Caso Antena y otras ilegalidades

De cómo fueron detectados dos hechos de fabricación y reparación ilegales de equipos receptores de señales satelitales y la respuesta judicial a sus autores

LOURDES PÉREZ NAVARRO
lourdes.p@granma.cip.cu

El Ministerio de Informática y de las Comunicaciones y otras instituciones del país disponen de varias regulaciones que norman el uso del espectro radioeléctrico, la tenencia, instalación de equipos, la recepción y/o distribución de programas de televisión nacionales y extranjeros.

Foto:JORGE LUIS GONZÁLEZExisten regulaciones que norman el uso del espectro radioeléctrico y la tenencia e instalación de estos equipos.

Las implicaciones de la violación de estas normas han sido explicadas a la población por diversas vías, incluyendo los medios de comunicación masiva.

Existen en el país también regulaciones de carácter judicial para que no quede impune ninguna actuación que atente contra la soberanía y contra los valores culturales, educativos y patrióticos del pueblo cubano.

El operativo realizado en la mañana del 25 de marzo del 2006 confirma lo anterior: en el cuarto de desahogo ubicado en el patio de la casa de Lázaro Rubén se fabricaban ilegalmente antenas parabólicas.

Según dijo, apenas conocía de estos artefactos destinados a piratear señales satelitales de canales extranjeros, muchos de ellos portadores de programas de contenido culturalmente enajenantes, subversivos e injerencistas y que sus emisiones se captan en Cuba.

Lo suyo era "coger ponches". Contaba con licencia para ejercer como trabajador por cuenta propia, actividad que realizaba en su vivienda, ubicada en el municipio de Guanabacoa.

Pero a su cliente José Antonio le parecieron magníficas las condiciones de su cuarto de desahogo para hacer "labores de hojalatería", y así se lo hizo saber. A principios de diciembre del 2005 el negocio estaba en marcha.

José Antonio, desvinculado laboralmente, encargado de aportar los conocimientos técnicos y de proveer los materiales, convidó a su amigo Celestino, quien aceptó apoyarlo con la mano de obra los fines de semana. Le correspondía fabricar los accesorios metálicos para la sujeción de la parábola o plato, que incluye la base de hierro: soldaba, abría orificios, remachaba y ponía tornillos. Por cada día de labor recibía cuatro CUC; por el alquiler del local también Lázaro cobraba una mensualidad.

En el local de Lázaro Rubén y en la vivienda de José Antonio, en el municipio de Diez de Octubre, se ocuparon materiales suficientes para confeccionar 30 antenas parabólicas: equipo de oxicorte, planchuelas, presillas y bases de zinc galvanizado, rollos de alambre fino, parábolas de fibras de vidrio, 133 metros de cable coaxial, tubos de diferentes diámetros, remaches, pintura de aceite y otros materiales "comprados en la calle a personas desconocidas".

Todo un negocio ilícito detectado y esclarecido por especialistas de la Sección de Delitos contra la Economía Nacional del Departamento Territorial de Investigaciones y Operaciones, quienes conformaron el expediente denominado Caso Antena.

José Antonio, Celestino y Lázaro Rubén deberán responder ante la Sala Especial del Tribunal Municipal Popular de Guanabacoa por la comisión del delito de Actividades Económicas Ilícitas. Para este el Código Penal dispone condenas de privación de libertad de uno a tres años, o multa de 300 a 1 000 cuotas o ambas, además de la sanción accesoria de confiscación de bienes.

Un caso confiscatorio

A esta última medida, pero por la vía administrativa, se enfrenta Yusef, residente en el municipio capitalino de Diez de Octubre.

Sin tener autorización legal, y aprovechándose de sus conocimientos en telecomunicaciones, se dedicaba a recargar tarjetas para la recepción de señales satelitales y a la reparación de los equipos que se utilizan en tales menesteres, auxiliándose de computadoras y otros medios electrónicos.

En su vivienda le fueron ocupados, entre otros bienes, 14 rollos de cable coaxial, 73 placas electrónicas, 27 conexiones de cables, 24 cables de conexión de antena con plug y 14 receptores de satélites.

Por cada receptor reparado Yusef cobraba 20 CUC, con lo que incrementó ilícitamente su patrimonio en un total de 932 176 pesos (incluye dinero en efectivo, materiales de construcción, efectos electrodomésticos y otros objetos), según determinó la Fiscalía Provincial de Ciudad de La Habana, luego de concluir las investigaciones pertinentes.

Conforme a lo establecido en la legislación cubana, a este caso se le aplicó el Decreto Ley 149 / 1994, "Sobre confiscación de bienes e ingresos obtenidos mediante enriquecimiento indebido", independientemente del proceso penal, actualmente en tramitación, por el delito de Actividades Económicas Ilícitas.

Los bienes adquiridos de manera indebida podrán ser confiscados y traspasados al Patrimonio del Estado con el objetivo de que cumplan un fin social, al ser destinados a instituciones educacionales, centros asistenciales u hogares maternos.

Guerra radiotelevisiva contra Cuba

Con tales actuaciones algunos pretenden "engordar el bolsillo" a toda costa, quizás sin aquilatar que el problema va más allá. El lunes 18 de diciembre del 2006, el gobierno de los Estados Unidos en su afán por garantizar la captación de las señales de la mal llamada TV Martí alquiló tiempo de emisión en los satélites Direct TV y Dish, como parte de los ingentes esfuerzos que despliega George W. Bush contra el pueblo de Cuba y su auténtica Revolución.

Emisoras radicadas en ese territorio transmiten semanalmente hacia nuestro país 2 306 horas de radio y televisión por 30 frecuencias diferentes. Algunas son del gobierno estadounidense, otras pertenecen o prestan servicios a organizaciones vinculadas con conocidos elementos terroristas residentes en esa nación, con pleno consentimiento de las autoridades gubernamentales.

El mensaje de tales transmisiones es desestabilizador e injerencista, y forma parte del Plan de la Administración de Bush dirigido a destruir la Revolución y con ello la nación cubana. Este Plan anexionista enriquecido en sus propuestas en julio del 2006, mantiene la asignación de partidas millonarias con el fin de garantizar la distribución ilegal de computadoras, radios de onda corta, platos de satélites, decodificadores, fax y fotocopiadoras a sus mercenarios residentes en la Isla.

La guerra radioelectrónica y televisiva viola numerosos acuerdos internacionales y de telecomunicaciones e incluso regulaciones internas de la legislación del gobierno de los Estados Unidos.

 

| Portada  | Nacionales | Internacionales | Cultura | Deportes | Cuba en el mundo |
| Comentarios | Opinión Gráfica | Ciencia y Tecnología | Consulta Médica | Cartas| Especiales |

SubirSubir