel Bonilla, lo cual logran en 1912. Bonilla pagó el "favor" al otorgarle 10 000 hectáreas libres de impuestos.

En esos años en Costa Rica, la United Fruit apuntalaba sus negocios con Cleto González, el que fue derrocado por un golpe de Estado en 1917. En apoyo a la compañía, el gobierno estadounidense no reconoció al nuevo presidente.

En Colombia, la United Fruit pidió al Ejército reprimir a 3 000 trabajadores de la empresa que llevaban un mes en huelga en 1928. Se les calificaba de comunistas. El cónsul de EE.UU. en el país reportó casi 600 víctimas.

Cuando el presidente Jacobo Arbenz nacionalizó en Guatemala las propiedades de la United Fruit, el golpista elegido Castillo de Armas, estaba vinculado a la compañía. No es casual que partió desde plantaciones de la United Fruit en Honduras. "Restablecido" el orden en Guatemala en 1954, la transnacional también cedió allí sus terrenos para que la CIA organizara la invasión a Cuba en 1961. Quería recuperar sus más de 100 000 hectáreas.

Ya para esa etapa, directivos de la United Fruit se rotaban los más altos cargos en el gobierno y la CIA. El caso de los hermanos Dulles, secretario de Estado y director de la CIA, indistintamente, es el más conocido. No fueron los únicos. John Moors Cabot, secretario de Estado, hermano de Thomas Cabot, fue presidente de la United Fruit. Bedell Smith, subsecretario de Estado y ex director de la CIA, fue miembro del directorio de la United Fruit. Henry Cabot Lodge, senador y representante de EE.UU. ante las Naciones Unidas, era accionista de la United Fruit. Hasta Anne Whitman, secretaria personal del presidente Eisenhower, estaba casada con el jefe de Relaciones Públicas de la United Fruit. La lista es casi interminable.

En 1970, la United Fruit se fusionó nada menos que con Zapata Corporation, fundada por la fascista familia de los Bush, y pasó a llamarse United Brands. En 1990 volvió a cambiar de nombre, para convertirse hasta hoy en Chiquita Brands. En Colombia y Honduras —¡qué casualidad!— la compañía prosiguió sus prácticas y penetró el poder de estos países hasta los tuétanos.

Desde 1997, Chiquita Brands pagó millones de dólares a las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), grupo paramilitar colombiano. Les transportó las armas en sus barcos y dio órdenes para que eliminaran a dirigentes campesinos y sindicalistas, que se le enfrentaban. La cifra de esta escalada de violencia no está determinada. No es hasta diez años después, en el 2007, que admite su felonía y paga una multa de 25 millones de dólares por decisión de una corte estadounidense. El acuerdo incluía no revelar a los ejecutivos implicados. El tema extradición escaló a los presidentes Bush y al colombiano Álvaro Uribe.

Este último, defendió a Chiquita Brands. ¿Por qué? Varias informaciones, entre ellas un artículo publicado en Internet el 24 de marzo del 2007 por la prensa digital Argenpress titulado, Todos los caminos conducen a Washington, indican que cuando el ganadero Uribe aspiró a su candidatura como Gobernador en Antioquia recibió dinero de esta transnacional.

Pero es en Honduras donde la compañía ha ido más lejos en el control del poder. El 9 de abril de 1975, el Wall Street Journal publicó que Chiquita Brands confesó haberle pagado 1 250 000 dólares a un alto funcionario hondureño para obtener concesiones arancelarias y declaró que sus actividades eran estimuladas por el Departamento de Estado norteamericano. Esto último fue rápidamente desmentido por un vocero.

En 1975, una investigación de la U.S. Securities And Exchange Commission reveló que la United Brands había sobornado al presidente de Honduras, Oswaldo López Arellano, con el fin de lograr rebajas en sus impuestos por exportación. López Arellano ya había dado un golpe de Estado al anterior presidente, que pretendió una reforma agraria que afectaría a la compañía.

A inicios de los 80, Reagan indica a la CIA derrocar al gobierno nicaragüense mediante acciones paramilitares. Honduras fue su base principal. El general hondureño Gustavo Álvarez Martínez participó como si fuese plantilla del Pentágono. Claro, desde 1975 recibía pagos de la United Brands.

La United Brands aún tenía poder durante la década del 90 para desalojar aldeas en Honduras y colocar pesticidas de alto riesgo prohibidos en Estados Unidos. Hoy tiene mujeres y niños que se exponen a productos químicos nocivos para la salud, en jornadas de 12 horas en los campos de cultivo.

El 25 de agosto del 2009, el ex oficial de Inteligencia de Estados Unidos y actual activista contra la corporatocracia, John Perkins, escribió el artículo Honduras: Military Coup Engineered By Two U.S. Companies? (¿Golpe de Estado planificado por dos empresas estadounidenses?), donde refiere que muchas personas estaban convencidas que dos empresas de EE.UU., con el apoyo de la CIA, habían tramado el golpe. Una de ellas, Chiquita Brands.

Perkins y otras fuentes dentro de Honduras confirman que Chiquita Brands criticó duramente a Zelaya por anunciar que el salario mínimo aumentaría en un 60%, alegando que la medida provocaría millonarias pérdidas. Cuando se oficializó el decreto, la compañía apeló al COHEP (Consejo Hondureño de Empresa Privada) y encontró el eco y la confabulación que quería.

Una coincidencia. La firma de abogados Covington & Burling LLP, representa a Chiquita Brands, quien en los últimos tres años le ha pagado decenas de miles de dólares a través de gastos de cabildeo. El actual fiscal general y secretario de Justicia de Obama, Eric Holder, fue el abogado de la Covington, que defendió a Chiquita Brands al ser acusada por su apoyo logístico a los paramilitares en Colombia. Varias referencias aseguran que la Covington también tiene estrechos vínculos con el conocido John Bolton, el ex director nacional de Inteligencia John Negroponte, los Clinton y con varios asesores del gobierno golpista en Honduras. ¿No se parece un poco al esquema montado que derrocó a Jacobo Arbenz?

Otro dato. Se plantea que varias trasnacionales presentes en Honduras se quejaron al Departamento de Estado norteamericano a raíz del golpe, a partir de que el quebrantamiento del orden constitucional afectaba los negocios. Chiquita Brands no estaba en esa lista. Nada debe haberle gustado la intervención de Zelaya en la ONU, cuando describió las prácticas de libre comercio como "despiadadas e insensibles".

Parece que Chiquita Brands sigue siendo consecuente con su tenebrosa historia de 110 años: cambiando el dinero de los plátanos por políticos y militares, que le aseguren las ganancias de su cosecha. En el "picacake" de su cumpleaños seguro participaron personeros del gobierno de Estados Unidos y la CIA. De hecho Chiquita, que es grande en negocios y política, siempre ha sido un contribuyente de las campañas electorales norteamericanas.