Excelencias,

Distinguidos invitados :

Ante todo permítanme trasmitirles, en nombre del Presidente Fidel Castro, un cordial saludo a las delegaciones asistentes a la Segunda Cumbre del Grupo de Países Africa-Caribe-Pacífico, que tiene lugar en esta entrañable República Dominicana, que es para los cubanos como una prolongación de nuestra tierra, de nuestro cielo y de nuestro pueblo.

Una década de globalización neoliberal ha extendido la pobreza y multiplicado las desigualdades. Ya hoy nadie lo niega y lo sabemos bien los que integramos las tres cuartas partes de la humanidad que sobrevive en nuestros países y en esos espacios de Tercer Mundo que cada vez se ensanchan más en las naciones desarrolladas.

La diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres de este mundo era en 1960 de 30 a 1, en 1990 se había duplicado, y en 1997 fue de 74 a 1; el Producto Interno Bruto de las 7 naciones más desarrolladas, con 685 millones de habitantes, triplica el del conjunto de los países subdesarrollados, con una población superior a los 4 mil 500 millones de personas; el 20 % más rico de la población que vive en los países desarrollados disfruta del 86 % del PIB mundial, controla el 82 % de los mercados internacionales de exportación, dispone del 74 % de las líneas telefónicas, es el 93 % de los usuarios de Internet y consume el 86 % de todo lo que se produce.

El modelo de economía globalizada que se nos ha impuesto se distingue por una especulación financiera de crecimiento desenfrenado e incontrolable. Por cada dólar originado en la producción y el trabajo productivo circulan más de 50 dólares surgidos del mercado financiero.

América Latina y el Caribe han perdido cientos de miles de millones de dólares por deterioro de los términos de intercambio.

Solo en 1998 las pérdidas superaron los 10 mil millones de dólares a pesar de que el volumen de sus exportaciones creció casi en el 8 %.

Puede afirmarse que virtualmente han desaparecido conceptos y prácticas conquistadas durante décadas, como las políticas arancelarias y el trato preferencial que protegían nuestras nacientes industrias.

Los países pobres soportamos la carga asfixiante de una deuda externa ascendente a 2,5 millones de millones de dólares a la cual dedicamos pagos por casi el 25 % de nuestras exportaciones y mientras más pagamos, más nos endeudamos.

La muy anunciada decisión de cancelar la deuda por parte del Grupo de los 7 países más desarrollados abarca solo a 41 países de los más pobres y más endeudados, lleva más de 3 años en los medios de difusión masiva, se ha aprobado apenas a 4 de esos países y de cumplirse alguna vez, terminaría anulando menos del 10 % de la deuda del Tercer Mundo. Se trata, digámoslo sin rodeos, de una maniobra propagandística que constituye una burla a nuestros pueblos.

Un millón de científicos y profesionales formados en América Latina a un costo de unos 30 mil millones de dólares, viven hoy en los países desarrollados y por sus innovaciones y aportes científicos debemos pagar o prescindir de ellos.

Somos los países pobres los menos responsables y las mayores víctimas de la destrucción del medio ambiente. Estados Unidos con solo el 4,7 % de la población de la tierra consume el 23 % de la energía mundial y es el responsable del 22 % de la emisión del dióxido de carbono.

La realidad es que el actual proceso de globalización no marcha en la dirección de resolver esos problemas, sino de agravarlos. No se trata de oponernos o lamentarnos del desarrollo científico y tecnológico sino de conducirlo en correspondencia con los intereses y las necesidades de los pueblos.

El libre comercio, la desregulación financiera, la transnacionalización son conceptos que suenan bien, pero no pueden ser aplicados en un mundo injusto y desigual, sin profundas y extensas medidas de compensación.

La moneda de una nación puede ser sustituida por una común, pero no por la de otra nación. La soberanía puede ser cedida por una mayor, pero no por ninguna. Los países ricos se pueden unir pero no para imponer reglas al resto del mundo.

No es justo que se pretenda aplicar un tratamiento igual a naciones con condiciones diferentes y muy desiguales en su desarrollo económico y social.

No es justo que el destino de nuestros países en este mundo globalizado, cada vez más dominado por las transnacionales, sea el de convertirnos en una gran zona franca y en suministradores de mano de obra barata para industrias maquiladoras, sin siquiera cobrar impuestos.

No es justo que disminuya la asistencia oficial al desarrollo, cada vez más lejos del 0,7 % del PIB del Primer Mundo que alguna vez se proclamó como meta, mientras se extienden el hambre y las enfermedades.

No es justo que la mayor potencia económica del mundo anuncie que gastará 17 mil millones de dólares en la producción de un nuevo avión caza de superior capacidad destructiva, cuando cada hora mueren mil 500 personas por enfermedades infecciosas que son prevenibles o curables.

No es justo que se condicione el acceso y el monto de los créditos a reformas internas que originan daños sociales de incalculables consecuencias y que en la práctica hacen inviables las más sabias recetas económicas.

No es justo que la propiedad intelectual sea una mercancía. Ni que las naciones más desarrolladas nos sustraigan las inteligencias, ni que nuestras culturas desaparezcan ante la imposición del modelo de consumo y los hábitos de vida de la nación más rica del planeta.

No es justo que exista un libre flujo de mercancías mientras son crecientes los obstáculos al libre movimiento de la fuerza de trabajo y surgen nuevas barreras no arancelarias en los países ricos. Más que de libre comercio debería hablarse de comercio para el desarrollo.

Debemos luchar por preservar todo lo positivo de Lomé IV y arribar a un nuevo Convenio que reconozca los principios del derecho internacional y consagre el derecho al desarrollo.

La venidera Convención debe ofrecer a los países ACP transferencia de tecnología, acceso suficiente al mercado europeo, cooperación y financiación oportunas, todo el tiempo que sea necesario para el proceso de apertura comercial y deberá tener en cuenta las diferencias de desarrollo existentes.

Nada de limitaciones y condicionamientos para el respeto a nuestra soberanía y a nuestro derecho inalienable a la autodeterminación, y a la posibilidad de decidir nuestras prioridades y modelos de desarrollo.

Estos mismos principios debemos defenderlos ante la Organización Mundial del Comercio.

Nuestra pobreza o menor grado de desarrollo no debe ser obstáculo para expresar nuestras demandas, sino razón para exigirlas. Somos los países pobres los que debemos decir la última palabra.

No debemos aspirar a particulares ventajas o migajas de un orden mundial injusto y despiadado, sino a transformarlo exigiendo nuestros derechos.

Juntos somos una gran fuerza.