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Bases
militares en Colombia:
Un retroceso para el hemisferio
El acuerdo que
firmaron los Gobiernos de Estados Unidos
y Colombia, para permitir el uso de
siete bases militares colombianas a las
fuerzas armadas y de inteligencia
estadounidenses, tendrá consecuencias
negativas en el hemisferio, de las
cuales no se librará Washington. Y es
que este acuerdo expande una estrategia
militarista, que ha sido fuente de
inestabilidad regional y que ha
fracasado en sus objetivos declarados,
de acuerdo con las propias instituciones
norteamericanas.
 Operaciones
militares extraterritoriales,
refugiados, combatientes armados,
herbicidas, aumento de la producción y
tráfico de drogas están afectando a
países vecinos, como consecuencia de
esta estrategia equivocada, generando
una onda expansiva de problemas, que
solo se agravarán con el convenio
recientemente firmado.
Contrario a lo
que han tratado de presentar los
portavoces del Gobierno neogranadino,
este acuerdo sigue generando gran
preocupación en Sudamérica. Así lo
expresaron 11 de 12 países en la cumbre
presidencial extraordinaria, que convocó
la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)
el pasado 28 de agosto (el único
disidente fue Colombia). Igualmente, en
la reunión de los Ministros de Defensa y
Ministros de Relaciones Exteriores de
Unasur, realizada el 16 de septiembre
del 2009.
En ninguna de
estas reuniones el Gobierno de Colombia
aceptó ofrecer garantías a los países de
la región de que las operaciones
derivadas de este acuerdo no
trascenderán, bajo ninguna forma, las
fronteras de Colombia. La vaguedad del
articulado del acuerdo, finalmente hecho
público días después de su firma,
explica por qué ni el Gobierno de
Colombia ni el de Estados Unidos pueden
ofrecer estas garantías. El acuerdo hace
una vaga mención a no interferir en
asuntos internos de otros países, pero
no excluye explícitamente la posibilidad
de realizar operaciones de inteligencia
de espectro regional o de actuar bajo la
doctrina preventiva de Bush, si se
considerara pertinente para la
"seguridad nacional de Colombia". Caso
sobre el cual ya existe un antecedente:
la violación de la soberanía de Ecuador
ocurrida el primero de marzo del 2008.
Peor aún, nuevos
elementos, que salen a la luz pública
aumentan las preocupaciones sobre los
verdaderos objetivos del acuerdo. Como
por ejemplo, el documento que la Fuerza
Aérea estadounidense presentó al
Congreso en mayo del 2009, en el cual
ofrece una alarmante justificación para
que se financie la expansión de la base
colombiana de Palanquero. "Palanquero
ofrece una oportunidad para llevar a
cabo operaciones de espectro completo,
alrededor de América del Sur", lo cual
se considera "esencial para el apoyo a
la misión de Estados Unidos en Colombia
y en toda el área de responsabilidad del
Comando Sur de Estados Unidos". Sin
embargo, la mayor revelación del
documento es la clara alusión a los
objetivos políticos que serviría la base
de Palanquero: "el desarrollo de este
CSL (Localidad de Cooperación en
Seguridad) nos da una oportunidad única
para las operaciones del espectro
completo de una subregión crítica en
nuestro hemisferio, donde la seguridad y
estabilidad están bajo amenaza constante
por las insurgencias terroristas
financiadas por el narcotráfico, los
gobiernos antiestadounidenses..."
La vaguedad del
acuerdo no establece limitaciones a la
posibilidad de implementar esta visión.
Quedan a discreción las justificaciones
que podrían usarse para violar la
soberanía de otros Estados.
El ex ministro
de Defensa colombiano, Rafael Pardo,
comentó en términos muy simples la
naturaleza de este acuerdo, es "como
prestarle el balcón del apartamento a un
señor de afuera de la cuadra para que
vigile a los vecinos".
Si los Gobiernos
de Colombia y Estados Unidos de verdad
quisieran atender el complejo problema
de la producción y tráfico de drogas
deberían apoyar estrategias integrales y
multilaterales, que consideren los
problemas de la pobreza y desigualdad en
la región, las características del
mercado de la droga, las
responsabilidades de los países
consumidores, entre otros. Insistir en
combinar supuestas estrategias
antidrogas con operaciones militares
antisubversivas solo seguirá agudizando
el conflicto colombiano, extendiéndolo
más y más fuera de sus fronteras. La
experiencia de otros conflictos internos
superados en la región demuestra que la
solución para la única guerra civil que
queda en el continente es la salida
política y no militar. Lo que la región
necesita es paz, no más guerras.
Es una pena que
la administración de Obama no haya
considerado con más cuidado la reacción
de la región frente a este acuerdo y
tampoco las advertencias expresadas por
los senadores estadounidenses
Christopher Dodd y Patrick Leía en julio
de este año.
El acuerdo,
heredado del gobierno de Bush, hará
difícil para el gobierno de Obama
impulsar una nueva relación con la
región. Sin embargo, no es demasiado
tarde. El presidente Barack Obama
todavía podría romper con las políticas
militaristas de su predecesor; políticas
que utilizaron como pretexto la "guerra
contra el terror" y la "guerra contra
las drogas" para imponer en la región
visiones que le son ajenas.
Este acuerdo
quizás permita cumplir con algunos
objetivos del Comando Sur de Estados
Unidos en la región y puede que
fortalezca en Colombia a los aliados del
Pentágono —al menos en el corto plazo—,
pero no contribuirá a la estabilidad ni
a la paz de Colombia, mucho menos del
hemisferio.
(Fragmentos tomados
de Cubadebate, fuente The Hill)
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