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La
privatización de las guerras
MANUEL E. YEPE
Las modernas
Firmas Privadas Militares, en inglés
Private Military Firms o PMFs, también
identificadas como "compañías privadas
de seguridad" o "compañías proveedoras
de servicios militares", son las
tradicionales firmas empleadoras de
guardias armados, compañías
suministradoras de material de defensa,
entrenadores militares y consultores
ofertantes de consejos sobre estrategia,
que han resurgido con mayores empeños y
ambiciones tras el fin de la guerra
fría, en la última década del siglo XX.
 A
diferencia de las tradicionales
industrias militares, las PMFs operan en
las zonas de combate y en otras áreas,
donde la violencia puede ser inminente.
Venden sus servicios a gobiernos de
países, grandes corporaciones y
compañías privadas, así como a
sardónicas agencias de ayuda humanitaria
y cualquier otro cliente.
En Europa,
durante el siglo XV proliferaron las
"compañías libres" de soldados suizos,
italianos y alemanes, que vendían sus
servicios a príncipes y duques. En el
siglo XVIII hubo regimientos suizos que
constituían formaciones élites en los
ejércitos regulares de varios países.
Pero, a partir
de ese mismo siglo XVIII, los
mercenarios fueron, en su mayoría,
soldados de fortuna actuando
individualmente. Tras la Segunda Guerra
Mundial, se extendió la práctica de su
contratación en África y países
coloniales de otras regiones del tercer
mundo.
El crecimiento y
multiplicación de las PMFs a raíz de la
extinción de la Unión Soviética, se
relaciona con el sentimiento de que los
peligros de guerra mundial habían
desaparecido o estaban en proceso de
extinguirse. Pero, además y sobre todo,
a la tendencia a la privatización de los
servicios antes prestados por los
gobiernos, como parte del esquema
neoliberal estimulador de la empresa
privada y del debilitamiento del papel
de los estados, que pretendían imponer
en todo el mundo los vencedores de la
guerra fría, guiados por Wall Street más
que por la Casa Blanca o el Pentágono.
Las fuerzas
armadas fueron llamadas a cumplir sus
misiones defensivas con menos barcos,
aviones, y personal, dejando muchas de
sus funciones de retaguardia (como la
reparación de tanques, entrenamiento de
pilotos, elaboración de alimentos, etc.)
a cargo de las empresas civiles
privadas.
Pero la paz que
se avizoraba no se avenía a los
intereses del imperio, necesitado por
muchos motivos de guerras para resolver
sus graves contradicciones económicas en
una coyuntura crítica.
Desaparecido el
peligro que representaba la URSS para la
hegemonía estadounidense en el planeta,
sin otra superpotencia que justificara
enormes inyecciones de recursos a la
industria armamentista, Washington
encontró un "contendiente" que presentó
credenciales el 11 de septiembre del
2001: los países pequeños del tercer
mundo utilizando malévolos métodos
terroristas.
Mágica solución
que ha permitido que Estados Unidos
crezca, en vez de reducir, sus
presupuestos militares.
A partir de la
declaración de "guerra al terrorismo"
formulada por el gobierno de Estados
Unidos tras aquel repudiable acto en
Nueva York y Washington, que dejó 3 000
víctimas civiles, el negocio de las PMFs
ha florecido de manera inusitada.
Las agencias de
espionaje y subversión del gobierno
utilizan crecientemente para la
obtención y análisis de inteligencia los
servicios de la industria militar
privatizada, que ya cuenta con más
personal en los escenarios bélicos en
Iraq, Afganistán y Paquistán que la
propia CIA, y experimenta un
significativo impulso en otras áreas del
mundo.
Recientemente,
las agencias de prensa divulgaron que un
"contratista" del gobierno de Estados
Unidos había sido detenido en La Habana
cuando repartía teléfonos celulares,
computadoras y otros equipos de
comunicación a grupos
contrarrevolucionarios. Se supo que el
funcionario trabajaba para la
Development Alternatives, Incorporated (DAI),
importante PMF contratista del
Departamento de Estado, la Agencia
Internacional de Desarrollo de Estados
Unidos (USAID) y el Pentágono que, en
realidad, es una de las supuestas
empresas privadas que han estado
asumiendo funciones que antes
desarrollaba la CIA por intermedio de
sus redes clandestinas.
Con un abultado
expediente contra Venezuela, que incluye
su involucramiento en el golpe de estado
a Chávez en el 2002 y el diseño de la
guerra mediática contra el gobierno
venezolano, la DAI opera también en
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nicaragua, Perú, República Dominicana y
El Salvador, así como en muchos otros
países, incluyendo Afganistán.
Se conocen,
además, otras PMFs que trabajan en el
campo del espionaje, la inteligencia y
la subversión: la National Endowment for
Democracy (NED), la Oficina de
Iniciativas para la Transición (OTI), el
Instituto Republicano Internacional (IRI),
el Instituto Demócrata Nacional (NDI),
Freedom House, y la Pan American
Development Foundation (PADF), que
nutren sus finanzas a partir de
contratos con organizaciones
estadounidenses de las que se sirve la
CIA para ejecutar sus funciones contra
gobiernos y naciones, que oponen sus
soberanías a la hegemonía de Washington
en todo el planeta.
Las PMFs son
expresión de una dramática fusión de
métodos neoliberales con la proyección
unilateral-militarista estadounidense de
reafirmación imperial, pretextando
luchar contra el terrorismo.
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