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España
tras las rejas
SERGIO A. GÓMEZ GALLO
El número de personas encarceladas en
España se ha disparado durante la última
década hasta superar los 77 000, lo que
ubica a la nación ibérica entre los
países de la Unión Europea con mayor
cantidad de presos respecto a su
población.
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La muerte de Idrissa Diallo
por falta de asistencia
médica destapó un escándalo
nacional. |
Según el último
informe de la Agrupación de los Cuerpos
de la Administración de Instituciones
Penitenciarias (ACAIP), la tasa de
hacinamiento medio en las penitenciarías
era de un 173 % en el 2010, lo cual
quiere decir que, en la práctica, las
cárceles funcionan casi al doble de su
capacidad. A esto se suma la carencia de
personal capacitado para la
administración de centros penales, que
se ha agravado producto de los recortes
del empleo público por parte del
Gobierno ante la crisis económica.
Los problemas en
la gestión de las autoridades se
revierten en una deficiente atención
sanitaria de los reclusos y violaciones
de sus derechos fundamentales. Así
sucede con los presos que padecen
enfermedades psiquiátricas, casi uno de
cuatro de acuerdo con datos del ACAIP.
El vicepresidente de la Sociedad
Española de Psiquiatría Legal, Alfredo
Calcedo Barba, aseguró en una entrevista
al periódico El Mundo que las
circunstancias en las que se encuentran
los afectados por patologías mentales en
las cárceles españolas son lamentables.
El país cuenta
únicamente con dos hospitales
psiquiátricos penitenciarios (en
Alicante y Sevilla), que siguen "un
modelo de hace 40 o 50 años y se
encuentran absolutamente desbordados",
aseguró Calcedo.
Por su parte, el
Centro de Documentación contra la
Tortura (CDDT) reportó durante el 2011
el fallecimiento de más de 40 personas
encarceladas. Uno de los casos más
notorios fue el del marroquí Tohuami
Hamdaoui, condenado a 14 años de prisión
por un cargo de violación, quien murió
luego de cinco meses en huelga de hambre
para exigir la revisión de su sentencia.
Resulta
alarmante que cerca del 80 % de los
decesos reportados por la CDDT en estos
centros, supuestamente inexpugnables, se
deba a sobredosis. El sitio digital
Arborea expone en un artículo: La
indignante situación de las cárceles en
España es tal que "el 60% de los
presos son drogodependientes, y son los
propios carceleros quienes introducen
los estupefacientes allí. De hecho en la
cárcel es mucho más fácil conseguirlos
que fuera".
Mucho más
difícil resulta llevar constancia de las
vejaciones diarias que sufren los
ocupantes de las más de 80 cárceles del
país. El boletín TOKATA, editado de
forma colaborativa entre los propios
reclusos, recoge la historia de Rafael
Hidalgo, quien denunció ante el Juzgado
de Instrucción Número 3 de Córdoba que
sufre palizas dos o tres veces al día y
que los funcionarios de la prisión lo
despiertan cada hora.
La publicación
menciona también el escándalo de la
prisión Madrid I (Meco), donde están
recluidas más de 650 mujeres. El
Ministerio del Interior destituyó en el
2010 a toda la cúpula directiva, cuando
se conoció que algunos carcelarios
abusaron de su poder para mantener
relaciones sexuales con las reclusas.
Asimismo, TOKATA
hizo pública la historia de Carlos
Emilio Prado Rodríguez, preso en el
Centro Penitenciario Madrid IV, quien
luego de someterse a una operación en el
menisco de la rodilla izquierda, fue
obligado a caminar con muletas y no
recibió la rehabilitación
correspondiente.
La crítica
situación del sistema penitenciario de
España es aún más difícil para los
extranjeros, casi el 35 % del total de
reclusos. Los datos oficiales del
sindicato de prisiones evidencian que el
"sueño español" de muchos
latinoamericanos y africanos ha
terminado en una celda. Seis de cada
diez personas encarceladas entre el año
2000 y el 2010 fueron inmigrantes.
A ellos se suman
otros miles de personas retenidas en los
Centros de Internamiento de Extranjeros
(CIE), instalaciones reservadas para los
inmigrantes indocumentados que funcionan
en un limbo legal.
La muerte del
joven de 21 años Idrissa Diallo, el
pasado 6 de enero, en el CIE de
Barcelona, destapó un escándalo nacional
que llegó a las altas esferas políticas.
Un informe del partido Izquierda Unida
filtrado a la prensa reconoció que en
algunos CIE se retienen hasta 280
personas en celdas para entre seis y
ocho detenidos, las cuales carecen en
muchos casos de aseos sanitarios, y allí
pueden permanecer hasta un máximo de dos
meses.
Quizás lo más
grave de esta historia es cómo las
cárceles se han convertido en un negocio
lucrativo para algunas empresas. El
Estado ha destinado cerca de 3 000
millones del dinero de los
contribuyentes para el sistema
penitenciario. Según explica César
Manzano, de la asociación de apoyo a las
personas presas Salhaketa, la mayor
parte del dinero ha ido a parar a la
edificación de megacárceles, es decir, a
empresas privadas que lucran con su
construcción.
Además, España
podría incluirse pronto en la lista de
países que cuentan con prisiones
privadas, si prospera un acuerdo con la
empresa Ferrovial. Los críticos de esta
política consideran que el interés
privado por sacar beneficios de las
cárceles compromete su seguridad.
Resulta muy
difícil creer que la "mano invisible del
mercado" que ha llevado al país a una de
las mayores crisis de su historia, será
la solución de los problemas ocultos
tras las rejas españolas.
Organizaciones
civiles y de derechos humanos denuncian
las deplorables condiciones del sistema
penitenciario y exigen soluciones para
esta otra España, que no es reflejada en
los medios de comunicación. |
