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Róger
Calero: inmigrante, socialista y periodista
• Tres
motivos para expulsarlo de Estados Unidos
POR
FELIX CAPOTE —de Granma Internacional—
EL
nombre de Róger Calero es prácticamente
desconocido en los grandes medios de prensa de
Estados Unidos. Sin embargo, se trata de un
prestigioso periodista, editor asociado de la
publicación en idioma español Perspectiva
Mundial y miembro de la redacción del semanario
socialista The Militant .
Calero
es también el miembro más joven del Comité
Nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas
(Workers Socialist Party), posición para la que fue
elegido en el 2002.
Su
nombre comenzó a resonar cuando lo detuvieron el 3
de diciembre del año pasado al regresar de cumplir
misión periodística en Cuba y México, y lo
recluyeron durante 10 días en una cárcel privada.
Había
venido a La Habana a reportar una importante
conferencia internacional sobre el Area de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), y a Guadalajara,
México, la gran feria anual internacional del
libro, así como una conferencia estudiantil de la
Organización Continental de Estudiantes de América
Latina y el Caribe (OCLAE).
El
Servicio de Inmigración y Naturalización (INS por
sus siglas en inglés) lo arrestó al llegar al
aeropuerto internacional de Houston, procedente de
México.
De
origen nicaragüense, 17 años en Estados Unidos y
residente permanente en el país desde hace 12,
casado con una ciudadana norteamericana, antes de
dedicarse al periodismo, Calero trabajó como
empacador de carne en varias plantas, donde se
destacó como dirigente sindical.
La
Policía de Inmigración pretende negarle ahora el
reingreso a EE.UU. y deportarlo a Nicaragua, su
país de origen, apoyándose en una sentencia de
1988, cuando él era estudiante de secundaria en la
ciudad de Los Angeles y fue acusado de venderle una
onza de marihuana a un agente encubierto.
En esa
ocasión recibió una condena de 60 días de cárcel
suspendida por 3 años de libertad condicional,
durante los cuales no tuvo ningún señalamiento.
Dos
años más tarde solicitó y obtuvo su permiso de
residente permanente, conocido como tarjeta verde,
sin la menor dificultad.
CARCELES
PRIVADAS: UN BUEN NEGOCIO
La
cárcel del INS en Houston, donde Calero estuvo
preso 10 días,
es un
negocio privado. Pertenece a la compañía
Corrections Corporation of America (CCA), que se
jacta en su sitio web en Internet de ser la empresa
mayor y más antigua de su tipo y sus acciones se
cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York.
La
prisión de Houston es una de seis del INS
administradas por empresas como la CCA, de las 15
que tiene en el país. En total hay 158 cárceles
operadas por empresas privadas en Estados Unidos.
El
estado de Texas, con 42, tiene el mayor número.
La CCA
administra 61 cárceles en 21 estados de la Unión y
en el Distrito de Columbia. De acuerdo con las
últimas estadísticas del
Departamento
de Justicia, 91 828 personas estaban presas en
cárceles privadas a finales del 2001.
CAMPAÑA
CONTRA LOS INMIGRANTES
La
detención de Calero y la batalla iniciada por éste
después que fue puesto en libertad con la amenaza
de deportación en el término de tres meses, puso
de relieve la política seguida por el INS contra
los inmigrantes en los últimos tiempos.
Miles
de inmigrantes se encuentran en una situación
similar a la suya, detenidos al regresar del
extranjero de visitar a familiares u otro motivo.
En los
últimos meses el Gobierno Federal ha estado tomando
los registros de las cortes locales para
introducirlos en el sistema de computación del INS.
En el
año 2001 el INS procesó a casi 177 000 personas y
deportó sumariamente a 70 000 inmigrantes.
Calero
denunció públicamente que decenas de miles de
residentes en Estados Unidos son sometidos a
exclusión o deportación basándose en la Ley de
Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del
Inmigrante de 1996 y otras disposiciones
reaccionarias.
Esta
política del INS es vista por muchos inmigrantes
como una amenaza directa de los derechos básicos y
libertades en los Estados Unidos, de prensa, de
viajar, de creencias políticas y religiosas.
Cuando
el próximo 25 de marzo el INS decida la expulsión
de Calero, como parece ser su propósito, o acepte
las peticiones de miles de ciudadanos
estadounidenses para que se le permita seguir
ejerciendo su profesión de periodista en Estados
Unidos, habrá concluido una nueva batalla.
Una
batalla por la libertad de prensa y los derechos
civiles, contra la extrema derecha que pretende el
poder absoluto en Washington con el pretexto de la
lucha contra el terrorismo después del 11 de
septiembre.
Independientemente
de su resultado, el caso Calero servirá para
alertar sobre la persecución que se está
ejerciendo actualmente en los Estados Unidos contra
los inmigrantes, especialmente sin son latinos.
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