Prisioneros Políticos del Imperio| MIAMI 5      


     

N O T I C I A S

La Habana, 8 de Febrero de 2007

Pierden terreno enemigos de Cuba
• Nuevos proyectos bipartidistas en el Congreso de Estados Unidos rechazan las “brutales restricciones” en los viajes  a la Isla y van ganando más apoyo tras 46 años de vigencia

POR GABRIEL MOLINA

LOS enemigos de Cuba en el Congreso de Estados Unidos están aislados, según admiten hasta sus ex aliados.

 Nuevos aires en el Congreso de EE.UU. provocados por los escándalos de corrupción de Tom DeLay y otros diputados, junto a  la guerra de Iraq y las consecuencias de ambas situaciones en las elecciones parciales de noviembre, han propiciado en este año 2007 la presentación de varios proyectos  bipartidistas en la Cámara Baja, cuyo objetivo es acabar con las prohibiciones de viajar a Cuba, vigentes hace nada menos que  46 años. 

 El Grupo de Trabajo Por Cuba de la Cámara de Representantes evidentemente no puede olvidar cómo  colegas suyos, algunos de los cuales, como Tom DeLay,  han sido expurgados del Congreso por corrupción, impidieron con sucias maniobras que se restituyera a los norteamericanos la facultad de viajar a Cuba, derecho que, por iniciativa bipartidista, fue aprobado tres veces por amplia mayoría. 

 Durante el trámite de ajuste entre los proyectos del Senado y la Cámara aprobados,  Tom DeLay, entonces líder de la mayoría en la Cámara,   lo hizo  sencillamente desaparecer, a instancias de los hermanos Lincoln y Mario Díaz-Balart. Estos congresistas son  miembros del grupo de seguidores del ex tirano Fulgencio Batista,  tropa que maneja una fracción  del complejo de lobbys para sobornar y  corromper a los funcionarios de los poderes legislativo y ejecutivo de Estados Unidos.  El caso es como el iceberg de uno de los más serios problemas del sistema.        

 William Delahunt y su colega Jeff Flake presentaron un informe legislativo hace algunas semanas que demuestra el alegre modo en que se dilapida el dinero asignado por la Administración de Bush para contribuir al derrocamiento del Gobierno de Fidel Castro, bajo el manto de “programas de ayuda a grupos diversos para facilitar la transición democrática pacífica en Cuba”.

 El informe fue elaborado  por la General Accountability Office (GAO), una dependencia del Congreso, a pedido de Flake, republicano, vicepresidente del subcomité de Supervisión e Investigaciones, y de Delahunt, reputado como el demócrata más importante de ese panel. Ambos se han destacado por promover la normalización de relaciones con Cuba como algo que favorece los verdaderos intereses de Estados Unidos. 

 Flake y Delahunt dijeron entonces que  74 millones de dólares para grupos disidentes cubanos han fluido, según el informe, sin control alguno ni seguimiento, en gastos como comprar un abrigo de pieles, por ejemplo.

 Ahora, con la menguada influencia del corrupto grupo anticubano que compró muchos votos contra la Isla en la Cámara, debilitado a causa de la cesantía de DeLay primero y después con la derrota de la extrema derecha belicista en las recientes elecciones, los vientos que soplan son más propicios para enmendar este entuerto, que perjudica tanto a Cuba como a Estados Unidos.      

 Los congresistas Jeff Flake y  Charles Rangel presentaron este 24 de enero en la 110 legislatura de Estados Unidos  uno de los proyectos (H.R. 654); William Delahunt y Ray Lahood el H.R. 624, mientras  Barbara Lee y James McGovern   firmaron  el tercero (H.R. 177).

 Delahunt, demócrata por Massachussett y copresidente del Grupo de Trabajo por Cuba de la Cámara, declaró este miércoles 31 de enero, al presentar su proyecto,  que éste permitirá a los ciudadanos americanos dejar de verse obligados a pedir permiso del Gobierno de Estados Unidos para viajar a Cuba,  llevar el dinero que deseen y  prohíbe al Presidente cualquier restricción a estos derechos.

 Los norteamericanos han estado impedidos de visitar Cuba desde que el presidente Eisenhower cerrando el cerco para ahogar a  Cuba durante las  últimas horas de su mandato, en enero de 1961, declaró inválidos los pasaportes para viajar a la isla, con el confesado propósito de afectar la economía. Hubo  un breve período de anuencia en los últimos años de la Administración de Clinton, cuando el presidente trató de influir en los cubanos  autorizando los contactos “persona a persona”. 

 Delahunt destacó que a los cubano-americanos se les permitía visitar a sus familiares en la Isla, hasta que Bush lo prohibió también en el 2004 y redefinió los grados de parentesco, excluyendo a los tíos y primos, “brutales restricciones”, exclamó el diputado.             

 Agregó que esas restricciones lesionan los valores familiares. “Este es un proyecto para cambiar una inmoral política que ha causado increíble daño y sufrimiento a nuestros propios ciudadanos tanto como a los cubanos. Ha dañado nuestra imagen en el mundo”.

 Recordó Delahunt que Dan Fisk, siendo Subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental (ahora trabaja en la Casa Blanca), puso las cosas de tal modo que un cubano-americano no podía asistir al funeral de su padre si había viajado menos de tres  años antes al funeral de la madre.  “Es sorprendentemente cruel”. Puso de ejemplo el caso de Carlos Lazo, quien ganó la Estrella de Bronce en Iraq, pero se le negó que pudiera visitar a sus hijos en Cuba, a pesar de que arriesgó su vida en aquella guerra de Bush.  “Eso es inhumano… Nuestra posición es que uno debe ser libre de viajar a Cuba cuando quiera,” aseveró.      

 El Secretario de Comercio de Estados Unidos,  el cubano-americano Carlos Gutiérrez, se apresuró a rechazar concretamente el  proyecto de Delahunt y el republicano  LaHood,  dirigido fundamentalmente a levantar los límites impuestos en el 2004, mediante las presiones del grupo conocido en Cuba como la Mafia de Miami,  al que pertenece Gutiérrez. Los pandilleros exigieron  a Bush nuevas medidas contra la Isla y al conseguirlas, pusieron  al servicio del candidato a presidente y de los republicanos toda la maquinaria mafiosa electorera, aliada del corrupto líder de la mayoría Tom DeLay, depurado después del  Congreso, hace unos meses,  al descubrirse sus artimañas.

 El brazo financiero de la banda The U.S.-Cuba Democracy Political Action Committee, contribuyó con 606 mil 924 dólares en la campaña de unos 100 candidatos mayormente republicanos en noviembre último,  más del doble que en el 2004, pero no pudo  impedir el descalabro.    

 El proyecto 654  fue firmado por  Flake y Rangel con el título Para permitir viajes entre Estados Unidos y Cuba. El primero,  republicano por Arizona, es miembro del Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes, a donde fue enviada esta  iniciativa legal. Rangel,  demócrata por Nueva York, preside el Comité de Medios y Arbitrios de ese cuerpo legislativo. En años anteriores ha sido autor de proyectos para levantar el llamado embargo de una vez, sin embargo,  en esta oportunidad ha dicho que prioriza  proyectos que están más cercanos a conseguir sus objetivos, como los de los viajes, que ya han sido aprobados en legislaturas precedentes, pero fueron escamoteados.    

 Flake, quien viajó recientemente a La Habana con Delahunt y otros ocho  miembros de la Cámara Baja, declaró que "durante casi 50 años nuestra  política corriente con Cuba  ha hecho poco para traer democracia a Cuba.  Un nuevo acercamiento es largamente necesario".  El congresista justifica sus posiciones diciendo  que facilitar el comercio y los viajes a Cuba “es el mejor medio de provocar reformas democráticas”.

 “El proyecto se refiere a  la política sobre Cuba que creo es un fallo total. Una política que ha reducido la influencia americana en la Isla a casi nada, mientras ocurren dramáticos cambios”, agregó Flake.

 Lee y McGovern son también defensores del derecho a viajar a Cuba y la iniciativa tomada,  como las otras, cuenta  con el coauspicio de los seis congresistas entre sí y de otros  señores diputados como McDermont, Ramstad, Snyder, Moran y la señora  Emerson.

 En términos generales se establece en los proyectos que el  Presidente no debe regular o prohibir directa  ni indirectamente viajar a  Cuba a los ciudadanos de  Estados Unidos o a sus residentes legales. Expresamente se refieren a prescindir de las regulaciones vigentes para autorizar o prohibir dichos  viajes y  las  regulaciones que afectan a las transacciones para realizarlos.  Asimismo, postulan que deben finalizar  las acciones en curso tomadas por el Presidente  para sancionar a quienes realizan estos viajes, aunque los hayan realizado antes de la aprobación del proyecto,  y apuntan a dejar sin efecto las demás disposiciones legales concernientes a ellos, como la que limita el número de viajes a la Isla de los cubano-americanos y lo que pueden gastar en el país.  

 A pesar de los compromisos de Bush con la ultraderecha, la actual composición del Congreso  es un factor principal en las posibilidades de éxito de que sea aprobado el proyecto sobre los los viajes a Cuba. Sin embargo, la férrea oposición de Bush,  amenazando con vetarlo a despecho de la opinión mayoritaria,  podría  obligar a alcanzar dos tercios de los votos en una nueva confrontación. 

 Esta voluntad política de cambio está convoyada por fuerzas importantes que ven en la normalización de relaciones con Cuba  los verdaderos  intereses de Estados Unidos. Kirby Jones, presidente de U.S. Cuba Trade Association, que representa compañías poderosas como Cargill Inc., y Caterpillar Inc., por ejemplo, lo asegura.

 La USA Rice Federation basada en Arlington, Virginia, rechaza las reglas de pagos adelantados del Departamento del Tesoro, que entorpece el incremento de sus ventas a Cuba.  La vocera de la Federación, Carol Guthrie,  dijo que el presidente del Comité de Finanzas del Senado,  Max Baucus, demócrata por Montana, propondrá la revocación de esas reglas.

 Señal especial del ambiente predominante es el tono de los artículos que vienen publicando los  diarios de mayor circulación en las principales ciudades del país.    

 Un insólito artículo del Wall Street Journal el reciente 13 de enero, por ejemplo, se hacía eco de cómo 20 grupos enemigos de la Revolución Cubana basados en Miami —incluso la Fundación Cubano-Americana—, llamaban a Bush en una carta abierta a acabar con las restricciones a los viajes y  remesas a Cuba.

 "Los abogados de la actual política, sobre todo los tres intransigentes Representantes en el Congreso (Ileana Ros-Lehtinen y los Díaz-Balart) están crecientemente aislados", agregaba el artículo.  En efecto, estos grupos tomaron distancia hace unos dos años de la banda de recalcitrantes secuaces del fenecido tirano Fulgencio Batista, favorecidos siempre por Washington, pero ahora son casi únicamente apoyados por la familia Bush y sus íntimos. 

 El artículo añadía que no era difícil acabar con dichas restricciones de los viajes,  pero que el  nuevo Congreso  debía eliminar la Ley Helms-Bacardí  para dar flexibilidad al Presidente, ya que "ella congela el embargo hasta que el régimen comunista desmantele su aparato de seguridad, llame a elecciones y hasta que se hayan ido Fidel y Raúl Castro". Desde luego, los grupos “moderados”, al proponer se descarten los extremismos de la Ley Helms-Bacardí,  plantean otras condiciones que les permitan ser contemplados.

 Otros órganos muy representativos en Estados Unidos, como la revista Foreign Affairs con su artículo El triunfo final  de Fidel, han mostrado  recientemente cómo han evolucionado en los últimos años los criterios sobre la política con  respecto a Cuba.  En un largo y pormenorizado análisis de Julia E. Sweig en diciembre último, se puede leer: “…Los cubanos no se han alzado y su identidad nacional permanece atada a la defensa de su patria contra los ataques de los Estados Unidos hacia su soberanía”.   

 Los primeros días del año, doce organizaciones nacionales de EE.UU. urgieron con sendas cartas a  los congresistas Max Baucus y Charles Rangel a reemplazar la política de aislar a Cuba que ha mantenido Washington durante más de 45 años y proponer nuevos compromisos en el área de los viajes y el comercio con la Isla.

 Las cartas están firmadas por Sarah Stephens, directora del Center for Democracy in the Americas; Antonio González, presidente del  William C. Velásquez Institute; Steven Clemons,  director de American Strategy Program, New America Foundation; John McAuliff, director del Fund for Reconciliation and Development; Mavis Anderson, Senior Associate, Latin America Working Group; Geoff Thale, director del Programa Washington Office on Latin America; Kirby Jones, presidente de Alamar Associates; Silvia Wilhelm,  directora Ejecutiva de Puentes Cubanos; Alvaro Fernández, presidente de Cuban American Commission for Family Rights; Ruben Rumbaut, Ph. D., del  Steering Committee of ENCASA, Emergency Network of Cuban American Scholars and Artists; Wayne Smith, director del Programa Cuba del Center for International Policy; y Lissa Weismann, directora del National Summit on Cuba, World Policy Institute, The New School.

 El Latin America Working Group., por su parte, llamó a los norteamericanos a ayudar, instando a sus respectivos congresistas para conseguir un cambio en la política con Cuba, adhiriéndose a los que firman el proyecto 654, el cual prefieren  porque envuelve los viajes familiares y los educacionales, a fin de llegar al número de 100 auspiciantes en marzo próximo.  Para ello, deben llamar a Vivian Catalino en la oficina de  Rangel  o a Lance Walter en la de Flake, incluso para agradecer a sus congresistas si ya auspician el proyecto que entienden marcará el inicio del fin de todo el  llamado embargo.  

 En La Habana, Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional, dijo en una intervención que la actual política va a  perdurar durante algún tiempo, sin duda alguna mientras “esté este señor (Bush) que se robó la presidencia. 

 Como pintan las cosas,  muchos demócratas fundamentalistas respecto a Cuba del otro lado del Atlántico, podrían quedarse "colgados de la brocha" antes de que termine el 2007.
 

 

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