Antes del triunfo revolucionario eran muy contadas las visas que la Embajada de Estados Unidos concedía a los ciudadanos cubanos para emigrar a ese país, lo que constituía una aspiración económica de cientos de millones de personas en todo el mundo, incluidos millones de europeos atraídos por los recursos materiales y el estándar de vida de la nación que emergió intacta de la Segunda Guerra Mundial como el país más rico y poderoso del mundo después de dos grandes contiendas en menos de 25 años, que en cada ocasión devastó el resto de la economía mundial.

Los trámites legales para que un cubano emigrara a Estados Unidos entre 1945 y 1959 eran prolongados y absolutamente rigurosos. Al que ingresaba ilegalmente, violando las leyes de Estados Unidos, lo esperaba irremisiblemente la expulsión o la prisión. Nadie se atrevía.

En medio de la guerra fría y el macarthismo, quien tuviera la menor sospecha de comunista u hombre progresista, para lo cual bastaba apoyar alguna vez las luchas por las reivindicaciones salariales, o la idea de la reforma agraria, no obtenía jamás visa.

Todo cambió con el triunfo revolucionario del Primero de Enero de 1959. Los primeros en iniciar las salidas ilegales del país fueron los asesinos, esbirros, torturadores, malversadores y ladrones de la derrocada tiranía de Batista, que allí encontraron lujoso refugio. Desde entonces, el ingreso sin obstáculo alguno a Estados Unidos de toda persona que saliera ilegalmente de Cuba con cualquier pretexto se convirtió en norma. Tan pronto se hizo claro que en Cuba había tenido lugar una verdadera revolución y las primeras leyes revolucionarias fueron proclamadas, se inició el éxodo masivo de los sectores de la alta burguesía. Las mansiones del Vedado, Miramar, Tarará y otros barrios lujosos de la capital abandonadas por ellos, fueron ocupadas por el Estado revolucionario. Decenas de miles de jóvenes campesinas procedentes de las áreas rurales del país y, después de la campaña de alfabetización en 1961, cientos de miles de estudiantes becados de humilde procedencia pasaron a lo largo de los primeros diez años de la Revolución por esas residencias convertidas en albergues, gracias a lo cual la educación se masificó también para los hijos de todas las familias del país, hasta que la Revolución pudo construir miles de instalaciones escolares nuevas para estudiantes internos y seminternos, escuelas especiales y círculos infantiles.

Es preciso aclarar que jamás una sola familia de aquella alta burguesía, mientras residía en el país, fue despojada de su residencia, ni siquiera del dinero depositado en los bancos, que en ocasiones alcanzaba sumas millonarias.

La Revolución nunca impidió las salidas legales del país hacia Estados Unidos o cualquier otro lugar del mundo. Los gobiernos de Estados Unidos, por su parte, siempre estimularon las salidas ilegales. La visa dejó de ser un trámite necesario para ser recibido en Estados Unidos, sin excepción alguna, sin importar siquiera los antecedentes penales, o cualquier hecho delictivo que hubiese cometido; jamás uno solo fue devuelto al país. Bastaba la afirmación de que estaban contra la Revolución o contra el socialismo, el comunismo, o que eran perseguidos políticos. La categoría de emigrante también desapareció del vocabulario para los ciudadanos de nuestra Patria. Todo cubano residente en cualquier país del mundo desde entonces fue calificado de exiliado. Extraño ejemplo de exiliados y perseguidos políticos que apenas sin excepción viajan a Cuba cuantas veces lo desean. De tal modo se utilizó e incluso se abusó de las facilidades para salir legalmente de Cuba en los primeros años de la Revolución, que incluso más de 14 mil niños cubanos fueron virtualmente secuestrados por Estados Unidos cuando grupos contrarrevolucionarios, organizados desde los primeros instantes por los órganos de inteligencia de ese país, divulgaron, mediante la edición y distribución clandestina de falsos proyectos de ley, la falsa, infame y criminal noticia de que la patria potestad sería suprimida, sembrando el pánico en numerosas familias de capas medias que, atemorizadas, enviaron a sus hijos de forma oculta y sin visa alguna en las mismas líneas aéreas legales y normales que volaban directamente a Estados Unidos, donde los niños separados de sus padres eran esperados para ser ingresados en orfanatos, e incluso centros de reclusión de menores. Es imprescindible recordar estos hechos.

Un maligno día, a fines de 1962, el gobierno de Estados Unidos suprimió abruptamente los vuelos normales y las salidas legales del país. Cientos de miles de personas perdieron todo vínculo con familiares residentes en Estados Unidos, entre ellas padres que habían enviado sus hijos a Estados Unidos por los temores señalados. Sólo quedaron las salidas ilegales, estimuladas a la vez por todos los medios como parte de la sucia propaganda contra la Revolución y el socialismo. Esta política dio lugar a sucesivas crisis migratorias.

En febrero de 1963, la administración Kennedy dio un poderoso estímulo adicional en favor de esas salidas: anunció que los cubanos que llegaran a Estados Unidos directamente desde la Isla serían recibidos como refugiados, mientras que los que buscaran entrar desde terceros países serían considerados extranjeros y quedarían sujetos a todas las restricciones migratorias norteamericanas.

La primera respuesta de la Revolución a esa política arbitraria y dañina fue habilitar, el 28 de septiembre de 1965, el puerto de Camarioca, en Matanzas, para que cualquier familia cubana residente en Estados Unidos, utilizando medios de transporte marítimos propios o contratados, pudiese recoger familiares que podrían emigrar mediante permiso previo de las autoridades cubanas. Alrededor de mil embarcaciones procedentes de Estados Unidos, desacatando las órdenes de las autoridades norteamericanas, se reunieron en ese pequeño puerto.

A pesar de que no existían siquiera relaciones diplomáticas ni oficinas de intereses, se realizaron negociaciones entre ambos países y se logró el 6 de diciembre de ese año un memorando de acuerdo que estableció un puente aéreo desde Varadero hacia Estados Unidos, que se mantuvo funcionando desde enero de 1966 hasta abril de 1973. Todos los que manifestaron su deseo de emigrar, con excepción de algunas personas calificadas consideradas indispensables, mientras se preparaban sus sustitutos, y los ciudadanos que prestaban servicios en las Fuerzas Armadas y en las instituciones de orden interior, o lo hubiesen prestado en fecha reciente, fueron autorizados a hacerlo. De forma ordenada y segura, alrededor de 260 mil personas en total pudieron satisfacer sus deseos de emigrar hacia Estados Unidos y decenas de miles de familias pudieron reunificarse.

A pesar de esto, Estados Unidos mantuvo un fuerte estímulo a las salidas ilegales, que continuaron produciéndose, ya que los que viajaban por el puente aéreo requerían visa y no todos la recibían. Las autoridades norteamericanas seleccionaban y procuraban extraer del país, cuanto fuese posible, médicos, enfermeras, profesores, maestros y otros profesionales universitarios o técnicos de nivel medio, los cuales percibirían allí los salarios correspondientes a esas calificaciones, en el país más desarrollado y rico del mundo, incomparablemente mayores que los de una neocolonia recién independizada y a la vez subdesarrollada, pobre y rigurosamente bloqueada por el poderoso país con el cual mantenía desde principios de siglo los más importantes vínculos económicos, financieros y comerciales. Pero el país resistió a pie firme aquel saqueo de personal calificado, y mediante un colosal esfuerzo educativo se dio a la tarea de formar y multiplicar muchas veces el que le fuera arrebatado.

En adición a la disposición de Kennedy de 1963 que tanto estimuló las salidas ilegales, el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos reunidos en Congreso aprobaron la llamada Ley de Ajuste Cubano, firmada por el presidente Johnson el 2 de noviembre de 1966, que estableció status especiales y exclusivos para "cualquier extranjero nativo" (de Cuba) "o ciudadano cubano o que haya sido inspeccionado y admitido o puesto bajo palabra en Estados Unidos después del primero de enero de 1959, y que haya estado presente físicamente en Estados Unidos al menos durante dos años, puede ser ajustado por el Fiscal General, a su discreción y conforme a las regulaciones que pueda prescribir a la de extranjero admitido legalmente para residir permanentemente...".

En su afán de desestabilizar y destruir la Revolución cubana, de cierta forma esta ley, muy general y confusa, con algunas actualizaciones posteriores, fue lo que sirvió de base al derecho automático a la residencia permanente, después de un año de ingresar en territorio de Estados Unidos, a cuanto ciudadano saliera ilegalmente de Cuba tan pronto pisara tierra norteamericana, algo que no se concedió jamás a ningún otro país del mundo. De haberlo hecho así con el resto de América Latina y el Caribe, hoy habría muchos más ciudadanos latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos que los nacidos en ese país. No pensemos lo que habría ocurrido si se hubiese aplicado al resto del mundo.

En tales circunstancias, después de concluir el puente aéreo, era inevitable que más tarde o más temprano se produjera una nueva crisis migratoria. Esta tuvo lugar en 1980, al crearse una situación similar a la de Camarioca, esta vez en el puerto de Mariel.

Es precisamente durante el gobierno del presidente Ronald Reagan cuando se produce el segundo acuerdo migratorio, el 14 de diciembre de 1984, mediante negociaciones entre representantes de los gobiernos de Cuba y de los Estados Unidos que, según el texto del comunicado emitido, concluyeron con la adopción de "acuerdos para la normalización de los procedimientos migratorios entre ambos países y poner fin a la situación anormal que ha existido a partir de 1980. Sus puntos esenciales:

"Los Estados Unidos reanudarán la expedición de visas preferenciales de inmigrante a ciudadanos cubanos residentes en Cuba hasta el número de 20 mil cada año, en especial a familiares inmediatos de ciudadanos norteamericanos y de cubanos residentes permanentes en Estados Unidos.

"La parte norteamericana expresó su disposición de poner en práctica —con la cooperación de las autoridades cubanas— todas la medidas necesarias para asegurar que los ciudadanos cubanos residentes en Cuba que deseen emigrar a Estados Unidos y califiquen conforme a las leyes norteamericanas para recibir visa de inmigrante, puedan ingresar a los Estados Unidos haciendo el máximo aprovechamiento del número de hasta 20 mil inmigrantes anuales."

Préstese atención al próximo párrafo del comunicado.

"Estados Unidos por su parte continuará otorgando visas de inmigrantes a residentes en Cuba que sean padres, cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de ciudadanos norteamericanos sin que las mismas estén comprendidas en el número anual de inmigrantes señalado anteriormente."

Es decir, se especificaba que el número de 20 mil podía ser ampliamente rebasado con la categoría de familiares de los que eran ya ciudadanos norteamericanos.

"Cuba aceptará la devolución de aquellos ciudadanos cubanos que llegaron a Estados Unidos en 1980 procedentes del puerto de Mariel y que han sido declarados inelegibles para entrar legalmente a los Estados Unidos. El número de estas personas es de 2 746 y sus nombres figuran en una lista aprobada.

"[...] Las devoluciones se harán a razón de 100 personas en cada mes calendario".

El acuerdo incluía además 3 mil visas anuales para "aquellas personas que, habiendo sido puestas en libertad luego de cumplir sanción por actividades que la legislación penal de Cuba califica como 'Delitos contra la Seguridad del Estado', desean residir permanentemente en los Estados Unidos".

Esta demanda fue planteada por Cuba al considerar que dichas personas habían actuado siguiendo instrucciones de Estados Unidos, por lo cual estaban en la obligación moral de concederles visas, ya que por sus actividades contrarrevolucionarias y al servicio de una potencia extranjera, encontraban gran rechazo en nuestro país y era difícil su reinserción social.

La cifra total de emigrantes cubanos parecía suficiente. Aunque no se estableció límite de tiempo, en diez años habrían podido emigrar de forma legal y segura más de 300 mil personas, incluidas las tres categorías.