RÍO DE JANEIRO, 11 de septiembre (PL). — De 70 000 a 100 000 personas esperan reunir el domingo los organizadores de la caminata Brasil sin armas, que se realizará en Río de Janeiro en un momento decisivo de debate del tema en el Congreso.

Convocada por la organización no gubernamental Viva Río, a la iniciativa se sumaron la Federación de Industrias y otras entidades de este estado, donde las armas de fuego fueron usadas en el 86,93 por ciento de los 1 969 homicidios cometidos en los primeros cinco meses del año, según la delegación policial de represión a armas y explosivos.

Otros datos indican que los brasileños corren cuatro veces más riesgo de morir por arma de fuego que la media de los demás países, cerca de 40 000 personas fueron asesinadas de ese modo el pasado año, y con 2,8 por ciento de la población mundial, esta nación registra 11 por ciento de los homicidios con armas de fuego en el orbe.

La caminata del domingo se organizará en forma de alas como las de las escuelas de samba en el carnaval, con el grupo que irá al frente formado por madres con niños de pecho, con la intención de mostrar las consecuencias que tendrán en el futuro las decisiones que se adopten hoy.

Le seguirán las víctimas de la violencia, tanto familiares de personas muertas por armas de fuego como afectadas por falta de solidaridad o preconceptos; ciudadanos de la tercera edad, víctimas de violencia en el tránsito, jóvenes, familiares de policías caídos y otros sectores, hasta completar unos 20 grandes grupos.

La marcha se produce en momentos en que corre riesgo de sufrir modificaciones importantes el Estatuto del Desarme aprobado el 23 de julio en el Senado, según propuestas hechas en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.

Después de que el Senado limitó al mínimo las personas autorizadas a portar armas, la relatora de esa comisión, Laura Carneiro, propuso extender la autorización a los choferes de vehículos de carga, parlamentarios, agentes de fiscalización del Instituto del Medio Ambiente y que los agentes penitenciarios puedan portarlas incluso fuera de servicio.

Igualmente sugirió bajar de 25 a 21 años la edad mínima para comprar un arma, reducir sensiblemente las tasas por la autorización y registro de un arma aprobadas por el Senado, e impedir su adquisición solo a quien responde a proceso criminal por infracciones dolosas, en lugar de a todos los sometidos a cualquier investigación o proceso.

La diputada, no obstante, no propuso —como había anunciado que haría— la eliminación del plebiscito aprobado por el Senado para octubre del 2005 acerca de la prohibición total o no de la venta de armas en el país.

Según la diputada, la exclusión del plebiscito fue pedida por el Comando del Ejército con el argumento —también usado por los lobistas que representan a los fabricantes de armas— de que la prohibición de la venta de estas podría afectar las exportaciones de industrias militares, por el principio de reciprocidad que aplicarían otros países.