Como ha sido denunciado con
anterioridad, durante los últimos años,
la SINA ha continuado realizando
actividades ilegales, que nada tienen
que ver con las funciones de una misión
diplomática y que consisten en promover,
asesorar, instruir, entrenar, financiar
y abastecer con medios y tecnologías
diversas a sus mercenarios en Cuba.
Diplomáticos de esa oficina incitan
permanentemente a estas personas, que
responden a los intereses del Gobierno
de los Estados Unidos contra Cuba a
cambio de una buena retribución
monetaria, a protagonizar acciones
provocadoras, desplegar campañas de
manipulación sobre la realidad del país
y actuar contra el orden constitucional
cubano.
En su empeño por ejercer un papel
rector en la tarea imposible de
convertir a sus mercenarios en un
movimiento creíble de oposición interna,
la SINA canaliza fondos del presupuesto
del Gobierno de los Estados Unidos y
medios financiados por este para
alimentar el negocio de la subversión
interna.
En su labor de injerencia en los
asuntos internos de Cuba, la SINA ha
llegado al extremo de asumir tareas de
capacitación, estableciendo dentro de su
sede locales y centros ilegales de
Internet para proveer entrenamiento e
impartir cursos a personas, con el
objetivo de que actúen contra los
intereses del Estado cubano, en
violación flagrante de la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de
las leyes cubanas y del propio acuerdo
que dio origen al establecimiento de la
Sección de Intereses.
En Cuba, como en muchos países, se
requiere del consentimiento del Estado
cubano y de la aprobación del Ministerio
de Educación Superior para poder
impartir programas docentes o cursos.
También se necesita la autorización y
una licencia de operación del Ministerio
de Informática y Comunicaciones para
ofrecer servicios de Internet. La SINA
no cuenta con ningún permiso para dar
estas prestaciones, que realiza sin la
anuencia de las autoridades cubanas, por
lo que son ilegales.
Resulta inaceptable y cínico que este
tipo de programas que promueve la SINA,
incompatibles por demás con las
funciones de una misión diplomática,
sean desarrollados por el país que
sostiene, por ley y por decisión de su
gobierno, una política de abierta
hostilidad y bloqueo dirigida a doblegar
y destruir a la Revolución, que, entre
otros aspectos, restringe el libre
intercambio educacional, cultural,
académico, científico y deportivo entre
los dos países e impide a Cuba
conectarse a las decenas de cables
submarinos que rodean la isla para poder
acceder a Internet.
Existen pruebas irrebatibles de que
las actividades ilegales que realiza la
SINA son financiadas con fondos
oficiales del gobierno norteamericano,
que en sumas millonarias son adjudicados
anualmente al Departamento de Estado y a
la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID), en
virtud de la sección 109 de la Ley
Helms-Burton, que tiene como objetivo
explícito promover un cambio en el
sistema político, económico y social de
Cuba.
Estas acciones subversivas, unidas al
recrudecimiento del bloqueo económico,
comercial y financiero, la persecución
cada vez más feroz de las transacciones
financieras cubanas y la utilización de
nuevos pretextos para evadir la
propuesta de sostener un diálogo serio,
respetuoso y en condiciones de igualdad
entre ambos países, que Cuba ha
reiterado, demuestran que el actual
Gobierno de los Estados Unidos no tiene
la voluntad real de dejar atrás las
peores políticas y prácticas de la
Guerra Fría y no desiste de sus intentos
por tratar de someter a nuestra nación a
su dictado.
El Ministerio de Relaciones
Exteriores denuncia las actividades
ilegales, injerencistas, ofensivas y
provocadoras de la Sección de Intereses
de los Estados Unidos y demanda el cese
de su incitación permanente a la
realización de acciones dirigidas a
subvertir el orden constitucional que el
pueblo cubano ha elegido legítima y
soberanamente.
El Ministerio de Relaciones
Exteriores ratifica que Cuba no cederá
terreno a la injerencia y que utilizará
todos los mecanismos legales a su
alcance para defender la soberanía
conquistada y hacer valer el respeto al
pueblo cubano y a las leyes del país.