ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Lo justo, no es, a veces, coherente con las percepciones que sobre ello tenemos. La inconformidad ante el fallo de un tribunal puede limitarnos para ver más allá de intereses propios. Lo justo, entonces, no estriba en determinados niveles de anuencia. Lo justo se sustenta, en esos casos, en la posibilidad de recurrir la sentencia, en someterla a otros análisis.  

Y en total apego a la justicia, la Ley establece el derecho de impugnación de cualquier veredicto, antes de que este se haga firme. Si se trata de una decisión de un Tribunal Mu­ni­ci­pal, procede el recurso de apelación; si corresponde al veredicto de un Tribunal Provincial Popular (TPP), pues aplica el recurso de casación.

Precisamente, representar los intereses de los clientes en todos los recursos de casación establecidos en los disímiles bufetes del país, constituye la razón de ser del Bufete Especializado en Recursos de Casación (BEC), único de su tipo, perteneciente a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y ubicado en la capital.

De acuerdo con su directora, Ana Isabel Zamora Sorí, el BEC recibe al año más de 3 000 asuntos en todas las materias del Derecho: civil, administrativa, económica, laboral y penal, y en esta última, tanto la jurisdicción civil como militar.

Cuando se establece un recurso de casación, explica, este se interpone ante la Sala de la especialidad correspondiente del TPP. Los abogados del BEC (laboran ocho), en tanto, dan continuidad, ante el Tribunal Supremo Popular (TSP), a la tramitación del asunto que inició el abogado de la provincia donde tuvo origen la contratación del servicio. Vale decir que por este trámite la persona no debe pagar nuevos honorarios.

Las sentencias en materia civil, comenta, tienen un plazo de cinco días hábiles para ser recurridas, a partir del día siguiente de la notificación. Las penales, en cambio, cuentan con un término de diez días hábiles. Pasado ese periodo, se entiende que las partes están de acuerdo con la decisión judicial.

Recalca que después de contratado el servicio de un abogado para establecer un recurso de casación, es responsabilidad de este, sea cual sea el territorio, trasladar, de manera inmediata, la documentación e información al BEC.

«En el caso de la materia civil, cuando las personas recurren, hay un término de diez días para, una vez emplazado por el tribunal de la provincia, personarse en el TSP para sostener el recurso o ampliarlo (alegar nuevas razones). Una vez allí, se hace un estudio del caso, se señala la vista, o no, y se espera por la notificación de la sentencia», puntualiza Zamora Sorí.

La mayor demora estriba, a su juicio, en la preparación de los documentos en las provincias. No obstante, asegura que Cuba es uno de los países de menores términos para resolver casaciones y procesos, si bien ello no puede llevarnos a justificar dilaciones, pues según la máxima martiana: «una justicia demorada, se vuelve contra sí».

Respecto a las reiteradas insatisfacciones de la población ante la imposibilidad de contactar con el BEC para conocer sobre la tramitación de sus asuntos, Ana Isabel insiste en que «la comunicación debe transcurrir a través de los abogados que llevan los casos, tanto el de la provincia como el de aquí, entre quienes no siempre existe el vínculo suficiente».

Zamora Sorí llama la atención, además, sobre algunas irregularidades que, por obra del desconocimiento, infringen molestias a la ciudadanía. Erróneamente, muchos departamentos de Atención a la Población remiten a los ciudadanos al BEC cuando estos pretenden un proceso de revisión en materia civil y administrativa, el cual tiene carácter excepcional, y está sujeto a un sistema de causales en Ley muy rígido.

Lo correcto, expone, «es contratar ese servicio con un abogado que pueda acceder a la causa. Para la elaboración de la demanda, sin embargo, este profesional puede solicitar nuestro asesoramiento. Y una vez confeccionada se envía hasta aquí. Luego, la presentación de los documentos ante el TSP y el seguimiento a esa solicitud de revisión sí es competencia del BEC».

El mayor riesgo, dice, es que las revisiones tienen un plazo fijado en Ley (en correspondencia con las causales por las cuales fueron solicitadas), que una vez consumido caduca el derecho y el ciudadano no lo puede ejercer.

También merecen un examen exhaustivo, en su opinión, las problemáticas con la calidad técnica de los asuntos que llegan al BEC. De ello, dice, no escapa ninguna provincia. De ahí la urgencia de superación en temas de casación para todos los bufetes del país. Hoy no existe, por lo general, personal especializado para atender estos asuntos en los territorios.

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Marlene Azor dijo:

1

19 de enero de 2017

10:26:02


El sentido de esta institución se puede comprender cuando digan cuántas apelaciones han sido gestionadas y cuántas han servido a los ciudadanos.De lo contrario es otra institución burocratizada que no resuelve nada.

Roberto Leòn dijo:

2

19 de enero de 2017

11:49:26


Todo eso està muy bien razonado y se corresponde con la ley, no obstante quedan resquisios por donde se escapa la legalidad en detrimento de la justicia. Lo hablo por experiencia propia y si alguna autoridad desea conocer mi caso, estoy en la mejor disposiciòn de contàrselo. No pierdo el tiempo en comentarlo aquì porque el proceso en que he estado involucrado durante casi 5 años, ha afectado a toda la familia a pesar de haber agotado todas las posibilidades que me da la ley y no he logrado que se haga justicia. Nunca salen los pocos comentarios que me he molestado en hacer. Puedo ser localizado por mi correo y en el Tel: 43523166 despuès de las 5 de la tarde. en mi centro de trabajo al 43543411, vivo en Cienfuegos: Calle 65, Edificio 27, Apto 23. Pueblo grifo

René dijo:

3

19 de enero de 2017

12:34:40


Yo soy abogado y todo lo que se dice en el escrito es cierto, pero hay cosas en la ley que impiden o hacen muy dificil establecer un recurso de casación, por ejemplo: Un abogado está inconforme con la sentencia en materia económica, dictada por el Tribunal Provincial de Guantanamo o de otra provincia alejada de la capital y decide presentar el Recurso de Casación; lo hace y lo presenta en el tribunal de su provincia, cuando el tribunal lo notifica, le da 10 días para que se persone en el Tribunal Supremo Popular (en La Habana) a sostener el recurso. El abogado, en cuestión, que ya interpuso el recurso, o sea ya lo decidió y no tiene nada que ampliar ni solicita vista, tiene que hacer un viaje desde su provincia hasta el TSP en La Habana a entregar un escrito diciendo que sostiene el recurso; no entiendo por qué, si ya lo interpuse por qué tengo ahora que mantenerlo, si es lógico que si lo interpuse es para mantenerlo. Alguien se ha puesto a pensar lo que le significa a un abogado de provincia, ir a La Habana a entregar en el TSP un papelito, cuánto gasto personal y para la entidad que representa, son cosas que no se entienden, al igual que si es parte no recurrente, para contestar el recurso de casación, tiene que ser en el TSP, eso no podrá hacerse a través del propio tribunal que dictó la sentencia contra la cual se presentó el recurso, de todas maneras ese tribunal tiene que enviar el expediente para el Supremo, hay que pensar que para los que vivimos, como yo, no tan lejos, en Ciego, ir a La Habana a eso nada más no es muy factible, igualito la sentencia de casación puede ser notificada a las partes en sus provincias a través del tribunal provincial. Son cosas que aunque están legisladas en la LPCALE no son viables. gracias.

Alfredo Enrique Blanco Rebustillo. dijo:

4

20 de enero de 2017

11:34:06


"Hoy no existe, por lo general, personal especializado para atender estos asuntos en los territorios". Cualquier abogado que haya leído este comentario no puede menos que estar asombrado. Sin pretender sabiduría ni excelsos conocimientos en sede de casación, sí denoto los esfuerzos que la Organización Nacional de Bufetes Colectivos realiza en aras de garantizar la superación de sus profesionales. Tal es así, que muchos de los abogados que hoy ejercen la abogacía en "los territorios" han transitado por el BEC en pasantías que duran seis (6) meses, únicamente con el objetivo de adquirir especialización en materia de casación y garantizar la debida "calidad técnica" en este tipo de asuntos. En "los territorios", insisto, hay brillantes profesionales, si bien no sobreabundan, tampoco son tan pocos como para que se concluya que "no existen", capaces de asumir la tramitación de un recurso de casación en cualesquiera de las materias pertinentes con esmerada calidad. Muchos factores atentan contra la buena marcha del trabajo de un abogado hoy en Cuba, pero la incapacidad no es uno de ellos. La compañera Ana Isabel Zamora Sorí ha aplicado un baremo o juicio muy estricto a los abogados miembros de su propia Organización. No es lo mismo ser autocrítico que destructivo.

Liván La O Respondió:


24 de febrero de 2017

13:00:16

Soy abogado y coincido plenamente con su criterio Sr. Alfredo. No todos los que trabajan en La Habana en tan encumbradas oficinas, poseen los debidos conocimientos para ello. Es práctica habitual desdeñar a los del interior cuando de sobras es conocido que en todas las esferas económico sociales del país, existen personas en el interior, que con muchísimo esfuerzo, sacrificio y dedicación tienen mayor preparación que los de la capital y constamente se les aparta de experiencias novedosas.

Antonio dijo:

5

18 de abril de 2017

11:58:19


Yo no entendí bien, no soy abogado, pero la solicitud de casación de mi sobrino la presentamos en el tribunal provincial para que fuera enviada al TSP. Me llama la atención que el tribunal provincial es el mismo que dictó sentencia contra mi sobrino y la solicitud de casación va en contra de la sentencia del tribunal de instancia y se presenta precisamente en dicho tribunal, incluso la de mi sobrino es casi acusatoria contra el tribunal y contra el proceso en general por calificar como delitos a hechos que no lo son, de cualquier manera y a pesar de todo el TSP creyó que no era necesaria la vista y desestimó la solicitud ratificando la sentencia. Mi preocupación respecto a esto es que pudimos notar que existen contradicciones muy claras entre la sentencia del tribunal provincial y la del supremo y como es lógico me asaltan muchas dudas sobre qué pudo haber sucedido para que existieran las mencionadas contradicciones, no puedo explicar aquí los detalles de este caso, pero si alguien se interesa en apoyarme este es mi correo: tony.alberto.reyes@gmail.com