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DECLARACION DE LA HABANA

Iberoamérica y la situación financiera internacional en una economía globalizada

1. Los Jefes de Estado y de Gobierno de los 21 países iberoamericanos reunidos en la IX Cumbre realizada en la ciudad de La Habana, Cuba, el 16 de noviembre de 1999, debatimos acerca de los principales temas internacionales, en especial lo relacionado con la actual situación financiera internacional en una economía globalizada, sus implicaciones sobre el crecimiento y el desarrollo de Iberoamérica, y las medidas para identificar y poner en práctica estrategias que fortalezcan el sistema financiero internacional, para que responda real y efectivamente al funcionamiento estable de la economía mundial incluyendo especialmente las necesidades de los países en desarrollo.

El Comandante en Jefe, en el momento de la firma de la Declaración de La Habana.

2. En esta Cumbre reiterarnos el firme compromiso de cada uno de los gobiernos de fortalecer y hacer efectivo el funcionamiento de las instituciones democráticas, el pluralismo político, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo.

En nuestras relaciones internacionales todos los gobiernos iberoamericanos reafirmamos el respeto a los principios de soberanía y no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica de controversias y el no uso o amenaza del uso de la fuerza y el derecho de cada pueblo de construir libremente, en paz, estabilidad y justicia su sistema político. Reafirmamos igualmente nuestra voluntad de contribuir a alcanzar un sistema justo y participativo de relaciones internacionales, de acuerdo con los principios de convivencia internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales

3. Al reafirmar que la convivencia internacional exige el respeto a los principios del Derecho Internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a la igualdad jurídica y la soberanía nacional de los Estados, los países iberoamericanos renovamos solemnemente nuestro compromiso con dichos preceptos.

En consecuencia, reiteramos una vez más nuestro enérgico rechazo a la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes o medidas nacionales que infrinjan el Derecho Internacional e intenten imponerse en terceros países a sus propias leyes y ordenamientos, ya que constituyen una violación de los principios que rigen la convivencia internacional, debilitan el multilateralismo y son contrarios al espíritu de cooperación y amistad que debe regir entre nuestros pueblos.

En este contexto, insistimos con especial énfasis en nuestra exhortación al gobierno de los Estados Unidos de América para que ponga fin a la aplicación de la Ley Helms-Burton, de conformidad con las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas al respecto.

4. Al reafirmar el análisis que realizamos en el marco de la Cumbre de Oporto, en relación con la globalización y los rasgos distintivos de esta etapa, reconocemos las oportunidades que este proceso ofrece para alcanzar el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos, y los grandes desafíos que dicho proceso entraña, lo que ha conducido a los países iberoamericanos a desplegar esfuerzos procurando obtener los mayores beneficios posibles en las nuevas condiciones de la economía mundial.

No obstante, aún enfrentamos obstáculos para avanzar en la reducción de las desigualdades económicas y sociales. Por ello, estimamos necesario, entre otras medidas, fortalecer las políticas macroeconómicas responsables, congruentes y prudentes orientadas al crecimiento a la par que políticas sociales encaminadas a reducir desigualdades, a lograr que los sectores más vulnerables accedan a las oportunidades que ofrece la globalización y a revertir la brecha tanto entre países desarrollados y en vías de desarrollo, como entre los segmentos poblacionales de mayores y menores ingresos.

En este contexto, la actuación de nuestros Gobiernos tiene como objetivo básico la búsqueda de la justicia social, la elevación de los niveles de bienestar de las sociedades, el fortalecimiento de políticas de apoyo y de redes de seguridad social con el fin de proteger a los sectores más pobres y vulnerables y la ampliación de la cooperación internacional en condiciones de equidad como vía para apoyar a los países y regiones menos desarrollados de lberoamérica.

5. Constatamos que si bien los años 90 se han caracterizado por un mejor desempeño económico que la década del 80, en los últimos dos años se ha observado una desaceleración económica a escala mundial derivada de la crisis financiera internacional. Sin embargo, la aplicación de políticas y programas consistentes en las esferas monetaria y fiscal han permitido una mejor y más oportuna capacidad de respuesta para atenuar los impactos adversos derivados de los desajustes del sistema financiero internacional.

6. La extraordinaria expansión de los mercados financieros internacionales y la multiplicación de sus agentes e instrumentos, ha generado una creciente vinculación entre los diversos mercados financieros de cada país, principalmente por la magnitud y rapidez con que se mueven los flujos internacionales de capital. En gran medida el problema radica en la volatilidad de los flujos de capital de corto plazo, los cuales se han convertido en un factor de inestabilidad potencial para las economías del mundo. Tal situación no se ha visto acompañada de un desarrollo adecuado de las instituciones financieras nacionales e internacionales ni de los mecanismos necesarios de regulación y de supervisión bancaria.

7. Las salidas masivas y repentinas de capital y la disminución de los flujos de capital hacia los países en desarrollo, que han traído las recientes crisis financieras, se han visto acompañadas de un aumento de las tasas de interés y consecuentemente un encarecimiento de los créditos internos y externos que, sumado a otros factores, contribuyeron a la desaceleración de la actividad económica mundial.

8. Estas crisis de los mercados financieros internacionales, dada su magnitud, recurrencia y potencial de transmisión, en una economía globalizada, han tenido severas consecuencias sobre los grupos sociales más vulnerables y sobre las economías más débiles y pequeñas y aquellos países con graves desequilibrios económicos, e incluso han contagiado a países que han estado o están llevando a cabo reformas estructurales y han adoptado políticas fiscales, monetarias, y cambiarias adecuadas, incluidos algunos países iberoamericanos.

9. Consideramos necesario materializar con rapidez el compromiso de los gobiernos y los organismos financieros internacionales por avanzar hacia un sistema financiero más ordenado que favorezca el crecimiento y la estabilidad financiera internacional, así como también el aumento de la confianza de los inversionistas.

10. La tendencia a la baja de los precios de los productos básicos de exportación, la persistencia de prácticas proteccionistas, la caída en términos globales de los flujos de la Ayuda Oficial al Desarrollo y la carga financiera de la deuda externa, crean condiciones desfavorables para muchas de las economías de la región y erosionan la capacidad de reacción y recuperación ante los desequilibrios financieros internacionales. En estas condiciones, algunos países han tenido que adoptar programas de respuesta ante tales desequilibrios que han incluido medidas de política financiera y fiscal de carácter restrictivo que exigen ingentes esfuerzos a la población y que en algunos casos han tenido serias implicaciones sociales.

11. De acuerdo con estas consideraciones:

I) Reafirmamos la vigencia de la Declaración de la Cumbre de Oporto, así como la relativa a la situación financiera internacional y reiteramos su actualidad y la urgencia de su aplicación. En este sentido, reiteramos a los organismos financieros internacionales, al sistema de las Naciones Unidas y al G-8 que en sus consideraciones sobre estos fenómenos tomen en cuenta las valoraciones y propuestas contenidas en estos documentos.

II) Nos comprometemos a trabajar con una perspectiva de largo plazo por una estrategia a nivel global, regional y nacional que resulte coherente y efectiva ante los desequilibrios actuales y previsibles de la economía mundial. Además, coincidimos en que el funcionamiento transparente y democrático de las organizaciones e instituciones multilaterales y la amplia participación de los Estados en ellas constituyen pieza esencial para la construcción de un orden global justo, equitativo y solidario, basado en el derecho internacional.

III) Ante la seriedad y recurrencia de las crisis financieras, la severidad de su impacto en la economía mundial y sus implicaciones adversas para la capacidad de promoción y gestión del desarrollo de los países iberoamericanos, reafirmamos el compromiso refrendado en la Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe de participar activamente en el diseño de una nueva arquitectura financiera internacional que permita a nuestros países obtener los beneficios de la integración de los mercados de capitales y reducir sus riesgos. En este sentido, es importante que esas reformas incluyan una mayor participación de los países en desarrollo en los procesos de toma de decisiones de las instituciones financieras, acorde con el peso creciente de dichos países en los flujos financieros, de comercio e inversión y el significativo impacto que las reformas tendrían en ellos.

Declaraciones de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos

II PARTE

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