LA dimisión sorpresa de Ed Kast, jefe del Departamento de las Elecciones (Division of Elections) de la Florida, con el pretexto de querer "perseguir otras oportunidades" confirma la trágica situación que reina en ese estado estratégico del país que desea enseñar democracia a Cuba.

Según los medios de prensa en la península, Kast, entre otras cosas, no aceptó proceder a la "purga" de las listas electorales según los criterios de la Administración de Jeb Bush, gobernador del estado y hermanísimo del presidente George W. Bush, a pesar de las enormes presiones que se le hicieron.

Tres años y medio después de las elecciones-farsa del 2000, y a cinco meses de los comicios de noviembre, la situación increíblemente anárquica del sistema electoral de la Florida no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado, según analistas del tema.

En cualquier Estado del mundo que se pretenda democrático, es impensable que el propio hermano de un candidato a la Presidencia, sea la persona que rija el funcionamiento de los comicios y la aplicación de sus reglas. En la Florida, nadie parece sorprenderse de lo ridículo de este grosero conflicto de intereses que provoca gran parte del actual reguero que se observa.

A Kast, quien ocupa este cargo desde hace una década, Jeb Bush quiso imponerle la eliminación a ciegas de las listas electorales de más de 47 000 ex reclusos, a partir de una compilación cuyo contenido es puesto en duda por varios interventores.

La Florida es uno de los siete estados donde no se restablece automáticamente el derecho a votar de los reclusos después de concluir la pena. (Maine y Vermont permiten a los detenidos votar mientras están en la cárcel.)

Al renunciar a su puesto, Kast comentó a sus colaboradores más cercanos que no se sentía cómodo con la presión creciente para que cumpla con esa tarea.

"Ed ha hecho varios comentarios en el sentido de que la naturaleza y lo oportuno de esa lista de ex reclusos no fueron de su responsabilidad. Pienso que su conciencia le indicó que no podía continuar involucrado en esas operaciones", contó Ion Sancho, el ex presidente de la Asociación de Supervisores de las Elecciones (Florida State Association of Supervisors of Elections)...
Unas horas antes, el senador demócrata y ex astronauta Bill Nelson, se sumaba a una demanda para reclamar la publicación de la lista controvertida.

"Cosa aún más crítica, la ley deniega el acceso a una lista de los que se designan ex convictos que deben estar excluidos de la lista de electores", señala Florida Today.

Así que, confirma la publicación, miles de votantes fueron equivocadamente eliminados de las listas del 2000 por designarse como "ex reclusos".

La secretaria de Estado, Glenda Hood, nombrada por Jeb Bush, se opone a la publicación de la relación de votantes so pretexto de que se trataría de una "invasión de privacidad".

Florida Today comenta: "Esconder listas sólo mina la confianza del votante y (el senador) Nelson tiene razón cuando dice que el público debe tener acceso `a averiguar y a volver a averiguar' que las listas no están tirando equivocadamente la puerta sobre votantes legítimos".

Hood es la ex alcaldesa republicana de Orlando y amiga personal de Mel Martínez, ex secretario de Vivienda y… padrino, con Roger Noriega, del fascistoide Cuban Liberty Council, en la Casa Blanca. Los mismos individuos vinculados al terrorismo que pretenden garantizar la victoria a George W. Bush, a quien han impuesto las últimas medidas antifamilia decretadas por la Administración norteamericana contra Cuba.

Mientras tanto el Congresista Demócrata, Robert Wexler, exigió una investigación después de constatar que Hood y otros oficiales del estado sabían hace meses de "un problema" con las máquinas informatizadas en uso en los once condados, cuando pretenden haberlo descubierto hace poco.

El "problema" de software dificulta la auditoría adecuada de las máquinas y el estado está enterado de la situación desde hace más de un año, según artículos de la prensa citados por el político.

Por otra parte, Wexler, quien representa a Boca Ratón, en una carta dirigida al procurador general, Charlie Crist, cuestiona la repentina dimisión del máximo responsable del sistema electoral. En su carta, Wexler califica la partida de Kast de "altamente sospechosa".

El Congresista recuerda que el Jefe del Departamento electoral, en un testimonio rendido "bajo juramento", el 17 de mayo, ante un tribunal, en el marco de una demanda que él mismo presentó, había afirmado que no se había enterado del problema con los aparatos de voto hasta el día anterior cuando leyó "un artículo en la prensa".

Wexler afirma que un grupo de ciudadanos, del Miami-Dade Election Reform Coalition, ya había avisado a Kast y la secretaria Hood por escrito, en marzo.

"Eso es una señal de desconcierto y de inestabilidad", comentó, por su parte, Asaron Lettman, director de la Fundación People For the American Way para la Florida.

"Se supone que la democracia no debe ser tan complicada"
Mary Jo Melone, periodista del St. Petersburg Times, comentó en una crónica publicada el 21 de junio, sobre la tarea de Buddy Johnson, supervisor de las elecciones para el condado de Hillsborough, quien trató de explicarle cómo iba a "purgar" a los ex reclusos.

"Tiene un trabajo que ninguna persona mentalmente sana quisiera. El debe, supuestamente, asegurarse de que todas las personas del Condado de Hillsborough que son elegibles para votar, y desean votar, tengan la posibilidad de hacerlo. El se encuentra en ese grupo infortunado, los supervisores de las elecciones de la Florida, encargados de hacer que el resto del país deje de reírse de nosotros."

Melone recordó cómo en el 2000 decenas de miles de personas fueron descalificadas erróneamente para votar por un lista "destacadamente descuidada" hecha por una empresa privada. "Muchos eran negros y presumiblemente demócratas".

La lista actual está hecha con un análisis de la base de datos del estado que contiene 4,6 millones de personas con antecedentes criminales, entre los cuales "de 400 000 a 600 000" son ex reclusos. Esos nombres fueron comparados con las listas electorales y 48 000 aparecieron como inscritos.

Pero esa lista es poco confiable, y esos nombres y los datos que los acompañan tienen que ser comprobados uno por uno, a mano, en las cortes de justicia.

(Para añadir a las dificultades, hace unos pocos días, presionado por grupos de derechos cívicos, Jeb Bush anunció que 20 861 ex reclusos… recuperarían su derecho y estarían inscritos a tiempo en las famosas listas para la próxima elección.)

Buddy Johnson, por su parte, afirmó a la periodista que en cualquier caso iba a mandar una carta a cada persona inscrita en la lista de ex reclusos y exigir una respuesta escrita. Los que no respondan serán considerados ex reclusos y eliminados.

"Se supone que la democracia no debe ser tan complicada. Eso es suficiente para soñar con una monarquía", comenta irónicamente la reportera.

Frank Cerabino, del Palm Beach Post, recurre también al humor para analizar una situación cuyo absurdo es demasiado evidente para quien se interesa en el tema con lucidez.

"Hay, aparentemente, tantos ex condenados andando Florida que restaurar su derecho a votar haría de ellos una porción significante de la demografía electoral", escribe el periodista.

Cerabino preguntó directamente al portavoz del Florida Department of Correction, organismo encargado de las cárceles de la Florida, cuántos ex condenados había exactamente en ese estado. "No tengo idea", contestó el funcionario y añadió que cada año el estado "escupe" un lote "fresco" de algunos 25 000 nombres.

También, señala el reportero, hay que considerar los que reingresan a la prisión, los que se van de la Florida y los que se mueren.

Cerabino señala que el Sentencin+g Project, ONG de Washington que se interesa en el tema, identificó a la Florida como el que mayor población de ex condenados tienen privados sus derechos a votar. Marc Mauer, subdirector del grupo, estima que "según quien usted desea creer, hay entre 400 000 y 600 000 ex reclusos" en la península.

"Eso es mucha gente, escribe el comentarista del Post. En comparación hay 47 794 abogados, 47 323 médicos, 32 487 contadores certificados y 196 132 representantes inmobiliarios. Así que si usted suma todos los médicos, los abogados, los contadores y los agentes inmobiliarios de la Florida, usted llega a 323 736, es decir, 75 000 personas menos que la estimación más conservadora de ex reclusos."

En cuanto a las máquinas de votación informatizadas, la secretaria Hood acusa ahora a la supervisora de Miami-Dade, Constance Kaplan, de ser responsable de la demora en resolver el problema. En una carta fechada el 13 de marzo, Hood dice a Kaplan que debía haberle avisado, en junio del 2003, cuando se enteró del asunto.

Por su parte, Lida Rodríguez-Taseff, presidente de la Miami-Dade Election Reform Coalition, afirma que Kaplan distorsiona los hechos desde hace meses: "El 19 de abril del 2004, afirmó al subcomité electoral de la comisión del Condado que sólo en diciembre se había enterado del problema y de parte de la coalición. Hemos encontrado, más tarde, correos electrónicos que le mandamos explicándole el problema en detalle, en octubre".

Cinco meses antes del voto, la confusión no deja de ampliarse entre los responsables de las elecciones de noviembre en el país que enseña la democracia donde le conviene.

En California, el secretario de Estado, Kevin Shelley, acaba de "descertificar" todas las máquinas touch-screen (en la que se toca la pantalla para votar) y de establecer nuevas normas para el uso de equipos de votación informatizados.

Las touch-screen fueron eliminadas por tener los mismos defectos de mal funcionamiento que las de la Florida que se usarán en noviembre.