LA PAZ, 14 de julio (PL) .— La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyas sesiones continúan hoy aquí, conminó al ex ministro boliviano del Interior, Luis Arce Gómez, que revele el paradero de los desaparecidos de la dictadura que comandó (1980-1981).

El llamado "ministro de la cocaína" y brazo derecho del gobierno de facto de Luis García Meza, escuchó la víspera una sentencia de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto, pero evitó aportar detalles sobre los asuntos juzgados.

"Es un deber de las personas responder ante los tribunales; con mayor razón cuando es sentenciado por la justicia", señaló el vicepresidente de la CIDH, Diego García.

Cuando Arce Gómez estuvo detenido desde 1989 en una cárcel de Estados Unidos por delitos de conspiración y narcotráfico, dijo conocer el paradero de los restos de los desaparecidos, especialmente del líder socialista, Marcelo Quiroga Santa Cruz.

A las pocas horas de llegar a Bolivia, 19 años después que fuera entregado a las autoridades, el reo, a través de su abogado Mirko Suaznabar, adelantó que podría aportar datos a cambio de una revisión de su condena o "anulación" de la misma.

La propuesta no fue considerada por el Ejecutivo por considerarla un chantaje, como afirmó el vocero gubernamental, Iván Canelas.

"Ese pedido nos confirma una vez más que Arce Gómez conoce dónde fue conducido el cuerpo de Quiroga Santa Cruz luego de su asesinato", recalcó Canelas.

Indicó que por moral, debería, sin chantaje alguno, decir dónde están los restos del dirigente socialista y los de otros líderes como Carlos Flores y Gualberto Vega, desaparecidos en la década de 1980.

También el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, aseguró que Arce Gómez cometió el delito de desaparición forzada, extremo por el que no habría sido juzgado.

"La propia jurisprudencia señala que la desaparición forzada de una persona constituye un acto de tortura en contra de los familiares al no revelarse el paradero del desaparecido", afirmó.

Arce Gómez arribó a la nación andina el pasado jueves deportado de Estados Unidos para cumplir la pena, impuesta aquí en ausencia en 1993.

El ex coronel del ejército fue procesado en Bolivia en rebeldía. De ahí que ahora se hace haces pública la sentencia condenatoria, dijo el juez de ejecución penal José Ayaviri, quien leyó el dictamen.