ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

«El adecuado conocimiento del Derecho Laboral, al menos en su contenido esencial, se inscribe dentro de las deudas que en materia de cultura jurídica es acreedora la sociedad cubana, particularmente los trabajadores y los empleadores».

Vivian Aguilar Pascaud, presidenta de la sala de lo Laboral del Tribunal Supremo Popular (TSP), acompaña la frase de otra reflexión, quizá más importante, que señala «cómo han de marchar mancomunadas la responsabilidad institucional y la de los empleadores y organizaciones sindicales en desarrollar estrategias, a lo interno de las entidades, que faciliten la educación económica y jurídica de sus trabajadores y directivos, y coadyuven a un mayor respeto y acatamiento del orden laboral».

Esta rama del Derecho, desde su origen allá por la Revolución Industrial, ha ido evolucionando paulatinamente. En Cuba, explica Aguilar Pascaud, se nutre de determinadas instituciones y categorías propias como empleo, salario, descanso, vacaciones anuales pagadas, disciplina laboral, seguridad social, seguridad y salud del trabajo, capacitación, entre otras.

Además, se sustenta en postulados constitucionales que refrendan los deberes y derechos de los trabajadores y que han sido acogidos por el Código del Trabajo.

Justamente la Ley 116, del 20 de diciembre del 2013, Código del Trabajo, vino a atemperar, a su juicio, el contenido de estas categorías a las actuales condiciones, en las que esta disciplina adquiere mayor significación, pues es en los colectivos laborales donde deben concretarse las transformaciones económicas emprendidas.

De acuerdo con la también vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Laboral y Seguridad Social, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, existen vías extrajudiciales para dirimir los conflictos laborales que, en algunos casos, en ellas se agota el conocimiento de la controversia, mientras que en otros constituye una condición previa al acceso al ámbito judicial. Hablamos de las vías administrativa, del arbitraje y del Órgano de Justicia Laboral.

En Cuba, asegura, son comunes los conflictos individuales y colectivos. Los primeros son el resultado de la exigencia al trabajador de responsabilidad disciplinaria, material y de la reclamación de algunos de los derechos del trabajo; los segundos se derivan del proceso de elaboración, aprobación, aplicación y modificación de los convenios colectivos de trabajo.

El sistema de justicia, añade, prevé un procedimiento para la solución de tales desavenencias en la inmensa mayoría de los centros laborales del país, que establece la intervención previa y obligada de un órgano prejudicial –Órgano de Justicia Laboral (OJL)–, el cual se crea a nivel de las entidades que tienen como mínimo una plantilla de 50 trabajadores.

Refiere que a dicho órgano el trabajador puede acceder, mediante reclamación escrita o verbal, para combatir la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias establecidas en la ley, o para exigir alguno de los derechos laborales que le son reconocidos legalmente. Ello puede realizarlo dentro de los términos de los siete días hábiles siguientes al de la notificación del correctivo, y de los 180 días naturales posteriores al del conocimiento de la vulneración del derecho reclamado.

«Estos órganos, en casos específicos donde se ventilan conflictos originados con motivo de la aplicación de medidas disciplinarias que no modifican, de manera definitiva, el estatus del trabajador (amonestación pública, multa de hasta el 25 % del salario y traslado a otra plaza de características diferentes por el término de hasta un año, con derecho a reintegrarse a la anterior), constituyen la primera y única instancia. Y contra lo resuelto no cabe reclamación alguna, ni en lo administrativo ni en lo judicial», sostiene Aguilar Pascaud.

En cambio, agrega, cuando el asunto se deriva de la aplicación de medidas disciplinarias que sí modifican definitivamente la situación del trabajador (separación definitiva de la entidad y traslado a otra plaza con características diferentes y pérdida de la anterior), o está vinculado a la reclamación de derechos laborales, constituyen la primera y obligada instancia para acceder a la vía judicial.

Ante la inconformidad con estas decisiones –las que la ley franquea el acceso a la vía judicial– cualquiera de las partes, trabajador y empleador, puntualiza Vivian Aguilar, puede presentar su desacuerdo, de manera escrita o verbal, ante el OJL dentro del término de diez días hábiles, siguientes al de la notificación del acuerdo adoptado por dicho órgano.

Luego, atañe a este elevar la demanda, dentro de las 72 horas posteriores a su presentación, al Tribunal Municipal Popular correspondiente. Allí, apunta Aguilar Pascaud, la solicitud puede ser admitida o denegada, en este último caso, si su presentación ante el Órgano ocurrió fuera de tiempo, si quien demanda no está legitimado, o si el conocimiento de la cuestión litigada no está confiado a los tribunales.

Sobre lo que acontece una vez reconocida la demanda en sede judicial, las posibilidades o no de apelación, los conflictos que involucran al sector privado y el actuar de la Sala de lo Laboral del TSP, ampliaremos en la próxima entrega.

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org dijo:

16

14 de junio de 2017

17:27:49


Opinión (2) el objetivo de limitar los casos en los que procede recurrir al Tribunal Municipal es evitar que casos que puedan ser resuelto en la propia entidad laboral lleguen a los tribunales. Ahora bien ello no significa afectación para el trabajador o la administración. Conforme a lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Trabajo establece que Los órganos que solucionan los conflictos de trabajo no pueden adoptar decisiones que impliquen violación de la legalidad, renuncia o modificación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores. Aún así puede darse casos de fallos no ajustado a derecho, ya sea por desconocimiento del Órgano de Justicia, violación del procedimiento, por amiguismo, enemistad u otra causa. Para estos casos la legislación ha establecido el correspondiente remedio procesal. a ello el Reglamento de Código de Trabajo dedica una sección , estableciendo la posibilidad de “Anulación de las decisiones no ajustadas a la ley adoptadas por los órganos de Justicia Laboral” ARTÍCULO 216.- En correspondencia con lo establecido en el artículo 177 del Código de Trabajo, las decisiones firmes de los órganos de Justicia Laboral pueden anularse por el Director de Trabajo, en los niveles municipales o provinciales o por la Fiscalía de cualquier nivel, a partir de la solicitud fundamentada de la parte que se considere afectada, dentro de los noventa (90) días naturales siguientes a la fecha en que las decisiones ganaron firmeza. Esta facultad no puede ser ejercida para adecuar la medida disciplinaria, ni por cuestiones de apreciación. ARTÍCULO 217.- Para cumplimentar lo señalado en los artículos anteriores, los órganos de Justicia Laboral efectúan una nueva comparecencia con la presencia de las partes involucradas, salvo en los casos en que por la naturaleza de la norma, procedimiento o disposición legal quebrantada, no se requiere celebrar, a partir del pronunciamiento de la autoridad que anula la decisión. Contra la nueva decisión del Órgano, puede establecerse en los casos previstos, reclamación ante el Tribunal Municipal Popular correspondiente en los términos establecidos. Saludos Osvaldo.

org dijo:

17

14 de junio de 2017

17:36:36


El incisivo. Bueno ya hay experiencias sobre la cantidad de casos que recurrían al tribunal, cuando podía reclamarse ante ese órganos por inconformidad con la aplicación de una amonestación, el número de expediente radicados era muy superior a al actual. Aunque tampoco hay que ver la amonestación como algo insignificantes. Para ponerte un ejemplo la afectación económica que esta puede causar en ocasión es muy grande. En el caso de la pesca cuando se le aplica esta medida a un pescador la afectación fácilmente puede llegar a los 10 000 pesos, ya que la amonestación de hecho da lugar a la perdida de la estimulación en CUC, así que si ese mes había ganado 400 CUC lo perdió. saludos Osvaldo.

Jose dijo:

18

14 de agosto de 2017

16:11:26


La ley 116 deja desamparada a la administracion en el caso que esta desee reclamar alguna decison del Tribunal Municipal Laboral ante la sala de lo laboral del Tribunal Supremo Popular pues la misma contempla solo la medida de separacion definitiva de la entidad, (se quedan fuera de toda legislacion la medida de la separacion definitiva del sector y el traslado a otra plaza con caracteristicas diferentes y perdida de la anterior ) es una fisura de la ley a mi modesta manera de entenderla.Hace poco participe en un juicio laboral, que todavia el personal juridico habla de OJLB y no OJL, pero ademas la ley es clara cuando establece que las medidas administrativas no tienen nada que ver con las medidas de la ley penal, que se encuentran por separado y para mi sorpresa el tribunal laboral decidio dejar sin lugar la decision del OJL porque la administracion no tenia una prueba penal del hecho en el que incurrio el trabajador ¿Sinceramente, no entendi nada?. ¿Ayudamos a combatir el delito o lo fomentamos?. Por cierto si alguien me puede ayudar con esta duda, por favor que lo haga. Muchas Gracias. Considero ademas una explicacion muy certera por parte de la Dra Vivian Aguilar Pascaud y la periodista Yudy Castro.

lisandro facundo dijo:

19

26 de septiembre de 2017

07:27:59


quisiera saber si aun son vigentes los convenios individual y colectivos de trabajadores, y como y cuando se elabaran,gracias.

Alejandro Santana dijo:

20

26 de marzo de 2018

15:18:50


Está muy bueno el tema, los trabajadores tienen derecho a conocer con mayor profundidad sus derechos a la hora que sean objeto de medida disciplinaria o por mayor derecho,ademas conocen de las obligaciones que tien el OJLB y su proceder y a la instancia que deben dirigirse en caso de inconformidad con su reclamación, soy presidente de un OJLB desde hace varios años y creo que es imprtante que nuestra población conozca y amplie sus conociminetos en es materia. respeto la opinión de todos y soy del criterio que el principal deber de un miembro del OJLB es ser transparente e imparcial, quien no la debe no la teme, cuando se asume ser miembro del OJLB hay que saber todo lo que le acompaña, las administraciones en ocasiones hacen cosas injustas o por desconocimiento aplican mal la Ley y pueden hasta tratar de intimidar. Si somos honestos y consecuentes con nostros mismos no hay nada que temer, esos son los verdaderos valores que nos unen