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DIGITAL. La Habana. Cuba
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El martes 22 de marzo, a las 9 de la noche, hora local, después de largo viaje vía Londres, arribó a Ginebra el compañero Carlos Lage para presidir la delegación cubana al 55º Período de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde debía hacer uso de la palabra al día siguiente.
El mensaje de Cuba sobre derechos humanos había sido cuidadosamente elaborado desde posiciones de principios, con los datos precisos y los argumentos necesarios que reflejan nuestra sólida y ejemplar historia revolucionaria en ese campo. La palabra de Cuba cobraba especial importancia ante la cínica política de Estados Unidos, que no ha cesado de hostigar y calumniar a Cuba en este tema para justificar su bloqueo y sus crímenes contra nuestro pueblo. Ha sido una batalla de larga duración. Durante muchos años nunca pudo obtener los votos suficientes para condenar a Cuba.
La caída del campo socialista y la desintegración de la URSS cambiaron drásticamente la correlación de fuerzas en el seno de esta Comisión sumamente politizada. Muchos de los que fueron antiguos amigos se pasaron al campo imperialista. Baste recordar que algunos como Uzbekistán llegaron en su abyección hasta votar en solitario, junto a Washington, en favor del bloqueo a Cuba en la Asamblea General de Naciones Unidas. De modo que Estados Unidos, con el bastardo apoyo de estos nuevos aliados «democráticos», logró durante varios años, entre abstenciones y votos en contra, dejar a Cuba en minoría.
Nuestro país persistió en su valiente lucha. No desapareció la Revolución como muchos creían, y en 1998, con el apoyo valiente de sus amigos del Tercer Mundo, puso de nuevo al poderoso imperio en minoría.
Este año, apoyándose en los inmensos recursos de su aparato de propaganda y el poder de sus medios masivos de información, tomando como pretexto las justísimas medidas de la Revolución para enfrentar su criminal guerra económica y sus planes de subversión y desestabilización para destruir el socialismo en Cuba, volvió a la carga en la Comisión de Derechos Humanos.
Esta vez en la República Checa, otro subproducto de la división y subdivisión de los países del desintegrado campo socialista, encontraron el testaferro necesario para presentar el proyecto de resolución contra Cuba.
Era tradición en la Comisión de Ginebra que en las reuniones de cada año para dirimir los temas a tratar, los Ministros de Relaciones Exteriores y altos dignatarios de los países que tomaban parte en los debates consumiesen treinta, cuarenta y hasta cincuenta minutos en sus intervenciones. Cuba tenía mucho que decir, y el derecho y deber moral de hacerlo, como país implacablemente asediado y hostigado por Estados Unidos, para denunciar la insidia y la sucia maniobra de ese país, gran propulsor del proyecto checo.
Nuestra delegación se encontró con que la señora irlandesa que presidía los debates, rompiendo la tradición y el elemental derecho reconocido a los Cancilleres y altos dignatarios para expresar sus argumentos, como se hace en Naciones Unidas, con entera libertad, sin restricciones ni mordazas humillantes, especialmente cuando se trata de países que son víctimas de infames conspiraciones de grandes poderes mundiales, impuso sólo 15 minutos como máximo de tiempo, bajo la ultrajante amenaza de un martillazo estridente y ridiculizante, que abruptamente interrumpe la intervención.
En cuestión de horas, sometiéndose a un intenso y agotador trabajo, la delegación se vio obligada a realizar un ingente esfuerzo para reducir en dos terceras partes su exposición, debiendo suprimir importantes elementos de juicio. En esas circunstancias, a pesar de todo, se pudo elaborar, a partir de principios justos, ideas y hechos irrebatibles, un compacto alegato que en su párrafo inicial denunciaba el arbitrario, irracional e inflexible límite de tiempo impuesto.
El mensaje íntegro, previamente impreso en español, inglés y francés, se distribuyó entre las delegaciones presentes. A pesar de eso, el compañero Lage no pudo concluir su discurso, al ser interrumpido por el grosero martillazo cuando sólo le faltaban breves minutos para finalizar.
La señora que presidía la sesión expresó las razones de su actuación:
«Le ofrezco disculpas por tener que interrumpirlo. Me temo que enfrentamos un problema de limitación de tiempo. Quizá ha ocurrido un malentendido, porque al inicio de su intervención, usted hizo alusión a la rigidez de los límites de tiempo impuesta por la Presidencia.
«Me parece importante explicar que existe un límite de tiempo, aprobado por la Comisión, luego de escuchar las recomendaciones del Buró.
«El papel de la Presidencia ha sido el de tratar de aplicar este límite de tiempo de una manera justa e imparcial a todos los oradores.
«Es decir que, en el orden personal, me resulta sumamente difícil ser descortés hacia cualquier representante en esta sala, en especial cuando se trata de dignatarios de visita.
«Asimismo, he apelado, y apelo a todas las delegaciones a que no coloquen a la presidencia en esta posición tan difícil. Por consiguiente, con esta solicitud le pido, señor Vicepresidente, que proceda a concluir su discurso.»
Tomando de nuevo la palabra, el compañero Lage respondió:
«Esas reglas no fueron las del año anterior y las conocimos una vez llegados aquí. Faltaban apenas dos minutos para terminar nuestro discurso. Lamentamos que a un país agredido, amenazado, bloqueado y sometido a una política criminal de genocidio, no se le permita concluir sus palabras.
«Les agradezco a todos la amabilidad de habernos escuchado.
«Gracias.»
La valentía, la moral y los argumentos de aquel documento de inconclusa lectura causaron impacto.
Al retirarse de la tribuna, el presidente de la delegación cubana recibió un amplio y caluroso aplauso. Suficientes verdades habían sido expuestas. Una vez más circuló entre muchos delegados la afirmación: «Como siempre, Cuba dice lo que muchos sienten y no pueden expresar.»
Granma Internacional publica a continuación el texto íntegro del mensaje cubano:
Distinguida Señora Presidenta:
Distinguidos Miembros de la mesa:
Distinguidos Delegados:
Hoy estamos aquí para desenmascarar calumnias, exponer verdades y defender ideas.
Durante 40 años los cubanos hemos sido bloqueados, agredidos, sistemáticamente calumniados y a la vez, en más de una ocasión, criticados y condenados por las leyes y medidas que hemos tenido que adoptar para defendernos.
En las últimas semanas mucho se ha hablado sobre las modificaciones a nuestro Código Penal y de la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, aprobados por nuestro Parlamento el pasado 16 de febrero, y acerca del juicio que con estricto apego a la Ley, condenó a cuatro apátridas.
En medio de la confusión creada, no pocos medios de prensa han mezclado las nuevas sanciones establecidas para los delitos comunes en las modificaciones del Código Penal, con aquellas previstas en otra ley para quienes actúan al servicio del enemigo que hace la guerra contra su nación.
Los cambios introducidos en el Código Penal están en correspondencia con las características y circunstancias del fenómeno delictivo en el mundo, y consisten en la adición de tres nuevos delitos: el lavado de dinero, el tráfico de personas y la venta de menores, a lo que se añade el incremento de las sanciones a las figuras delictivas y otras conductas asociadas que más deterioran la tranquilidad ciudadana, los valores éticos y morales de la sociedad y la salud del pueblo.
Es verdad que establecemos la pena de muerte en casos de extrema gravedad, para los autores de algunos delitos verdaderamente execrables, como utilizar al país para el tráfico internacional de drogas y graves actos de violación o corrupción de menores, por parecernos imprescindible en las actuales circunstancias del mundo como mecanismo para desestimular estas repugnantes conductas.
Respetamos a los que en muchas partes del mundo se oponen a la pena de muerte y compartimos con ellos la esperanza de que llegue el día en que no sea necesaria en ninguna sociedad. Sin embargo, Cuba, un país donde se estimula desde el exterior el desacato a las leyes a través de miles de horas semanales de trasmisiones ilegales, no puede renunciar por el momento a esa máxima sanción, que es aplicada en otros países que no han estado sometidos a semejante hostilidad y asedio.
Las reformas introducidas al Código Penal en Cuba están sustentadas en principios jurídicos internacionalmente reconocidos y, además, las avala el amplio reclamo de nuestro pueblo que, acostumbrado a la seguridad que se estableció con la Revolución, exigió aumentar las sanciones contra los autores de esas transgresiones.
Por otra parte la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba ha sido presentada por quienes ostentan el monopolio de la información como una legislación contra la libertad de pensar y opinar. Imaginar que ello fuera posible, sería suponerle un carácter sumiso y una pobre condición humana a un pueblo acostumbrado a luchar por sus ideas. Por pensar y opinar nadie es sancionado en Cuba.
La finalidad de esta ley es sancionar a los ciudadanos cuyos actos se sumen al objetivo de la potencia agresora, con su guerra económica: desestabilizar el país, subvertir el orden interno y destruir la Revolución. Esta ley tipifica delitos de colaboración con el enemigo, no delitos de opinión como se ha querido hacer creer.
La intensa e inescrupulosa guerra de Estados Unidos ha provocado que no solo Cuba, sino incluso la Unión Europea y estados como Canadá, México y Argentina, se hayan visto forzados a aprobar legislaciones para proteger su soberanía e independencia frente a decisiones extraterritoriales del Congreso norteamericano.
Nuestra nueva legislación protege no solo la soberanía y los derechos de los cubanos, sino de los nacionales de terceros países particularmente afectados por las presiones, medidas represivas y sanciones que les aplican como parte de la política de bloqueo.
Organizada desde los Estados Unidos y a lo largo de más de un año, se desarrolló una campaña publicitaria de infundios contra la Revolución Cubana por el arresto de cuatro ciudadanos que ahora han sido procesados por el delito de incitación a la sedición, y condenados a penas de entre tres y medio y cinco años de privación de libertad.
Distinta sería su suerte si hubieran sido juzgados por algún tribunal norteamericano. Allí solo por algunos de los delitos que cometieron en Cuba, hubieran violado las Regulaciones del Control de Activos Cubanos del Departamento del Tesoro, y recibido sanciones de hasta diez años y 250 mil dólares de multa. Incluso, ya no por intento de subvertir o conspirar contra el gobierno, sino simplemente por establecer comunicación con un gobierno o agente extranjero, en virtud de la aún vigente bicentenaria Ley Logan, se castiga a cualquiera con una multa de hasta 5 000 dólares y 3 años de prisión.
En el juicio que se les siguió quedó ampliamente demostrada su sostenida colaboración con el enemigo, a través de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, de la cual recibían instrucciones, financiamiento y medios, entre otros fines, para obstruir con todo tipo de amenazas las inversiones extranjeras, promover la internacionalización del criminal bloqueo que sufre nuestro país y alterar el orden interno. Reivindicamos nuestro derecho, como lo haría cualquier otra nación, a sancionar a los que se pongan al servicio de una potencia agresora de su propia Patria.
El poder de los medios de difusión, los intereses en juego, la confusión de ideas, la falta de información o la poca responsabilidad, suelen provocar que se les otorgue más crédito a las falacias de los agresores que a las evidencias de los agredidos.
Conocemos que hay personas en el mundo, incluso amigas, que a partir de comparaciones con lo que sucede en sus propios países u otros, han puesto en duda la justeza del proceso judicial, efectuado, por demás, con las máximas garantías y respeto por la persona humana.
Sin embargo, a la hora de valoraciones sobre Cuba y su Revolución, no puede olvidarse que no es el nuestro cualquier otro país. Cuba es blanco permanente de la actitud hostil de la nación más poderosa del planeta, que no ha cejado un instante en sus amenazas y agresiones. Somos un país bloqueado por una superpotencia que nos obliga a estar permanentemente en posición de defensa y de alerta porque nuestra decisión es no sumar una estrella más a la bandera norteamericana.
No se puede agredir a un país durante 40 años, ni pretender someter a su pueblo con un criminal bloqueo, ni financiar los sueños anexionistas y las actividades contrarrevolucionarias de aislados grupos de vendepatrias y acusarlo después porque se defiende.
Si no existiera la Ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica contra Cuba, encaminadas a quebrantar el orden interno y desestabilizar el país y liquidar el Estado socialista y la independencia de Cuba, no sería necesaria la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba. Solo reconociendo que son excepcionales las condiciones en que se desenvuelve nuestra realidad, y que ninguna nación en la historia ha debido soportar la más obstinada agresión de un vecino poderoso y voraz, es que se pueden comprender los acontecimientos que tienen lugar en nuestro país. Entiéndase que la guerra emprendida por Estados Unidos y sus servidores anexionistas contra Cuba es una sola. No hay compartimentos estancos. Guerra sicológica, bombas, sedición, propaganda, todo vale y todo lo utilizan. Las caras son muchas, el propósito uno solo.
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