Piratería de señales satelitales

No solo transgrede regulaciones jurídicas nacionales e internacionales, es caldo de cultivo para quienes pretenden ejecutar los planes de la Administración Bush de derrotar a la Revolución cubana. Al enemigo no se le puede hacer el juego

LOURDES PÉREZ NAVARRO
lourdes.p@granma.cip.cu

Es preocupante el aumento del número de personas que en el mundo "consumen" programas transmitidos por señales satelitales y por cables, pirateando de manera fraudulenta los códigos de las tarjetas magnéticas que permiten el acceso a tales servicios. Algo muy perseguido y severamente condenado en todos los países.

Foto: JOSÉ M. CORREAInstalar o mantener instalados ilegalmente equipos, antenas u otros dispositivos para servicios de telecomunicaciones de carácter limitado es sancionado con multa de hasta 30 000 pesos.

Con evidente ánimo de lucro, algunos individuos se dedican a distribuir estas señales a terceras personas. Al agregar amplificadores que permiten ramificarlas a innumerables consumidores, crean redes ilegales de transmisión de programas de televisión satelital. Esto se ha convertido en un gran negocio, en una manera de enriquecerse ilícitamente.

En el caso de Cuba, buena parte de la programación que se recibe por esa vía es de contenido desestabilizador, injerencista, subversivo, y convoca, cada vez más, a la realización de actividades terroristas. Esto forma parte de las recomendaciones contenidas en el capítulo uno del plan anexionista de Bush que pretende destruir a la Revolución cubana, e incluye la distribución de computadoras, radios de onda corta, platos de satélite, decodificadores, fax y fotocopiadoras a sus mercenarios aquí; además de elevar cada vez más el financiamiento con ese propósito y para el funcionamiento de emisoras radiales y televisivas que insolentemente llevan el nombre del Héroe Nacional José Martí.

Con tal proceder el gobierno de los Estados Unidos contraviene aspectos fundamentales de la Constitución, del Convenio y del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la que establece que el objeto de sus estados miembros es facilitar las relaciones pacíficas, la cooperación internacional entre los pueblos y el desarrollo económico y social por medio del buen funcionamiento de las telecomunicaciones.

Muestra, además, la doble moral del gobierno de Bush: por un lado condena severamente la piratería de señales de televisión satelital en su país; por otro, incentiva su uso en Cuba y distribuye los equipos necesarios.

El uso ilícito de este servicio está asociado, además, a la entrada ilegal al país de receptores de señales satelitales y tarjetas, a través de turistas o ciudadanos cubanos residentes en el extranjero, en franca violación de las regulaciones establecidas por la Aduana General de la República. Se ha detectado que otra manera de poseer las antenas ha sido por la sustracción de tales equipos o sus accesorios a las personas autorizadas a contratar el servicio.

Normalmente los precios de estas prestaciones ilegales son: 150 pesos por la instalación del cable y 10 CUC mensuales. A cambio el receptor o cliente recibe habitualmente espacios con una avalancha de propaganda comercial que muestra la apariencia del capitalismo, mensajes anticubanos y hasta pornografía con niños, adolescentes y adultos; muy lejos de los valores culturales, educativos y patrióticos que predominan en nuestros programas televisivos, y de las costumbres y tradiciones del pueblo cubano.

SANCIONES PENALES PARA DISTRIBUIDORES Y RECEPTORES

La piratería de señales satelitales no solo transgrede las regulaciones internacionales convenidas para su uso. Sus diferentes pasos arman una cadena de delitos y contravenciones administrativas que encuentran severas condenas en diferentes legislaciones y normativas jurídicas.

Empieza desde el mismo momento en que la persona introduce —o trata de introducir— en el país equipos receptores de señales, partes o piezas de estos, sin cumplir las disposiciones legales, con lo que comete el delito de Contrabando, sancionado en el Código Penal con privación de libertad de uno a tres años o multa de 300 a 1 000 cuotas, o ambas.

Otras maneras de apropiarse de los receptores son también penadas en dicha ley con privación de libertad; por ejemplo, cuando se produce la sustracción de las antenas o sus accesorios instalados a una persona con licencia para recibir este servicio. En este caso, de acuerdo al modus operandi, se cometen delitos de Hurto o Robo con Fuerza. Puede darse otro: Receptación, en el que incurre aquel individuo que sin haber tenido participación alguna en el delito, oculte en interés propio, cambie o adquiera estos bienes de ilícita procedencia.

También pueden darse otras conductas delictivas, entre ellas: Actividades económicas ilícitas (por prestar el servicio sin poseer la licencia correspondiente, hecho que se condena con mayor severidad cuando se contrata mano de obra o se utilizan materiales de ilícita procedencia), Especulación o Acaparamiento (al adquirir mercancías u otros objetos con el propósito de revenderlos para obtener lucro o ganancia), y Daños, cuando se deterioran o inutilizan postes eléctricos y telefónicos, o se rompen los viales para pasar los cables.

Pero la vía penal no es la única manera de enfrentar este tipo de piratería. En nuestro país la transmisión del servicio de distribución de programas de televisión satelital está regulada por normativas de carácter administrativo, y la violación de sus preceptos es condenada con elevadísimas multas.

SEVERAS MULTAS Y DECOMISO PARA LOS TRANSGRESORES

Los piratas de señales satelitales contravienen lo establecido en el Decreto-Ley 157 de 1995, "De los servicios de telecomunicaciones de carácter limitado"; en la Resolución 098 de 1995 del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC), y en el Decreto 269 del 2000 del Consejo de Ministros, "De los servicios de radiocomunicaciones espaciales".

La difusión de programas satelitales, técnicamente conocido como "sistema de distribución multipunto por microonda" —disponen las normativas mencionadas— se autorizó como un servicio de telecomunicaciones, de carácter limitado.

Para ello se requiere de una licencia que otorga la Agencia de Control y Supervisión del MIC, entidad que posee inspectores con plenas facultades para imponer multas y decomisar equipos cuando se detectan infracciones.

Las licencias tienen carácter exclusivo e intransferible, y no pueden arrendarse ni cederse a terceras personas los derechos que en ellas se otorgan, de lo contrario son suspendidas temporal o definitivamente.

Lo anterior guarda relación con los servicios (codificados) brindados en Cuba. Cuando de una manera u otra sean decodificados, interceptados o recepcionados e incluso redistribuidos a terceros (comercialmente o no) por personas no autorizadas, por supuesto que no quedan impunes.

Pero más grave y peligrosa es la intercepción del servicio de señales televisivas satelitales que no se brindan en el país, que tienen un contenido enajenante y responden a la política de la Administración Bush, abiertamente encaminada a lograr la destrucción de la Revolución cubana.

Las legislaciones mencionadas advierten que a "aquel que sin la debida autorización importe, fabrique, venda o transfiera por cualquier medio, instale o mantenga instalado de cualquier manera equipos, antenas, accesorios y demás dispositivos para servicios de telecomunicaciones de carácter limitado, o posibilite la infracción de las normas técnico operacionales", se le impondrá una multa de 10 000 a 20 000 pesos en moneda nacional, o su equivalente al cambio oficial en pesos convertibles, además del decomiso administrativo como medida accesoria, sin derecho a indemnización o pago alguno.

De acuerdo al Decreto número 99, los inspectores están facultados para elevar dicha multa hasta la mitad de la cuantía máxima (10 000 pesos más), por lo que podrían llegar a imponer sanciones pecuniarias de hasta 30 000 pesos.

Para algunos, la distribución ilegal de programas de televisión satelital ha devenido forma de enriquecimiento indebido. A ellos se les aplica el Decreto-Ley 149 de1994, y son desposeídos, mediante confiscación, de los cuantiosos bienes que no se correspondan con los ingresos percibidos y que no puedan justificar.

Sin duda, los temas descritos constituyen ilegalidades que deben ser combatidas enérgicamente con la participación de todo el pueblo, y que en las condiciones actuales, además, son caldo de cultivo para quienes pretenden ejecutar los objetivos previstos en el Plan de la Administración Bush para destruir a la Revolución cubana. Al enemigo no se le puede hacer el juego.

La labor de persuasión de las masas y de todos los factores de la comunidad debe ser un elemento fundamental para erradicar esta práctica, a la vez que apoyen a las autoridades encargadas de hacer cumplir las regulaciones a aquellos que, con absoluta irresponsabilidad, las violan.

 

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