ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
El impuesto sobre tierras ociosas respaldará la continuidad de programas de desarrollo local. Foto: Otoniel Márquez

Polémicos por naturaleza, los impuestos ganan protagonismo en el acontecer cubano como instrumento fiscal que sintetiza las transformaciones a que aspira el modelo económico. Por más que despierten alguna que otra mueca de resistencia, el sistema de tributos aparece entre las opciones de regulación económica y de derecho, de mayor mérito y eficiencia que un ucase administrativo.

Cada año, la Asamblea Nacional aprueba alternativas impositivas no solo para recaudar fondos que financien actividades del Presupuesto como la Salud y la Educación. También acude a los tributos como fórmula para contener vicios de la economía –también de los humanos– o fomentar actividades económicas. Este año, por ejemplo, entra en vigor el impuesto sobre tierras ociosas. Comenzará por Pinar del Río y Cienfuegos para extenderse luego a otras provincias, en un intento por frenar un mal hábito en que participan empresas y otros productores del agro. Queda ver ahora si lo desalienta con más eficacia que los llamados políticos, halones de oreja y sanciones administrativas de años atrás.

Pero quizá ningún otro tributo expresa mejor que la contribución territorial para el desarrollo local esencias de un modelo económico que sueña con ser participativo y lo arduo de su proceso de transformación.

Popularmente conocida como contribución del 1 %, entró en escena como alternativa para financiar, descentralizar y hacer participativa la conducción de políticas del desarrollo en cada municipio. Según evidencian los primeros reportes, las riendas de inversiones y gastos importantes las han tomado los beneficiarios reales y
directos del desarrollo que en cada localidad se propone el socialismo cubano. Pero no sin traumas y con mucho debate.

De acuerdo con la Ley 113 del Sistema Tributario del 2012 y la Ley del Presupuesto del presente año, esta contribución grava a empresas, sociedades mercantiles y cooperativas con el 1 % de la totalidad de los ingresos brutos por venta de bienes y prestación de servicios. Los gobiernos municipales pueden disponer del 50 % de la recaudación obtenida por esa vía en sus territorios, para cubrir necesidades del desarrollo.

Los municipios con administraciones de más garra ya acreditan beneficios, como el impulso a la reparación de obras de impacto social. Desde un policlínico, una calle de mucho tránsito, tiendas y establecimientos comerciales céntricos, hasta el mejoramiento de monumentos, un parque histórico y proyectos de interés cultural. En poco tiempo –a partir del 2015 se extendió a todos los municipios del país– esta contribución se ha integrado a las fuentes de financiamiento del desarrollo local, aunque con apuros para implementarla y hacerla real.

Sin suficientes conocimientos económicos y con pocos hábitos de gobernanza autónoma en algunos casos, las autoridades municipales buscan con tesón y sudor mental una manera diligente de emplear los fondos que les aportan las empresas asentadas en sus territorios, incluidas las de subordinación nacional que antes solo reportaban beneficio a la localidad como fuente de empleo.

Los responsables de implementar en cada municipio esta nueva alternativa de financiamiento se devanan los sesos cada año para entender la letra y las cifras del Presupuesto, las mismas que antes han provocado dolores de cabeza en el Ministerio de Finanzas y Precios, el Ministerio de Economía y Planificación y el Consejo de Ministros, autoridades encargadas de velar por la coherencia entre el Presupuesto y todo el Plan de la Economía.

El arduo proceso de parto lo acreditan los debates y dudas de las autoridades de los municipios, que emergen en las comisiones del Parlamento. De año en año el Presupuesto introduce cambios en la contribución, en un intento por evitar las contradicciones que genera.

Un conflicto pendiente de solución es el destino, en los territorios, de los fondos captados mediante dicha contribución, más de mil millones de pesos en todo el país.

En años sucesivos se intentó flexibilizarlo hasta asumir ese capital en el 2017 como «adición al presupuesto local para financiar proyectos fuera del plan», en línea con un reclamo de gobiernos municipales. Pero condujo a un problema temido: el inicio de obras de construcción y otras inversiones que no tenían recursos materiales oportunamente planificados y asegurados. Ante el dilema, la norma ha vuelto a una fórmula cercana a la de años previos: orientar la recaudación del tributo a «actividades y servicios necesarios e impostergables, que no puedan ser cubiertos dentro del Presupuesto». Y respaldar también con esos fondos la «continuidad de programas de desarrollo local, con cobertura en el plan de la Economía».

En lo que encuentran caminos para una implementación eficaz de esta contribución, quedan en pie dos desafíos estratégicos: que se convierta en plataforma real del desarrollo, y no solo en auxilio para saldar necesidades locales en deuda, y que sirva además de instrumento para descentralizar el gobierno del país y hacer más participativo el modelo cubano de socialismo.

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