En busca de atención

A veces, es cuestión de desconocimiento. La persona lleva (envía) su queja a cuanto organismo considera capaz de darle respuesta, sin saber si la solución de su problema, o al menos la tramitación, forma parte de las competencias de alguno. En ese ir y venir se desorienta, se desanima, pierde, en definitiva, su tiempo. Y a esas alturas, el responsable de atenderla no conoce aún sobre el asunto.

En otras oportunidades, no tan esporádicas lamentablemente, la cuestión es de necesidad, más allá de tratarse de un derecho, de un principio constitucional. Necesidad de ser atendido, de recibir, como mínimo, una respuesta digna. En estos casos (que son los más preocupantes), la persona sí tocó antes la puerta correcta y puso al tanto a los indicados; pero encontró oídos sordos como tapias.

Con su problema a cuestas, con razón o no, la persona comienza entonces el recorrido inverso para decirle a todos (ahora no importan las competencias de cada cual).

Ya sea por desconocimiento o como consecuencia de la mala gestión de las instituciones y organismos correspondientes, a la Contraloría General de la República (CGR) llegan, según Viviane García Castro, contralora jefa de la Dirección de Atención a la Población, disímiles problemáticas que no se corresponden con sus atribuciones.

Amparada en la Ley No. 107, del 1ro. de agosto del 2009, «toda persona tiene derecho a poner en conocimiento de los órganos de la Contraloría General de la República, los actos de presunta corrupción administrativa u otras ilegalidades, así como el uso incorrecto de los recursos materiales y financieros públicos, que por cualquier motivo conozca», siempre con el deber de ser veraz, no alterar, ni tampoco simular la existencia de pruebas, en aras de inculpar a otras personas.

Y en virtud de la propia norma, «la atención a la población se ofrece todos los días hábiles y en horas laborables (8:30 a.m. a 4:30 p.m.), en un local con privacidad adecuada».

Por tanto, es facultad de la CGR, subraya García Castro, la tramitación e investigación de denuncias sobre actos de presunta corrupción administrativa u otras ilegalidades vinculadas con el uso incorrecto de los recursos del Estado.

Los planteamientos, añade, se reciben por escrito o personalmente, identificados o anónimos. Es vital, en su opinión, que la población conozca que en todas las Contralorías Provinciales existe un departamento de Atención a la Población, al cual pueden dirigirse.

Cuando el asunto no es competencia de la Contraloría, señala, este se traslada definitivamente a la autoridad facultada que corresponda; y si se trata de un promovente identificado, se le hace saber por escrito y se le orienta al respecto.

Es importante resaltar, a su juicio, que «los casos relacionados con inconformidades motivadas por sanciones administrativas o laborales, inejecución de sentencias firmes de tribunales, así como litigios derivados de problemas de convivencia, propiedad de inmuebles o de tierra, no le corresponde a la CGR su investigación o determinación».

Explica que a partir del análisis de los temas denunciados (nivel de personas implicadas, repercusión económica, política o social) la CGR determina qué se investiga directamente por sus unidades organizativas o qué traslada bajo control y supervisión a otros órganos, organismos, organizaciones e instituciones, lo cual se informa al promovente identificado y se mantiene el chequeo del asunto hasta su solución o respuesta definitiva.

En este sentido, Viviane García insiste en que los procesos deben ser correctamente atendidos, desde la investigación del asunto hasta la información de los resultados.

También enfatiza en el buen funcionamiento de las administraciones y en la actualización de los planes de prevención de acuerdo con las investigaciones, pues estas alertan sobre ilegalidades, malos manejos de recursos…

Entre los temas más denunciados, menciona «las inconformidades con la actuación de funcionarios de la Vivienda y Planificación Física. Además, se cuestiona el enfrentamiento a las ilegalidades en ese sector, la falsificación de documentos, entre otros tópicos.

El descontrol administrativo y contable, traducido en desvío de recursos, con mayor énfasis en inventarios y combustible, así como efectivo de nóminas, resulta otra irregularidad referida por la población.  

Los planteamientos alertan también sobre inadecuados métodos de dirección de algunos funcionarios, muestran insatisfacción con medidas disciplinarias aplicadas, procesos hereditarios sobre tierras y peticiones de usufructo agrario. Asimismo, son recibidas varias solicitudes de revisión de sentencias judiciales.

En correspondencia con estos asuntos, reconoce García Castro, los sectores más denunciados en la totalidad de los territorios son: vivienda, planificación física, comercio y gastronomía, mientras que en la subordinación nacional el Ministerio de la Agricultura es el más señalado.

De las investigaciones que resultan con razón o razón en parte, se han identificado un grupo de causas y condiciones que no por conocidas han logrado resolverse.

Viviane García enumera la pérdida de valores éticos en algunos cuadros, dirigentes y funcionarios; inobservancia de la legislación vigente, debilidades en la implementación de los sistemas de control interno, falta de fiscalización y control por parte de los niveles superiores, y en ocasiones no se presta la debida atención a las denuncias ni siempre es oportuna y clara la información ofrecida a los trabajadores.