ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

La presentación de un documento que acredite la tenencia o no de antecedentes penales no constituye un requisito imprescindible para la contratación de cualquier trabajador. En virtud de la Resolución Conjunta No. 1 del 2001, de los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Seguridad Social, dicha certificación solo es necesaria para algunas categorías ocupacionales.

Exigirla a todos y en todos los lugares resulta irracional y contradice la norma. Sin embargo, «se aprecia una solicitud excesiva de certificaciones de antecedentes penales para trámites laborales», según expresa, en diálogo con Granma, Yudit Nápoles la O, directora del Registro Central de Sancionados.

Además, insiste Alain Aboy Echeverría, especialista principal de la Ofi­cina Provincial de Antecedentes Penales y Cancelación de La Habana, muchos organismos confunden los an­­tecedentes con el registro policial, y sobre esa base rechazan a determinados empleados, actuar totalmente incorrecto que coarta la plena reinserción de los ciudadanos a la sociedad.

Pero antes de seguir el intercambio, Nápoles la O prefiere retomar algunos conceptos devenidos plataforma para cualquier planteamiento posterior. Comenta, en ese sentido, que el Registro que dirige, perteneciente al Ministerio de Justicia, es la entidad encargada de realizar tres funciones primordiales: inscribir, certificar y can­celar los antecedentes penales. Tam­bién pueden subsanarse, siempre que el ciudadano aporte la certificación de sentencia.

El antecedente penal, agrega, «es el que se crea a través de una sentencia firme dictada por el sistema de tribunales, que incluye las sanciones privativas de libertad y las subsidiarias, excepto las multas inferiores a las 200 cuotas y la amonestación. Las demás condenas crean antecedentes penales».

De acuerdo con Nápoles la O, existen cinco categorías de antecedentes. La certificación nacional personal es, a su juicio, la que motiva mayor interés, cuya solicitud, como lo indica su nombre, es personal y solo requiere la presentación del carné de identidad y un sello de timbre de cinco pesos. Y debe tramitarse en las oficinas habilitadas para ello (al menos una) en cada provincia del país.

«En un término de 72 horas hábiles debe ocurrir la entrega», señala, mientras reconoce que «si bien esos plazos se cumplen en la capital, al interior del país existen demoras».

La vigencia de las certificaciones, apenas por seis meses, resulta otro tema controversial. No obstante, adelanta que, como parte del proceso de perfeccionamiento del Registro, se ha propuesto extender el plazo hasta un año.

En cuanto a la cancelación de los antecedentes, enumera tres tipologías: de oficio, a instancias de parte y extraordinaria.

La primera compete a la dirección del Registro Central y las restantes a la Ministra de Justicia.

Todos los antecedentes se cancelan, subraya, salvo las prohibiciones que la ley determina. Pero cada caso exige un procedimiento para verificar si a la persona le corresponde, en derecho, la cancelación.

Este procedimiento, de oficio, resulta aplicable cuando la persona arriba a los 70 años de edad y no está cumpliendo sanción; por fallecimiento; por indulto siempre que la disposición que lo establezca así lo disponga expresamente; a los diez años de cumplida la sanción de manera efectiva sea cual fuere, y en el caso de la pena subsidiaria, una vez consumada esta de modo positivo.

Y para su solicitud es preciso presentar, aclara, las certificaciones de antecedentes penales y de sentencia, así como los documentos que acrediten el pago de la responsabilidad civil y la inexistencia de deudas tributarias o multas pendientes.

En el caso de la cancelación a instancia de parte, se demandan los mismos documentos y se adicionan otros que demuestren que la persona, vencido el término (ver información en la cabeza de la página) que la ley establece para promover un proceso de este tipo, está integrado de manera útil a la sociedad. De incumplirse alguno de estos requisitos, la solicitud es denegada.

Respecto a la cancelación extraordinaria, ocurre de modo excepcional, aun cuando la persona no cumpla con el tiempo previsto para la solicitud a instancia de parte, pero posea un comportamiento, significativamente, loable.

Sobre el tiempo de duración del proceso, diana preferida de los cuestionamientos, Alain Aboy señala que puede extenderse hasta seis meses, aunque los plazos oficiales no están concebidos en ninguna disposición. Por ello, en el nuevo reglamento de Registro, el cual deberá ver la luz en los primeros meses del 2017, se propone un término máximo de 120 días.

Hasta el 20 de diciembre se habían realizado en todo el país, 1 030 cancelaciones a instancias de parte, 5 747 de oficio y se habían expedido 410 045 certificaciones de antecedentes penales.

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sergio dijo:

1

5 de enero de 2017

08:07:12


Aprovecho para hacer una crítica sobre algo q aunque no se relaciona del todo con este artículo por su carácter discriminatorio y excluyente lasera el carácter inclusivo de nuestra sociedad y el derecho mismo de todo ciudadano en nuestro país , y se relaciona con aquéllo de que para laborar en una provincia en la cual usted no posee dirección debe tener esta condición de lo contrario no se le otorga trabajo

Yanet Respondió:


1 de junio de 2017

09:44:24

Sergio en la práctica es cierto que las administraciones al contratar hacen estas observaciones, sin embargo ese proceder no tiene respaldo legal; en La Habana existen limitaciones en cuanto a la residencia, el carné de identidad, para de alguna forma limitar la migración hacia la capital, sin embargo fue derogada la legislación que establecía la prohibición de contratar aquellas personas que no tenían dirección de la provincia, le recomiendo se asesore en base a la Resolución 9/97 del MTSS, DL 268/09 que está en la GO extraordinaria 22/09. Espero se esclarezca

Marlene Azor dijo:

2

5 de enero de 2017

08:44:37


¿Cuáles son las categorías ocupacionales que necesitan presentar antecedentes penales?

Eloy dijo:

3

5 de enero de 2017

10:33:43


Quisiera que Yudit Nápoles la O me aclare por que hay q esperar una semana para recibir la certificacion los antecedentes cuando esa informacion esta automatizada y se puede imprimir AL MOMENTO como pude comprobar recientemente???

El Guia dijo:

4

6 de enero de 2017

07:37:43


Si existe la Resolución Conjunta No. 1 del 2001, de los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Seguridad Social, y dicha certificación solo es necesaria para algunas categorías ocupacionales, entonces por qué se insiste tanto y se exige tanto en portar los antecedentes penales en vistas de comenzar un nuevo empleo? Si tanto molesta y no es necesario para todas las categorías ocupacionales, por qué no se hace una Mesa Redonda al respecto, y todo queda aclarado para la población y los contratistas? Hasta tanto no se informe correctamante a TODOS los cubanos al respecto, se seguirá exigiendo este documento innecesariamente en algunos centros centros laborales; tampoco sabemos es qué centros son necesarios y cuáles no.

Ysrael A. Martinez Castellón dijo:

5

21 de abril de 2017

16:49:31


Muy bueno el articulo, en mi opinion, existen leyes que se divulgan poco y los ciudadanos no conocemos, siempre es bueno saber. Ysrael.

aquirino Segura Alayo Respondió:


19 de junio de 2017

11:06:33

Estoy muy de acuerdcon todo lo expresado por ladirectora del registro de sancionados, aprovecho para agradecer el trato amble, profesional y respetuoso que muestran los trabajadores de la oficina de la Habana, aprovecho para dar mi criterio con respectoal tema. Negar empleo a un trabajador por poseer un antecedente penal es negar la calidad y la veracidad de nuestro sistema de reeducación de un sancionado, en este país cualquier ciudadano puede por desconocimiento, por negligenete, por confiado o por colateral e incluso por ser un delincuente puede acreditarse un antecedente penal y eso no puede limitarlo a reincertarse a la sociedad, los directivos que no aceptan a un ciudadano porque posee un antecedente penal niega que este es el verdadero país de las oportunidades. Quiero introducir un tema que toca ligeramente la directora del registro de antecedentes me refiero a los registros policiales. es mucho peor, porque ese es un registro que todos sabemos como se te incluye un antecedente policial. Con una simple denuncia contra una persona es suficiente para que quede marcado y eso no se borra con eltiempo, ni de oficio ni extraordinariamente y de eso las administraciones hacen maravillas. conozco de casos que no poseen antecedentes penales y si tiene antecedentes policiales por los cuales no fuero ni sancionados y lo han sacado de los trabajos, loshan despojados de sus derechos como trabajdor y en algunos casos como cuadro y eso es mucho peor y más injusto. En mi centro laboral han ocurrido muchos hechos delictivos y nunca ha estado involucrado al menos que sea público un trabajador con antecedentes penales, casi siempre es aquel que tiene acceso a los recursos y aquellos que poseen camisa mangas largas, que andan de cuello y corbata. me informaron que hasta una fecha X se podían cancelar los antecedentes policiales, pero que nuevamente se extinguen coon la muerte, me gustaría que si alguien conoce d esto al respecto me aclare.