ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

Para algunos podría parecer innecesario vol­­ver la mirada sobre las competencias de un órgano que lleva a cuestas 43 años de labor y cu­ya esencia, más allá de procedimientos me­jorados o alguna que otra responsabilidad añadida, no ha variado un ápice. Sin embargo, son disímiles las personas que aún desconocen el alcance o el ámbito de ac­ción de la Fiscalía G­e­neral de la República (FGR), la subestiman o la magnifican, y en definitiva, equivocan el rumbo a la hora de dirigir sus reclamaciones.

Velar por la legalidad socialista, atender y tramitar las quejas o denuncias de los ciudadanos sobre presuntas violaciones de sus derechos, así como controlar el restablecimiento de lo que­­brantado, constituyen los objetivos de tra­bajo de la FGR, de acuerdo con Raquel Ro­dríguez Fra­ga, fiscal jefa de la dirección de Protección a los De­rechos Ciudadanos.

Desde el 2012, rememoró, inició un proceso de perfeccionamiento del sistema de atención a los ciudadanos, el cual ha dado mayor visibilidad al órgano, ha permitido la modificación de algunos métodos y ha incidido en el aumento de las personas atendidas, las cuales ascendieron, en el 2015, a 113 334.

También ha traído consigo la ampliación de las vías de atención a los ciudadanos, quienes pueden acercarse a la FGR ya sea a través de sus dependencias municipales, provinciales o el ór­gano central; por vía telefónica, correo postal, electrónico, o mediante el portal web www.fgr.cu.

Respecto a la vía telefónica, la fiscal comentó sobre la habilitación de la línea única (0802 12345). “Si usted marca ese número de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. se comunica con la fiscalía provincial del territorio donde se realice la llamada.

Después de ese horario todas las llamadas se reciben en el órgano central, que durante el día también atiende a la población por los números: 72069073, 72069077 y 72069088.

Según Rodríguez Fraga, las problemáticas más abordadas guardan relación con trámites de la vivienda, ya sea derechos sobre inmuebles, dilaciones en los procedimientos o incumplimientos de resoluciones firmes. Le sigue la ma­teria penal:

inconformidades con decisiones procesales como las medidas cautelares o fallos judiciales. Y en menor grado, aparecen los te­mas laborales, vinculados con la aplicación de medidas disciplinarias y decisiones administrativas.

También son usuales, sin embargo, las reclamaciones referidas a asuntos que aún se en­cuentran en medio de procesos administrativos o judiciales. Explicó Raquel Rodríguez que co­rresponde la actuación del fiscal cuando exista la violación de la legalidad o el menoscabo de algún derecho, luego de agotadas las vías legales establecidas para apelar o reclamar ante el organismo o entidad en cuestión.

No obstante, puede solicitarse el accionar de la Fiscalía, aunque se trate de una diligencia in­conclusa, cuando la persona alegue maltrato o dilación, al haberse rebasado los términos establecidos, quejas muy comunes que atañen a las instancias de vivienda.

De igual modo, agregó Rodríguez Fraga, re­sulta recomendable que los ciudadanos, si bien pueden ser atendidos en cualquier dependencia de la Fiscalía a lo largo y ancho del país, concurran en primer lugar a la oficina de su territorio, pues allí puede ser más expedita la solución.

Ciertamente, reconoció, los niveles de satisfacción de las personas, más allá de la actuación del fiscal, de lo correcto o lo justo, mucho tienen que ver con la parte que sea la persona en un proceso: la víctima o el victimario. Pero más allá de toda subjetividad o apreciación individual, es menester del órgano que representa velar porque se cumpla lo establecido, que no existan menoscabos a los derechos ciudadanos ni se quebrante la legalidad, que la persona esté orientada e informada.

Respecto a la tramitación de las quejas, ma­nifestó que “tenemos varias maneras de actuar: si detectamos que existió una trasgresión de la ley, nos pronunciamos mediante una resolución o accionamos para la solución inmediata del problema con la entidad pertinente. Cuando eso no es así, orientamos en el orden jurídico a las personas, porque debemos asegurarnos de que se­pan a qué lugar deben dirigirse y qué trámites realizar para resolver sus problemas”.

Y sobre los plazos, aseguró que “la Ley establece que a partir del momento en que se recepciona el planteamiento, el fiscal tiene un término de hasta 60 días para ofrecer una respuesta. Pero la Resolución 2 del 2015 del Fiscal, en aras de lograr mayor agilidad en la tramitación, estableció que el 95% de los asuntos deben tramitarse en un periodo de 30 días, lo cual se ha venido cumpliendo”.

Pero además de los tiempos normados o procedimientos preestablecidos, vale aguzar, en pos de toda solución amigable, el sentido de lo humano y la sensibilidad de quien escucha, y la orientación y el conocimiento de todo aquel que pueda precisar atención.

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JOSE dijo:

1

4 de agosto de 2016

08:28:48


ES COMPRENSIBLE QUE SEAN "... disímiles las personas que aún desconocen el alcance o el ámbito de ac­ción de la Fiscalía G­e­neral de la República (FGR)" CUANDO LA DIVULGACIÓN Y LA EDUCACIÓN A LA CIUDADANÍA AL RESPECTO HA SIDO PRÁCTICAMENTE NULA. GRACIAS A TRABAJOS COMO ESTE SE VE UN RAYO DE LUZ ENTRE TANTA OSCURIDAD

alas dijo:

2

4 de agosto de 2016

08:30:30


Gracias por las atinadas aclaraciones. Asumimos estas responsabilidades con tremendo orgullo y compromiso y con la brújula siempre en el sur de nuestros ciudadanos.

Yaumara dijo:

3

4 de agosto de 2016

09:00:36


Con todo el respeto que merece la FGR, felicidades a los que se esmeran por poner en alto la legalidad socialista, pero solo pasando por un proceso penal, se da cuenta un cuidadano de que hasta esa en institución está presente el burocratismo y en ocasiones la falta de sencibilidad hacia las problemáticas que afectan a determinadas personas, falta de elementos y acomodamientos de EFP, dilataciones en trámites y mientras tanto, la persona ASEGURADA CON MEDIDA DE PRISON PREVENTIVA, que solo es sospechoso de un delito económico o de un accidente de tránsito, se encuentar en el mismo lugar que los delicuentes traficantes, criminales, no se preveen los riesgos, y para aceptar un cambio de medida no tienen en cuenta los argumentos de los abogados, los cuales presentan 3 veces la solicitud, y ésta solo procede cuando se va de témino las investigaciones, pues solo el fiscal determina. Creo que en nuestro país debemos ganar en tal sentido y si los elementos no son suficientes, la fiscalía no debía permitir que personas pararan 5-6 meses en prisión y luego de un juicio justo, ser declarado inocente y nada pasó, ese ciudadano pierde prestigio, y nadie se encarga de darle un seguimiento a su situación, aún queda mucho por andar y resolver en el largo camino que recorren los procesos en Cuba, Instrucción Penal - Fiscalía- Tibunal.

@pepetv dijo:

4

4 de agosto de 2016

09:57:20


En mi opinión y caso particular la FGR no cumple adecuadamente sus funciones, lo digo por experiencia propia. Cuando ofrecen respuesta de algo son respuestas vagas que no responden y en materia penitenciaria no exigen por que se cumpla la legalidad

ulises dijo:

5

4 de agosto de 2016

11:57:19


cierto que a veces se sobredimencionan las posibilidades de la FGR, pero tambien es cierto que en ocaciones se sucede que a la luz del derecho, se le otorga la razon al ODCE, a pesar de existir una incongruencia, por ejemplo se toma una desicion por parte del ODCE en virtud de una resolucion interna que solo la conocen los que trabajan en ese organismo,pero no es de conocimiento de la poblacion por no estar publicada en la Gaceta Oficial y se da como valida esa decision por parte de la FGR, entonces donde queda el articulo 77 de la constitucion de la republica que plantea que las leyes D-L, decretos, resoluciones, reglamentos y demas disposiciones se publican en la gaceta oficial de la republica